Comunicación

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Este sábado 25 de noviembre, se conmemora internacionalmente el día de la eliminación de todo tipo de violencia hacia la mujer.

En este marco de recordación, se convoca a la marcha Yo Marcho #25N en la plaza Italia (reivindicada como “Plaza de las Mujeres”), ubicada en 15 de Agosto y Dr. Rodríguez de Francia, a partir de las 16 horas. La marcha partirá desde las 18 con el recorrido por las calles céntricas de Asunción y culminará con un festival artístico en la Plaza de la Democracia.

Para más actividades se puede consultar al Paro Internacional de Mujeres - Paraguay

Jueves, 23 Noviembre 2017 13:38

El dinero que no ves

 

Dinero que grandes empresas internacionales mueven a paraísos fiscales para no tener que declararlo.

Dinero que podría destinarse a hospitales, escuelas y cooperación internacional.

Dinero que se podría invertir en ti.


La actual crisis de desigualdad global tiene un claro aliado en la figura de los paraísos fiscales. Estas jurisdicciones suponen el agujero negro de las oportunidades de desarrollo de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos 15 años, la inversión mundial hacia estos territorios se ha multiplicado por 4.

Ante ello, tanto gobiernos como organismos internacionales siguen optando por proponer soluciones tibias que no resuelven el problema. Es hora de que entiendan las graves consecuencias que los paraísos fiscales provocan en todo el mundo y pongan en marcha medidas contundentes para su desaparición.

Se puede acceder a una petición en línea de de esta campaña en: http://bit.ly/2jgyBJW

 

 

Fuente: Oxfam Intermón

 

El martes 21 de noviembre se realizó el lanzamiento de una campaña que busca sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres y posicionar la problemática en el país.

La campaña denominada  “Violencia Cero” es una iniciativa del  Ministerio de la Mujer y ONU Mujeres, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La misma busca sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres y posicionar la problemática en el país, dando especial atención a la difusión de la ley 5777/16, que entrará en vigencia desde el próximo 29 de diciembre.

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas a nivel mundial, que se presenta de numerosas maneras, especialmente las del tipo físico, sexual y psicológico.

Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud y tienen menos oportunidades de participar en la vida pública. La violencia contra las mujeres refuerza otros tipos de violencia presentes en la sociedad, afectando a las familias y a las comunidades.

La ley 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de Violencia”, promulgada el 27 de diciembre de 2016, implica una multiplicidad de estrategias y enfoques a fin de que el Estado haga efectivas las disposiciones constitucionales y tratados internacionales para la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a vivir una vida sin violencia.

Asimismo apuesta a un cambio de mentalidad, donde desde el seno familiar se rechace la violencia contra las mujeres, buscando una tolerancia cero y su absoluta erradicación.

En el marco de la campaña se incluirán la presentación de la obra teatral “Memorias de Retratos”, materiales de información y sensibilización en diversos formatos que se distribuirán a nivel nacional a través de instituciones, medios masivos de comunicación, vía pública y otras formas de difusión, informó el Ministerio de la Mujer.

Fuente: IP

Martes, 21 Noviembre 2017 15:19

El comercio electrónico y la OMC

A principios de la década de 1990, las empresas transnacionales (ETN) agrícolas, de servicios, farmacéuticas y manufactureras consiguieron acuerdos en la Organización Mundial del Comercio -OMC- en cada uno de esos sectores que les aseguraron el derecho a esas empresas de participar en los mercados en condiciones ventajosas, al mismo tiempo que la capacidad de los gobiernos de reglamentar y moldear sus economías se veía mermada y restringida.  Las materias acordadas reflejaban la agenda empresarial corporativa de ese momento.

Hoy las corporaciones empresariales más grandes de todas también están procurando asegurarse derechos y perpetuarlos a través de acuerdos comerciales, incluso en la OMC, que a su vez maniatan la reglamentación de interés público.  Pero ahora, las cinco empresas más grandes son todas de un mismo sector –el de tecnología–; y todas son de un solo país: Estados Unidos.  Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, con apoyo de otras empresas y los gobiernos de Japón, Canadá y la UE (y algunos países en desarrollo alineados con éstos), están intentando reinventar las normas de la economía digital del futuro tratando de obtener para ello un mandato dentro de la OMC[1] para negociar normas vinculantes rotuladas como de “comercio electrónico”.

Sin embargo, las normas que pretenden establecer abarcan mucho más que lo que la mayoría de nosotros entendemos por “comercio electrónico”.  Su primera prioridad es asegurarse el libre acceso al recurso más valioso hoy en día en el mundo: los datos, que son el nuevo petróleo.  Quieren que se les permita hacerse de los miles de millones de datos que producimos a diario como humanos interconectados digitalmente, trasladar o transferir esos datos a cualquier lugar que les plazca, y guardarlos en servidores en cualquier lugar de su elección, que en la mayoría de los casos es Estados Unidos.  Eso pondría en riesgo la privacidad y la protección de los datos en todo el mundo, dado que en Estados Unidos se carece de protección jurídica para los datos.

Después pueden procesar esos datos y transformarlos en inteligencia artificial que puede empacarse y venderse a terceros para obtener enormes ganancias, de manera semejante a las rentas derivadas de las patentes monopólicas.  Quien posea los datos controlará el mercado en la economía del futuro.  Estas empresas ya son blanco de muchas críticas por su comportamiento monopólico y oligopólico, que se vería reforzado si logran lo que están proponiendo en la OMC.

Piensen nomás en Google, que es hoy el mayor recaudador de ingresos por publicidad gracias a su capacidad de análisis y re-embalaje de nuestros datos.  Y en Uber, que es la empresa de transportes más grande del mundo, aunque no cuenta con una flota propia de automóviles y sus conductores no figuran en su nómina de empleados.  Su activo más valioso es la gigantesca cantidad de datos que posee acerca de cómo la gente se mueve en las ciudades.  Su tamaño y la ventaja que le da ser el primer operador del mercado, sumado al ejército de abogados con que cuenta, puede eliminar o sencillamente comprar y absorber a la competencia en cualquier parte del mundo.  Los trastornos que Uber ha ocasionado en el sector del transporte pronto se harán ver en prácticamente cualquier sector de la economía que uno pueda imaginar.  Todo lo que se pueda decir hoy sobre las consecuencias de esto para el empleo y los trabajadores y trabajadoras probablemente se quede corto.

Otra norma clave a la que aspiran estas mega-corporaciones habilitaría a las empresas de servicios digitales a operar y obtener ganancias dentro de un país sin necesidad de tener ningún tipo de presencia, ni física, ni como persona jurídica.  Pero si una entidad de servicios financieros por Internet va a la quiebra, por ejemplo, ¿cómo podrán los ahorristas buscar y obtener compensación?  Si a una trabajadora o trabajador contratado por la empresa se le violan sus derechos, o si un consumidor es estafado, ¿cómo podrán conseguir que se les haga justicia?  Y si la empresa no tiene presencia comercial en el país, ¿cómo se le cobrarán los impuestos que corresponde para que su actividad no represente una competencia desleal con las empresas locales?  La mayoría de los países exigen que los proveedores de servicios extranjeros tengan presencia comercial física para poder operar en el país, justamente por estos motivos; pero las grandes empresas de tecnología condenan este requisito como un obstáculo al comercio (y a ganancias inusuales).  La reglamentación de interés público se vería seriamente socavada.

Pero eso no es todo.  Las grandes empresas de tecnología no quieren que se les exija dejar beneficios en las economías locales donde extraen ganancias.  La mayoría de los países aplican una serie de políticas conocidas genéricamente como ‘requisitos de desempeño’ para garantizar que la economía local se beneficie de la presencia de empresas transnacionales: transferencia de tecnología, que contribuya al surgimiento de nuevas empresas locales; componentes o insumos nacionales, para estimular así a las empresas locales; y contratación de mano de obra local, para fomentar el empleo.  Sin embargo, aunque todos los países que hoy llamamos desarrollados utilizaron estas estrategias para desarrollarse, ahora quieren ‘patearles la escalera’ a los países en desarrollo para que no puedan hacer lo mismo, exacerbando así las desigualdades entre países.

El modelo de negocios de muchas de estas empresas se basa en tres estrategias que conllevan graves impactos sociales: desreglamentación, precarización creciente del empleo y ‘optimización fiscal’ –que la gran mayoría catalogaríamos como semejante a la evasión de impuestos–.  Todas estas tendencias a la baja se acelerarían y perpetuarían si en la OMC se llegasen a aprobar las nuevas normas propuestas sobre “comercio electrónico”.

“Colonialismo digital”

Desde que presentaron por primera vez sus propuestas en la OMC el año pasado, los promotores de las normas sobre “comercio electrónico” han intentado alterar el mandato actual de “discusiones” sobre comercio electrónico y convertirlo en mandato para “negociar normas vinculantes” sobre comercio electrónico en la OMC.  La justificación que esgrimen para sus propuestas es que el comercio electrónico promoverá el desarrollo y beneficiará a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), como si fomentar el comercio electrónico fuese lo mismo que establecer normas vinculantes al respecto en la OMC, redactadas por las propias transnacionales.  Pero los países en desarrollo han centrado sus demandas en esta área en que haya más infraestructura, acceso a financiamiento, cerrar la brecha digital (obteniendo acceso asequible), capacidad regulatoria creciente, y otras inquietudes que no serán abordadas por las nuevas normas sobre comercio electrónico propuestas en la OMC.  Hay un grupo de 90 países que hace tiempo viene planteando propuestas en la Organización que dotarían de mayor flexibilidad a los países en desarrollo para ejecutar políticas nacionales de fomento al desarrollo, pero sus propuestas son habitualmente ignoradas en las negociaciones.

Entretanto, las MiPyME ya tienen participación en el comercio electrónico; pero si se adoptan normas sobre comercio electrónico en la OMC, estas empresas tendrán menos chance de beneficiarse de la escala y sacar provecho de los subsidios que históricamente reciben, la infraestructura sólida auspiciada por el Estado, estrategia de exención fiscal, y un sistema de normas de comercio redactadas por ellas mismas y sus abogados.  Lo que necesitan las MiPyME son políticas públicas en función de una estrategia de industrialización digital; pero las políticas que avizoran los promotores de normas vinculantes sobre “comercio electrónico” en la OMC más probablemente conduzcan a lo que se ha dado en llamar nuevo “colonialismo digital”.

Nuevas estrategias de negociación

Debido a la resistencia en masa que ha opuesto el bloque africano y algunos países asiáticos y latinoamericanos, los promotores de esas normas vinculantes han optado ahora por aminorar sus ambiciones.  Ahora están proponiendo asuntos aparentemente más técnicos como el pago electrónico, firmas electrónicas, y correo basura.  Pero estos asuntos son jurisdicción de otros foros que es donde corresponde discutirlos, tales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o UNITRAL por su sigla en inglés) o la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que en lugar de guiarse por intereses meramente comerciales, cuentan con equipos técnicos y de expertos en leyes que durante muchos años asesoraron a los gobiernos para el establecimiento de mejores normas.

Pensando tal vez en un Plan B, los promotores de dichas normas están sugiriendo que la “neutralidad tecnológica” ya existe en la OMC.  Esto supuestamente implicaría que si un país “comprometió” los servicios financieros en la OMC –es decir, que estuvo de acuerdo en someter los servicios financieros a normas que restringen la reglamentación de ese sector– entonces los servicios bancarios transfronterizos por Internet quedarían ahora automáticamente comprometidos, con todos los riegos potenciales que supone esa modalidad de suministro de servicios bancarios, tales como las amenazas que representa para la ciberseguridad el ser víctima de hacking, o la potencial inestabilidad financiera que pueden acarrear los flujos de dinero irrestrictos, generando caos en los sistemas bancarios locales.  Pero esto es un disparate, una noción absurda que nunca fue acordada por los miembros de la OMC, por más que ahora haya algunos países que intentan hacerla pasar como un principio aceptado.

Esos mismos promotores también están presionando por la renovación de una exención de aranceles a los productos entregados por medios electrónicos.  Pero no existe ningún fundamento económico para que los productos comercializados digitalmente no deban contribuir al fisco nacional mientras que los intercambiados por medios tradicionales generalmente sí lo hacen.  Las grandes empresas de tecnología quizás consigan la renovación de esa exención, ya que generalmente es usada como moneda de cambio por otra exención que ayuda a estabilizar el mercado de medicamentos genéricos en los países en desarrollo, que contribuye a garantizar el acceso de millones de personas en esos países a medicamentos vitales.

El desenlace de la reunión Ministerial de la OMC que se realizará en Buenos Aires[2] (diciembre de 2017) dependerá en gran medida de la resistencia que los países en desarrollo opongan a este nuevo libreto gran-empresarial de las mayores empresas de tecnología.  Para ello deben contar con la resistencia firme de la sociedad civil como ayuda contra la imposición de nuevas normas pro-empresariales que invadan a diario nuestras vidas.

Fuente: ALAI

El miércoles 8 de noviembre, se realizó una nueva edición de la Feria agroecológica Jakaru Porã Haguã, en alianza con el evento gastronómico Que Viva la Cocina, en la Plazoleta de la Catedral de la ciudad de Coronel Oviedo.

La oferta de productos incluyó carnes de cerdo, gallina, queso Paraguay, harina de maíz, almidón, huevo casero, miel de abeja y gran variedad de granos, frutas y hortalizas. Todos los productos provienen de comunidades campesinas e indígenas que mantienen la biodiversidad y conservan el conocimiento tradicional del campo.

El público urbano aprecia cada vez más los beneficios de la producción orgánica, tanto por la calidad de las hortalizas y productos artesanales como por el valor agregado de apoyar la agricultura a pequeña escala y la conservación de los recursos naturales. Por esta razón, la iniciativa Jakaru Porã Haguã (“Para que podamos comer bien”) apostó a una nueva edición de su Feria agroecológica, en conjunto con el  evento gastronómico y educativo que reúne a cocineros, bajo el nombre de: ¡Que viva la Cocina! "Conociendo Culturas" .

La Feria Agroecológica Jakaru Porã Haguã (para que comamos bien), en esta edición, fue impulsada por Decidamos Campaña por la Expresión Ciudadana,  Oxfam en Paraguay, Adis Paraguay, Escuela Integral Gastronómica O’Hara, Slow Food Paraguay – Karu Mbegue,  y la Pastoral Social Diocesana de Coronel Oviedo.  Cuenta con el apoyo del Grupo O’Hara.

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Nilda Jara es voluntaria de Decidamos desde el año 89

Nos cuenta que viene de una familia perseguida durante la dictadura stronista, por esta razón siempre tuvo una desarrollada sensibilidad y compromiso con la realidad social del país.

“Soy maestra de vocación y profesión y Decidamos fue para mi como un canal para hacer lo que sé hacer y aportar para la evolución de la democracia, he estado en las buenas y en las malas”, comenta.

Nos cuenta que le da más satisfacción trabajar con la gente del campo, “porque en el campo la gente tiene mucha dependencia a nivel político, y nosotros nos vamos siempre para capacitaciones sobre los derechos de toda la ciudadanía y este conocimiento sirve para que puedan mejorar sus vidas, teníamos una tarea de independizar mentalmente a la gente en su postura política”

“Siendo voluntaria, puedo usar todas mis técnicas de maestra para que sea más fácil el entendimiento, a la hora de hacer una capacitación”.

Nos relata algunas de las anécdotas vividas en su largo camino como voluntaria. “Nos íbamos en micros que salían de la terminal y llegábamos a las 2 de la mañana en lugares donde no había nada, literalmente, pero eramos re felices haciendo lo que hacíamos. Había veces que nos movilizábamos en moto o a caballo, dependiendo de las circunstancias, siempre estábamos preparadas para todo”.

“El voluntariado es el mejor canal para hacer algo por tu país, acá nomas no se le da ninguna importancia al tema del voluntariado pero es una causa muy noble, uno aprende a convivir con muchísimas personas y te permite conocer la realidad de tu país”.

Reflexiona: “con que una persona haya interiorizado la importancia de nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, nosotros ya hemos cumplido nuestra misión. No importa que de 50 personas, 5 hayan entendido, el tema es que continuemos, que sigamos adelante con nuestro trabajo. Porque todo forma parte de un proceso que no hay que abandonar, hay que seguir y tratar de afianzar. Esto no es una cosa rápida”. 

“Quien gana más, pague más. Hacia una Justicia Tributaria” es una campaña que lleva adelante Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana con el objetivo de promover una mayor conciencia en la sociedad sobre el hecho de quienes generan más ingresos deben contribuir más.

Pensar en un sistema tributario estructurado sobre principios de justicia o de equidad, implica que debe darse una mayor recaudación con impuestos directos, que bien diseñados e implementados son impuestos justos.

En este sentido, la campaña ha desarrollado materiales de sensibilización (tríptico, volantes, calcos y postales) que han sido distribuidos en los territorios de intervención de la campaña: Asunción, y 11 ciudades en los departamentos de Central, Caaguazú; Alto Paraná e Itapúa. Así también la difusión de spot radial y audiovisual en medios radiales y televisivos.

Entre los temas que señalamos en la campaña, por un lado, tenemos un sistema tributario que permite una baja recaudación impositiva, debido precisamente a esta situación de inequidad tributaria en donde quienes ganan más pagan menos en impuestos en relación a sus ingresos o ganancias, que se traduce en una baja presión tributaria con solo 12,6%, siendo la más baja de Sudamérica.  



Por otro lado, el gasto tributario (o incentivos fiscales a determinados sectores y contribuyentes) continúa siendo alto. De acuerdo a datos del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) en el año 2014, el 46,5% de gasto tributario del IVA favoreció al 20% más rico de la población paraguaya, y solamente el 7,2% al 20% más pobre, lo cual implica claramente un impacto fiscal regresivo.

A esta situación se suma la alta dependencia de impuestos indirectos: el 54% de la recaudación tributaria proviene del IVA, que es el principal impuesto de nuestro país y que golpea más a personas y sectores de menores ingresos. Mientras que solo el 21,7% de la recaudación proviene
de impuestos a la renta o directos (IRACIS, IRAGRO e IRP principalmente) que deben ser abonados sobre todo por sectores de altos ingresos. Y finalmente, la baja recaudación del impuesto inmobiliario en términos generales, tiene una tasa del 1% sobre el valor fiscal de la tierra; que en el caso de las propiedades rurales es un factor que además favorece a la alta concentración de la tierra en Paraguay.

Esta campaña además prevé el debate sobre la vinculación e importancia de este tema para la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. Para ello se estarán realizando foros sobre Justicia Tributaria e Inversión Social dirigidos a la población y sectores interesados en esta temática.

Esta campaña es realizada en alianza con Paraguay Debate en el marco del proyecto “Debates y acciones para mejorar la calidad de la inversión social en Paraguay” y co-financiado por la Unión Europea.  

Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana como miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe se suma a la campaña regional: Por una América Latina libre de beneficios tributarios.

En las últimas tres décadas la mayoría de los gobiernos de América Latina han dado leyes que con la excusa de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) han creado marcos legales que otorgaron distintos incentivos fiscales a diversas empresas privadas, bajo la excusa de dinamizar las economías a nivel local, sin embargo esto se tradujo como la aplicación de políticas de incentivos fiscales para las grandes empresas propiedad del capital privado, que han gozado de beneficios tributarios sin dar nada a cambio a los Estados que las han albergado.

Esto sólo ha servido para que las grandes compañías se beneficien por años de sistemas fiscales exclusivos, en los que se les permite pagar menos impuestos que a los demás actores, la mayoría de veces nacionales, gozar de distintos mecanismos para aplicar reducciones tributarias así como gozar de contratos jurídicos con rango de ley que hacen casi imposible el que sean revertidos a menos que estas decidan dar por terminada la relación contractual con los Estados que las albergan.

El principal problema de este tipo de convenios se refleja en los impuestos que los países dejan de recaudar a consecuencia de los beneficios de los que gozan las empresas. Se argumentó que esta reducción se compensaría con la reactivación de la economía, sin embargo al final esto solo ha generado gasto tributario, lo que al final lleva a los Estados a la adquisición de deuda.

A este panorama de subsidios para que el capital privado pague menos impuestos o no los pague por períodos determinados también hay que sumar las prácticas de planificación tributaria agresiva que la gran mayoría de las grandes compañías aplica.

Este tipo de hechos, como la doble facturación o los precios de transferencia, los hemos visto en destapes periodísticos como los Papales de Panamá o los recientes Paradise Papers, donde se demuestra cómo las empresas y millonarios usan los paraísos fiscales para esconder sus fortunas, tejer redes de empresas offshore fantasma y así desviar las utilidades para no tributar sobre estas donde las generan, entre otros mecanismos más.

Es por este motivo que el principal objetivo de esta campaña regional es crear conciencia y movilización sobre los incentivos fiscales que otorgan los países de nuestra región a las empresas propiedad de capitales privados, con el objetivo de atraer inversión extranjera bajo el falso supuesto que esto generará empleos y más ingresos para el tesoro público.

Como parte de esta campaña, la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) ha realizado un reciente análisis de esta situación en la investigación “Incentivos Fiscales a la Inversión en América Latina: más allá de los impactos en la tributación”. Este  documento pone en evidencia que la promoción de la IED en la región no ha generado mejoras económicas ni empleos estables como se esperaba y, que la carga tributaria al final recae sobre la población.

Sobre el punto señala que a la fecha encontraron 337 incentivos en vigencia, de los cuales 256 otorgan exenciones tributarias de distinta índole, y un total de 167 corresponden a beneficios tributarios que permiten reducir la tasa de pago del impuesto sobre la renta, lo que impacta de forma directa en la recaudación tributaria de los países.

Ni más empleo ni mejoras económicas

Rodolfo Bejarano, responsable del estudio y Coordinador de Investigaciones en Latindadd, señala que uno de los errores que cometieron los gobiernos que han otorgado los beneficios tributarios ha sido no pedir rendición de cuentas a las empresas sobre los beneficios y efectos positivos que estos traerían a sus países. “Más que beneficios, lo que ha pasado es que se desató una carrera a la baja en términos fiscales, donde los países competían entre sí por dar más beneficios y privilegios fiscales a las empresas con el fin de que inviertan en sus territorios, sin medir cuál sería la mejora para sus poblaciones”.

Uno de los principales argumentos con que se dieron los incentivos fiscales en la región fue que la llegada de la IED dinamizaría las economías nacionales, generaría empleos, impulsaría la productividad y que esto traería mejoras a nivel social también, sin embargo después de casi 30 años de vivir con estos regímenes preferenciales la región no ha logrado solucionar sus problemas, es más, hoy somos la región más desigual del mundo.

Bejarano también señala que esta “carrera a la baja” se evidencia con la caída en la recaudación del impuesto a la renta a las empresas en la región. “Esta pérdida se ha compensado con una recaudación más regresiva, con impuestos al consumo. Al final somos los ciudadanos los completamos lo que falta recaudar por los impuestos que las empresas no pagan”, advierte Bejarano Bernal.

Latindadd, una organización regional con presencia en 12 países y que alberga 22 miembros, busca con este estudio demostrar la necesidad de eliminar estos regímenes especiales que solo dan beneficios económicos a las grandes empresas y corporaciones, y también crear mecanismos de regulación para cooperación tributaria regional en el seno de organismos como Unasur, Sica, CAN o Mercosur.

Carga tributaria sobre los ciudadanos

El reciente estudio de Latindadd alerta sobre los impactos negativos que generan los beneficios tributarios, resaltando que en la región el gasto tributario que generan estos marcos legales a los países alcanzan en promedio el 4.6% del PIB, comparando con los promedios de 5% que se destinan a los programas de protección social, 4.6% a los de educación y 3.4% a los de salud.

El punto donde se evidencia con más claridad la forma en que los privilegios fiscales de que gozan las empresas impactan de forma negativa sobre la población es a la hora de medir la recaudación de impuestos. Y es que el ingreso por impuestos indirectos (a la venta, al consumo) subió de 2.4% del PIB en 1990 a 6% en 2015; sin embargo la recaudación por impuesto a la renta creció en un nivel mucho menor.

Otro de los impactos negativos es que la generación de empleo no creció como se promocionó al impulsar estas leyes, pues las tasas de desempleo en la región se mantienen inamovibles desde los años 90, aun en la mayor etapa de ingreso de IED, alcanzando hasta un 10%.

Fuente: Paguen Lo Justo

 

                                              

 

                                             

 

 

 

Entrevista al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, Sergio Espinosa

 En una época de escándalos financieros, ¿cómo ha contribuido la documentación revelada por el periodismo, desde los Panama Papers hasta ahora, a la labor que realiza la UIF?

El Caso Panama Papers representó la posibilidad de colaboración entre el periodismo y los órganos de investigación, como las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo, respecto de una meta en común: prevenir y combatir a las organizaciones criminales. Este caso ha colocado al beneficial ownership como prioridad en la agenda de las entidades internacionales, que en el pasado han sido un poco tibias con el tema. Incluso varios países de la región y del mundo vienen evaluando cambios en sus legislaciones. Es muy difícil para los Estados saber la real identidad de la persona detrás de una empresa, y ya no solo en paraísos fiscales. Por ejemplo, en jurisdicciones como la peruana, las sociedades anónimas cerradas solo registran las transferencias de sus acciones en libros contables, con lo cual uno no puede saber quién es el dueño actual.


En los últimos días casi 400 periodistas de todo el mundo han publicado los Paradise Papers, una nueva investigación sobre compañías offshore en paraísos fiscales. ¿Cómo analiza la evolución desde los Panama Papers?

Un problema de los Panama Papers fue que generó un daño reputacional enorme a un solo país, que no es el mayor proveedor de este tipo de servicios. Los Paradise Papers incluyen otras jurisdicciones que también son paraísos fiscales. El Reino Unido, por ejemplo, tiene diversas jurisdicciones en el Caribe con cierto grado de autonomía económica y de gobierno. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evalúa a cada una de estas jurisdicciones de manera independiente. Esto da la impresión, para mí incorrecta, de que el problema con los paraísos fiscales es ajeno a los centros mundiales de la economía.


El análisis de los Panama Papers reveló que gran parte de las sociedades administradas por el estudio de abogados Mossack Fonseca habían sido constituidas en las Islas Vírgenes Británicas.

Existen jurisdicciones con mayores debilidades, algunas son parte del Reino Unido o cercanas a Europa, como Gibraltar. Si le preguntas a la Unidad de Inteligencia Financiera de España sobre esta última, te va a decir que es una coladera: allí no hay nada más que hacer que contrabandear y lavar. Uno se pregunta por qué países como Andorra o Panamá tienen un sistema financiero tan grande. Si bien el nuevo gobierno de Panamá ha empezado una reforma importante, el sistema financiero de este país es absolutamente desproporcionado a su tamaño y su economía. Curiosamente, el Reino Unido es evaluado [por la GAFI] por separado de sus jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas. El hermano mayor obtiene una buena nota, pero no pasa lo mismo con sus territorios en donde no se aplican leyes inglesas. La verdad es que a países como Perú y Colombia los miden con una vara que no es aplicada del mismo modo a casos como Delaware, en Estados Unidos, o las Islas Vírgenes Británicas.


¿Cree que el problema con las offshore es estructural?

Totalmente: el problema es estructural. El sistema offshore es vulnerable al ocultamiento de cualquier fortuna de origen ilícito, puede ser de la corrupción, del lavado de activos, del narcotráfico o de la evasión de impuestos. Seguramente hay miles de negocios en esquemas offshore absolutamente legítimos pero hasta qué punto, en el mundo de hoy, donde el combate contra el crimen organizado es global, pueden subsistir estos mecanismos. Incluso cuando las mismas autoridades de estos paraísos fiscales no tienen acceso a la información. Los Paradise Papers contribuyen a hacer más evidente el problema con los paraísos fiscales. La solución tiene que ser global. La legislación de un solo país no puede abordar el problema en toda su extensión.


Los Panama Papers representaron la posibilidad de colaboración entre el periodismo y los organismos de investigación, como las Unidades de Inteligencia Financiera.

¿Las filtraciones también han servido para que estos temas lleguen a una audiencia mayor?

En el pasado el mundo pensaba que el delito tributario era un tema empresarial, al punto que en muchos países no es considerado un precedente de lavado. Ahora los grandes casos de corrupción y lavado son casi como series de Netflix. Hay una mayor conciencia de que los tributos son ingresos que el Estado pierde para infraestructura, salud, etc. Además, en una época en que el nivel de privacidad de los ciudadanos ha disminuido muchísimo, a consecuencia de las redes sociales, la capacidad de indignarse por estos mecanismos opacos ha crecido. Hoy todos hemos perdido privacidad, menos algunos: aquellos que pueden potencialmente hacer más daño. Este efecto es positivo, porque a la tácita alianza entre la prensa y los organismos que combaten la delincuencia, se suma la presión de la ciudadanía para que se investigue.

Aún así, los defensores de los esquemas offshore se justifican diciendo que estas estructuras que son legales.

El debate sobre las offshore siempre ha ido más allá de la legalidad o la ilegalidad. Constituir una offshore no es ilegal y existen razones por las cuales a veces es necesario usar estos mecanismos (inversiones transnacionales, temas familiares o confidencialidad). La pregunta es hasta qué punto estos derechos legítimos justifican que subsista un sistema como este, vulnerable al dinero sucio vinculado a la política y a los grandes grupos económicos.


La UIF del Perú pertenece al Grupo Egmont, instancia que reúne a 152 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. ¿Cuál ha sido el impacto de las filtraciones en este ámbito?

El Grupo Egmont es un mecanismo de intercambio bilateral de información. Por ejemplo, yo no puedo pedir información sobre Alejandro Toledo a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. Debo argumentar ante una UIF específica alguna vinculación con dicho país: residencia, nacionalidad, que el dinero provino de aquella jurisdicción o que existe una empresa constituida en aquel territorio. Tradicionalmente, el sistema funciona de a dos. El mundo de hoy ha demostrado, entre otras cosas por las filtraciones, que este sistema no funciona. No basta preguntar, necesitamos también informar espontáneamente. También se han advertido problemas con la estructura tradicional al afrontar casos como el financiamiento de las personas que van a pelear por el Estado Islámico: no puedes demorarte 30 días para responder un pedido relacionado al terrorismo. Además ocurre que algunas unidades de inteligencia financiera no pueden entregar documentos cuando el caso pasa a la Fiscalía de su país. En el Caso Ecoteva, por ejemplo, Costa Rica dejó de entregar información porque la investigación llegó a su Ministerio Público.


¿Cuál sería entonces la estructura ideal?

Una red conectada mundialmente, una UIF del mundo con acceso a toda la información a nivel global. Un modelo como la Interpol. Nosotros hemos intentado impulsar mecanismos similares a nivel de América Latina, por la similitud cultural y de nuestras legislaciones. Hay aún desconfianza de algunos países, pero estamos avanzando. Claramente, el sistema de hoy no es suficiente y no funciona. Este problema requiere una solución global. Es un proceso lento, sobre todo cuando hay países que mantienen relaciones políticas muy estrechas con jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. A nivel nacional, hay un proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas para elaborar un registro de beneficiarios finales. El objetivo es saber quiénes son las personas naturales detrás de cualquier persona jurídica constituida en el Perú.

¿Este proyecto incluye a las sociedades anónimas cerradas?

Sí. Las personas jurídicas, offshore o no, son ficciones jurídicas que se crean para la facilidad de las transacciones económicas, financieras y comerciales. Sin embargo, la existencia real está en la persona natural que es propietaria del negocio. Este proyecto busca crear una base de datos que sea renovada anualmente con información de los dueños de las personas jurídicas en todo el Perú. Hay mucho interés de parte de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] y los países que la integran en saber si sus ciudadanos tienen inversiones en otras jurisdicciones.

Ahora los grandes casos de corrupción y lavado son casi como una serie de Netflix.

La investigación Paradise Papers, que involucra a personas y grupos empresariales peruanos, ocurre en plena evaluación de nuestro país por la GAFI.

El proceso de evaluación demora 15 meses. En Perú empezó el último día de septiembre [de este año] y terminará la primera semana de diciembre de 2018. Tenemos plazo hasta el 28 de febrero para llenar dos cuestionarios que nos ha facilitado el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), brazo regional de GAFI. El 21 de mayo llegará a Lima la misión de evaluadores por dos semanas para reunirse con autoridades públicas y del sector privado, y contrastar así la información recibida a través de los cuestionarios. En junio, una vez terminada la visita, Gafilat elaborará un informe que será discutido con los demás países de América Latina durante la primera semana de diciembre del próximo año. El informe final será de acceso público.

¿Aprobaremos la evaluación?

Hay que tener en cuenta que es un proceso de evaluación del país. Está involucrada la UIF, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros. En algunos casos podemos mostrar buenos resultados, pero también tenemos puntos débiles como el número de condenas por lavado de activos. Aspiramos a un resultado medianamente favorable.

¿Es un problema que el secreto bancario en nuestro país tenga carácter constitucional?

El primer problema es la interpretación del Congreso. Nosotros pedimos un acceso directo al secreto bancario, que curiosamente otras entidades públicas sí tienen, como la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). No entiendo por qué la interpretación constitucional es más rígida cuando se trata de la UIF, porque no olvidemos que esa valla fue puesta por el Congreso, al Ejecutivo no le quedó otra que aceptar.

El segundo problema es que el derecho al secreto bancario está reconocido en la Constitución, caso muy particular en el derecho comparado que hoy en día no se entiende. Está bien que un ciudadano no sepa cuánto tienen ustedes en el banco, pero sí es positivo que tengan acceso a esta información, la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la propia UIF, entidades que combaten la delincuencia organizada, la evasión tributaria y la criminalidad en general.

¿La UIF recoge investigaciones periodísticas para sus informes de inteligencia?

Nosotros recogemos las publicaciones de la prensa como antecedentes de interés, aunque no necesariamente con toda la información se llega a buen puerto. Por ejemplo, con las investigaciones periodísticas publicadas tenemos identificados los nombres de 100 peruanos y buscamos si hemos elaborado reportes sobre ellos, o si tienen antecedentes en la Fiscalía, etc. Pero no podemos acceder a la información de sus cuentas bancarias. Lo mismo ocurre con la lista de los candidatos a las elecciones. El Decreto Legislativo 1249, publicado en noviembre del año pasado, permite que la UIF solicite el acceso a este tipo de información a través de un juez. Ahí se arma un círculo vicioso. Si yo no puedo saber cuánto ha pagado de impuesto, cuánto dinero tiene en los bancos, lo único que puedo hacer es poner la nueva información como antecedente en mi base de datos.

¿Estas filtraciones son insumo para las investigaciones que realizan autoridades como la UIF?

Son dos bases de datos muy importantes [Panama Papers y Paradise Papers] pero no son las únicas. Lo relevante es que estas filtraciones revelan que hay un montón de información escondida en este tipo de jurisdicciones. Estos casos advierten sobre un problema de legislación, de permisibilidad del mundo con este tipo de estructuras. El problema no ha decrecido, todo lo contrario: sigue siendo un problema mundial. O lo solucionamos todos o vamos a tener que seguir mirando cuando salgan en las noticias.

Fuente: Ojo Público


El ex premier británico laborista Gordon Brown prometió que entregará una carta a Macri para que combata los paraísos fiscales cuando asuma su cargo al frente del G20. Le enrostra, en una campaña global que lleva ya unas 800 mil firmas en cuatro días y apunta a reunir un millón, que la cuestión debe hacerse presente en el foro de Buenos Aires.

Los Paradise Papers empiezan a afectar a Mauricio Macri. A casi tres semanas de asumir la Presidencia del G20, el jefe de Estado ya se convirtió en el objetivo de una campaña global que lanzó el ex primer ministro británico Gordon Brown.

El líder laborista, quien goza de mucha influencia en el Foro, publicó una carta abierta dirigida a "Mauricio Macri y líderes del G20" en complicidad con la movimiento global civil "Avaaz". Allí le reclama al Presidente que durante su mandato al frente del Foro tome medidas para que los jefes de Estado "terminen" con los refugios fiscales. El ex primer ministro británico prometió entregarle la carta en mano a Macri si consigue un millón de firmas, y parece que ya debería ir comprando los pasajes de avión: en sólo cuatro días de campaña, obtuvo más de 820 mil.

En su carta abierta, Brown advierte que la inequidad global es "horrorosa" y que esta brecha crece gracias a que los "paraísos fiscales permiten que miles de millones" de dólares se evadan de "nuestras economías". El ex premier también recuerda que cuando lideró el G20 en 2009, los líderes habían acordado terminar con estas prácticas, y le reclama a Macri que "actúe de inmediato" para que "aquellos que explotan estos fondos rindan cuentas".

La iniciativa de Brown tiene un peso más que simbólico, ya que fue él, junto a su par francés Nicolás Sarkozy, quienes en 2008 idearon que el G20 reuniera anualmente a los líderes de los 19 países integrantes (más la Unión Europea), para resolver la crisis financiera mundial. Hasta entonces, los jefes de Estado no participaban de este encuentro.

De esta manera, Macri sufre las consecuencias de la apertura al mundo, al tener que rendir cuentas ante los reclamos de ONGs, políticos y organizaciones internacionales, tales como la ONU. Esta vez, por el caso Paradise Papers que revela que corporaciones multinacionales, empresarios, políticos y celebridades, entre otros, mueven miles de millones de dólares por paraísos fiscales, bajo la presunción de no pagar impuestos.

Es una situación incómoda para el Presidente, quien tuvo que lidiar durante un año con la filtración de los Panamá Papers, donde figura en el directorio de dos empresas offshore, hasta que fue absuelto en septiembre. Ahora, tras la filtración de los Paradise Papers, Macri ni se pronunció al respecto, incluso cuando se publicó que Luis Caputo, su ministro de Finanzas, trabajó con fondos offshore. Pero desde el 1´ de diciembre su silencio podría ser evidente: ese día quedará al frente del G20, que entre sus objetivos dice buscar la estabilidad y transparencia del sistema financiero.

Macri tendrá el poder de incluir temas en la agenda que discutirán los líderes del mundo durante una semana. Hasta el momento, los refugios fiscales no iban a ser un tema estelar del Foro, según averiguó El Cronista. Pero la presión internacional puede cambiar esta decisión ya que podría afectar la legitimidad del G20. Es que también figuran en los Paradise Papers el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, entre otros. Por tanto, no pasarán inadvertidas las decisiones que tomen estos países respecto a los paraísos fiscales durante el Foro que presidirá Argentina.

Más aún, luego de que durante la cumbre de Alemania, en julio pasado, la declaración conjunta de los líderes del G20 promete pelear contra "la evasión fiscal". A la vez, el G20 suscribe a los protocolos de la OCDE que reclama la transparencia de estos refugios fiscales.

Otro punto clave es que el G20 también está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre ellos figuran finalizar con la pobreza así como reducir la inequidad. Es por esto que el G20 también está en la mira, porque la evasión fiscal quita ingresos que podrían utilizar los estados para políticas sociales.


Fuente: El Cronista


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