Miércoles, 08 Marzo 2017 17:40

La igualdad de género y sus vínculos con la fiscalidad

 

 

Por Verónica Serafini

La redistribución de los recursos con que cuenta una sociedad es uno de los roles centrales e indelegables del Estado. La existencia misma del Estado parte del supuesto de la vigencia de un contrato social en el que el sector público y la ciudadanía se comprometen con el cumplimiento mutuo de obligaciones y con la garantía del disfrute de los derechos humanos.

El cumplimiento efectivo de los derechos exige políticas públicas que requieren financiamiento, lo cual le proporciona al Estado la competencia recaudadora y a la ciudadanía la obligación del pago. Por otro lado, una cultura tributaria consolidada es la mejor señal del compromiso de la ciudadanía en la construcción de una sociedad basada en la solidaridad.

Desde esta perspectiva, la política fiscal -ingresos y gastos- se convierte en un mecanismo fundamental para mejorar las condiciones de las mujeres y reducir las desigualdades de género. Sin embargo, al igual que las demás políticas, la política tributaria puede incluso tener efectos adversos en estos objetivos si no incorporan la equidad de género como criterio central en su diseño e implementación.

Este artículo expone algunas de las formas en que la fiscalidad puede tener incidencia en la desigualdad de género.

 La estructura tributaria no es neutral al género

La forma en que se organiza el sistema tributario puede contribuir o profundizar las desigualdades de género por diferentes vías: la tributación en el mercado laboral y sobre los ingresos, en la economía del cuidado, en los diferentes tipos de bienes consumidos por las familias y en los derechos de propiedad y los activos .

Un peso relativo mayor de impuestos indirectos mayores profundiza las desigualdades económicas así como las de género, acentuando su regresividad cuando se trata de las mujeres de menores ingresos.

Las mujeres son las principales responsables de la administración del hogar, por lo tanto asumen el compromiso de maximizar el bienestar de todos los miembros con los recursos existentes.

Este rol implica mayores esfuerzos cuando la estructura tributaria es inequitativa ya que gran parte de los bienes y servicios adquiridos en el hogar pagan impuestos, reduciendo la capacidad adquisitiva del ingreso. Los menores recursos disponibles exigen más esfuerzo y tiempo para optimizar la asignación intrafamiliar. Esta situación afecta especialmente a las mujeres de bajos ingresos y a los hogares con jefatura femenina, quienes dedican mayor tiempo e intensidad al trabajo no remunerado y de cuidado en la búsqueda de bienestar de su familia.

Un diseño inadecuado del sistema tributario en lo que se refiere a los impuestos a los ingresos puede penalizar o desincentivar la oferta de trabajo remunerado femenina y con ello a la autonomía económica de las mujeres. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando se prioriza la tributación familiar conjunta -entre ambos integrantes de la pareja- y se permiten deducciones o exoneraciones por la esposa dependiente, y por otro lado no existen beneficios tributarios para hogares dirigidos por mujeres sin pareja.

La deducción en el impuesto a la renta por la existencia en la familia de una cónyuge económicamente inactiva/dependiente es una práctica discriminatoria de género de dos maneras. En primer lugar porque beneficia principalmente a los hombres que ganan ingresos más y presentan tasas de participación económica mayores. En segundo lugar, porque las mujeres que se consideran económicamente dependientes en realidad son las principales proveedoras de las tareas domésticas y de cuidado no remunerado; sin embargo, el sistema fiscal no reconoce ni compensa su contribución, premiando al contribuyente, quien disfruta de un crédito fiscal y de los beneficios del trabajo de cuidado no remunerado por su cónyuge.

 Los incentivos tributarios afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres

El financiamiento del desarrollo centrado en el sector privado tal como lo están planteando los países latinoamericanos compromete seriamente la igualdad de género y la oportunidad de reducir brechas económicas.

La instalación de la inversión extranjera directa (IED) incentivada con exoneraciones de impuestos y legislación laboral flexible tiene efectos negativos que no se justifican frente a los efectos positivos. Los incentivos para captar IED socavan las bases tributarias y los sistemas de seguridad social solidarios al reducir impuestos y flexibilizar las normas laborales y por otro lado, sus beneficios sobre el empleo y la producción son mínimos; por lo que el saldo neto podría estar siendo inclusive negativo.

En el caso de las mujeres en particular, una parte de la competitividad de las empresas se basa en la necesidad que tienen ellas de equilibrar sus múltiples roles, por lo cual aceptan ocupaciones de tiempo parcial y flexible, como el que se ofrece en la producción a destajo en los hogares. Otra parte de la competitividad se basa en las ventajas comparativas de las mujeres debido a la discriminación salarial que reduce sus remuneraciones frente a la de los hombres.

Dados los gastos a los que deben incurrir en caso de salir a trabajar como los de reemplazo del cuidado y de las labores domésticas y los de transporte, las restricciones de tiempo que tienen a la hora de ofrecer su trabajo y sus costos de oportunidad, las oportunidades económicas de las mujeres se reducen obligándolas a aceptar empleos de menor remuneración y calidad.

Las alianzas público-privadas constituyen un caso particular en este esquema cuando parte del capital es IED. Aún cuando el capital sea nacional, esta modalidad de financiamiento relativamente reciente se pretender justificar por sus impactos positivos en los objetivos de la política económica y social. Sin embargo no existe suficiente evidencia empírica para avalar dicha afirmación.

En general, gran parte de los sistemas de incentivos están dirigidos a las medianas y grandes empresas nacionales o transnacionales. Los pequeños emprendimientos y el trabajo informal no cuentan con políticas de apoyo o que faciliten su formalización, siendo estos ámbitos donde se observa una sobrerepresentación de mujeres trabajadoras.

 Bajas recaudaciones de impuestos impiden el financiamiento de políticas necesarias para la equidad de género

La falta de recursos tributarios impide el financiamiento de políticas necesarias para las mujeres. Una baja carga tributaria y la inexistencia de mecanismos eficientes para reducir la evasión y elusión disminuyen las recaudaciones y con ello conducen a la escasez de recursos públicos.

América Latina tiene grandes deudas sociales y déficits en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Las desigualdades de género son persistentes y en algunos casos no se han registrado reducciones a pesar de los avances sociales y económicos recientes.

Sin recaudaciones, el Estado no puede ofrecer bienes y servicios para mejorar el bienestar y reducir las brechas, entre ellas las de género.

Por lo general, las áreas de educación y salud son las que reciben mayores inversiones sociales, mientras que las de empleo, protección social y cuidado cuentan con menor financiamiento, siendo ámbitos particularmente relevantes para las mujeres y donde las brechas con los hombres se amplían.

Las condiciones de precariedad laboral, discriminación salarial, segregación ocupacional y menores dotaciones de activos, así como la desproporcionada carga de trabajo doméstico y cuidado que debe soportar exigen mayor inversión en las políticas señaladas.

Sin impuestos y los recursos que se generan a partir de ellos no es posible financiar políticas públicas necesarias para mejorar las condiciones de las mujeres y reducir sus desigualdades con respecto a los hombres.

Fuente: Paguen lo justo

Visto 228 veces
Publicado en Noticias