Lunes, 09 Octubre 2017 19:37

Los audaces que desafían al fuego para plantar mandioca

La comunidad campesina de Primero de Marzo no puede vender la comida que produce a un país que tiene hambre.

Antes del amanecer, Severiano Ruiz Díaz detona una bomba de estruendo al lado de su casa, pero ninguno de sus hijos pequeños despierta. Los demás campesinos de Primero de Marzo esperan atentos una segunda detonación, aviso de la presencia de policías. Pero, por hoy, no hay segundo estruendo. Un nuevo día inicia para las más de 300 familias a las que les sobra comida en un país que tiene hambre.

Primero de Marzo es un asentamiento, una de las al menos doscientas comunidades ocupadas por campesinos sin tierra en Paraguay. Tiene tres escuelas, ninguna iglesia, y casi 10 kilómetros de camino de una tierra roja y húmeda. Como todo allí, el camino fue construido a machetazos por pobladores como Severiano Ruiz Díaz, que le dedican dos de los siete días de la semana a trabajos comunitarios.

El asentamiento se encuentra rodeado de soja, en el país que es el cuarto exportador mundial de ese cultivo. Pero en Primero de Marzo está prohibido plantar soja. En medio del desierto verde entre Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná, tres de los cuatro departamentos que tienen la mayor producción sojera de Paraguay, la comunidad se sostiene sobre su diversidad agrícola. Allí, los campesinos refugian el último sitio de cultivo de alimentos para consumo de su distrito, cosechando dos clases de bananas, tres de maíz, cuatro de porotos, caña de azúcar, yerba mate, maní, mamones, batata, sandías y mandioca. Además de los perros con nombres en inglés y los gatos anónimos que sirven de control de plagas, también hay patos, gallinas, cerdos y algunas vacas. Primero de Marzo fue fundada apócrifamente el 29 de febrero de 2012 por 100 familias. Cinco años después, ya son el triple. A cada una le corresponde como máximo 10 hectáreas de tierra, haciendo en total 2.000 de las 4.499 en disputa con el Estado paraguayo y los poderosos propietarios: la familia Bendlin.

Los Bendlin canjearon las tierras al Estado paraguayo durante la dictadura de Alfredo Stroessner a cambio de un avión, algo ilegal. Un avión que no existe para los registros aeronáuticos oficiales. Fue en 1969, el mismo año que importaron el primer auto BMW al país. Los Bendlin son, desde entonces, los únicos representantes en Paraguay de la reconocida marca alemana de automóviles. Sus empresas fueron vinculadas al tráfico de armas en Turquía, Australia, Brasil y Colombia. Los Bendlin figuran entre los mayores propietarios de inmuebles en el centro de Asunción. Allí son dueños del Granados Park, un hotel de lujo donde una habitación sale, por noche, el doble de lo que un paraguayo promedio gana en un mes. Los Bendlin están relacionados al actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Los Bendlin fueron denunciados de contratar a los matones que acechaban por años a Primero de Marzo y que el 11 de junio del 2014 dispararon a Severiano Ruiz Díaz. Sus compañeros lo llevaron oculto al hospital más cercano, a diez kilómetros del asentamiento, por miedo a que sufra otro atentado. Así se salvó de morir desangrado y engrosar la lista de dirigentes campesinos ejecutados extrajudicialmente en Paraguay, que suman 115 en democracia.

Pero las balas no son el único temor. También está el fuego.

Todo fuego es político

Las chispas del fuego han iluminado el rostro del statu quo. Como el Gran incendio de Roma, que sirvió a Nerón para perseguir a los cristianos, o las hogueras de la Inquisición, donde ardieron supuestos herejes y brujas.

Paraguay ha tenido sus propios fuegos. En el último, en marzo de 2017, manifestantes quemaron el Congreso en Asunción, frenando las intenciones del presidente Cartes y el ex presidente Lugo de modificar las leyes para habilitarse a ser reelectos. Las llamas estaban en todos los televisores del país y tuvieron cobertura internacional. La espectacularidad del evento para los ojos citadinos no fue tal para los pobladores de Primero de Marzo, acostumbrados a que el fuego provenga del Estado al que en ese momento le tocaba arder.

La policía ha entrado al asentamiento a quemar casas al menos tres veces. Tres veces ha sonado el segundo estruendo. Tres veces intentaron desalojar a los ocupantes. Incontables veces más, no reconocidas por el gobierno, también lo han hecho.

Entran con armas de guerra, incendian los ranchos, destruyen los cultivos, se llevan o matan a los animales. Hombres, mujeres y niños se esconden en el monte. En diciembre de 2014 fueron 200 policías en 14 patrulleras los que ingresaron sin mostrar orden judicial. Muchas familias tuvieron que pasar la Navidad allí, fuera de sus hogares, que al volver ya no existían. Los pobladores con menos suerte han visto esa escena en cinco ocasiones. «El fuego es un fenómeno político», dice Gren Bankoff, uno de los autores del libro "Flamable Cities”. Las casas quemadas de Primero de Marzo también lo son.

El derecho a existir en la tierra

Severiano Ruiz Díaz habla sobre los desalojos mientras termina de desayunar en el corredor de la casa de madera en la que vive con su familia. Es la segunda casa que construye, a 5 metros de la primera, quemada por policías. La casa es pequeña pero tiene comodidades básicas como energía eléctrica, gracias a los 22 kilómetros de tendido que la comunidad instaló, y del que se sirven todas las familias. Adentro, los hijos de Ruiz Díaz ríen mirando Disney Channel. En un lugar donde la señal de celular no llega y los smartphones son casi inútiles, Mickey Mouse está presente a través de una televisión de 14 pulgadas, gracias a una señal satelital, servicio que cuesta 10 dólares al mes.

Ruiz Díaz habla sobre los desalojos como lo haría cualquier otro campesino, en jopara, híbrido entre el español y el guaraní, las dos lenguas oficiales de Paraguay. Ambas chocan con sus cosmovisiones y sus énfasis en el rostro moreno y lampiño de Ruiz Díaz. El español que sale de su boca suena lejano, lleno de términos jurídicos que tuvo que aprender para pelearle a un Estado que se rige por ese idioma casi foráneo para él. El guaraní, sin embargo, llena sus facciones, alienta sus ademanes, desborda convicciones.

En medio del español y el guaraní se inmiscuye otra lengua romance: el portugués. Antes de ser parte de la ocupación, Ruiz Díaz, como muchos, trabajó para los sojeros de la zona, sin poder ver durante meses a su familia. La mayoría son brasileños o brasiguayos, como se les dice a quienes viven en la frontera entre Brasil y Paraguay. Brasil está en todo: en la ropa que se compra, en las sandalias que usan para caminar, en la música que escuchan. También está en los discursos nacionalistas que reivindican los derechos del campesinado paraguayo sobre la tierra.

La noción de «derecho a la tierra» es usada frecuentemente por organizaciones campesinas e indígenas. «No obstante, carece todavía de un consenso básico sobre la definición de este principio», dice el investigador Patricio Dobreé. El derecho a la tierra es para la población campesina el derecho al territorio, el derecho a ser. Algo que escapa a la dimensión puramente económica. Para un campesino, explicar su relación con la tierra es como pedirle que explique por qué el agua moja. No en vano la palabra cultura proviene del latín colere: «cultivar». Un vínculo esencial con una forma de vivir el mundo. En la tierra son, existen. Por eso, Ana Santander, pobladora de Primero de Marzo, señala su tierra, toma un puñado de ella y dice: «este es nuestro derecho».

Pero es un derecho al que acceden pocos. El 94 % de las tierras cultivables de Paraguay hoy se utilizan para productos de exportación de agricultura mecanizada como la soja, el maíz y el trigo. Es lo que se conoce como «agronegocio». El agronegocio produce algo más: desempleo. Escupe gente. En 2016, el desempleo rural en Paraguay subió al 3,9 %, mientras que el 40 % de la población del campo es pobre, y 250 mil personas están allí sub-empleadas. Es decir, personas que no trabajan el tiempo y con el salario que podrían trabajar. El agronegocio genera 1 empleo cada 200 hectáreas, 5 cada mil. Es cuarenta veces menos al empleo que produce la agricultura campesina, la de Primero de Marzo, el modelo de producción por el que Severiano Ruiz Díaz recibió un disparo, por el que le quemaron la casa.

La desigualdad en la tenencia de tierras es casi perfecta en Paraguay, según el coeficiente de Gini. Quince propietarios tienen juntos una superficie equivalente a dos veces el tamaño de Puerto Rico. Entre los mayores terratenientes del país está Horacio Cartes, el presidente. Se calcula que hay 300 mil familias campesinas sin tierra. Más de 1 millón de personas que necesitan tierra.
Días de media paz

Es junio y la cosecha llena de colores el asentamiento. A lo largo del irregular camino allanado por tractores y motos, se pueden ver maizales, bananales y mandiocales de hasta dos metros que se mecen con el viento invernal. Es difícil conciliar la escena con las balas y el fuego. Hace casi un año la comunidad vive una relativa tranquilidad. Son «días de media paz», dicen los pobladores.

Como todos los demás habitantes del asentamiento, Ruiz Díaz se levanta cada mañana a carpir los cultivos. Limpia el chiquero, saca los huevos del corral, pone a pastar a los terneros. Al mediodía descansará unas dos horas. Capaz mate alguna gallina, la comida favorita de sus hijos, o haga un locro, plato que no desperdicia nada de lo cultivado, en un mundo donde la mitad de la comida que se produce no se come. Luego, volverá a la chacra, el kokueré en guaraní, hasta el anochecer.

Como postre, en cada casa se ofrecen, las llamadas bananas de oro recién arrancadas, más pequeñas y dulces que las comunes, que en la ciudad cuestan a 1 dólar la docena. O sandías, que pueden llegar a costar 4 dólares la unidad. Pero en el asentamiento se regalan. La abundancia de la comunidad se contrapone no solo a la violencia que se ha vivido allí, sino también a la realidad del país. 700 mil paraguayos pasarán hambre hoy. Ninguno es de Primero de Marzo.

Esta abundancia ha atraído a familias de todo el país, que se han sumado a la ocupación con el tiempo. Vienen en busca de tierra y vivienda propia. Otros, como José Velázquez, huyen también de la miseria citadina. Realizan la ecuación inversa de la establecida migración campo-ciudad. Velázquez, un hijo de campesinos que se quedaron sin tierra y se mudaron a Asunción, viajó en los 70s al este de Paraguay, en la época de la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú. Los últimos 30 años los pasó trabajando como electricista entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, la ciudad brasileña fronteriza. Hasta que su salud no lo dejó más. «Pesaba 130 kilos y tenía los triglicéridos altos. No podía estar sin el remedio para mi presión. Ni a una escalera me podía subir».
La abundancia de la comunidad se contrapone no solo a la violencia que se ha vivido allí, sino también a la realidad del país. 700 mil paraguayos pasarán hambre hoy. Ninguno es de Primero de Marzo.

Velázquez se enteró de la posibilidad de tener tierra en Primero de Marzo como la mayoría de la gente se entera de algo en Paraguay: a través de un amigo. La decisión de ir allí fue por una cuestión de salud, reforzada por Nilda Fernández, su esposa. Fernández cuenta que tuvo un sueño, en el que su madre le decía que ella y su esposo vivirían en el campo con su hijo mayor.

La comunidad le otorgó a Velázquez sus diez hectáreas, donde hoy tiene, además de mandioca, banana y maíz, 98 gallinas, 8 patos y 3 cerdos. Tres años después de levantar su casa y su corral, Velázquez pesa 40 kilos menos y ya no consume medicamentos para la presión. Organiza su producción manejando un camión mitad tunning, mitad Mad Max: motor al aire, sin carcasa y con una rústica carrocería de madera. Lo llama camión «Tutú», lo arranca con una manivela y lo pasea con altivez. Su hijo mayor vive en la casa aledaña.

Velázquez, sentado en su silla cable con un kepi en la cabeza, resalta la contracara de la abundancia de Primero de Marzo: una comunidad que produce comida que no puede vender. «Demasiado poco es lo que me ofrecen por la banana o el maíz. No vale la pena. Tengo que regalar todo», dice. La contradicción paraguaya es la contradicción de un mundo que no puede acortar las distancias entre su comida y su hambre.

En el caso de los campesinos de Paraguay, el problema comienza en el transporte de la cosecha. La ausencia de rutas, los arreglos leoninos con los intermediarios. Y si los productos llegan al Mercado de Abasto, el principal punto de compra de alimentos de la capital, tienen que competir en precios con los productos de contrabando, especialmente de Argentina. El Estado, por su lado, ignora su propio plan de desarrollo agrícola: entre 2013 y 2016 se duplicó la importación de frutas y hortalizas.

La creciente globalización de los alimentos, desde la Revolución Industrial, fue la globalización de sus precios, señala Martín Caparrós en su libro El Hambre: “A partir de entonces, un pollo en Senegal ya no vale lo que vale un pollo en Senegal, sino lo que podría costar en París o Nueva York si conviniera transportarlo. Con este sistema, cada vez más productores de alimentos de todo el mundo fueron perdiendo la posibilidad de consumir lo que producen; cada vez más consumidores tuvieron que acostumbrarse a pagar con salarios locales comida global: a comer poco». La producción paraguaya de tomate, por ejemplo, bajó a la mitad de hectáreas entre 2003 y 2013. La pérdida de esta producción, que es la pérdida de la capacidad de alimentar al país, de soberanía alimentaria, hace que en numerosos períodos comprar tomates importados cueste en los mercados asuncenos, hasta cinco veces más que su precio habitual.

El único producto de renta de Primero de Marzo es el alimento insigne de la agricultura paraguaya: la mandioca.

La mandioca, también conocida como yuca, es un tubérculo, como la papa, originaria de Sudamérica. Los primeros registros de su cultivo tienen 4.000 años. Se convirtió en un alimento básico de poblaciones nativas de todo el continente en la época de la conquista de América. Horacio Quiroga la llamó «planta heroica» por su resistencia a la sequía. Su adaptación a climas desérticos hizo que su introducción al África fuera un éxito: es la principal fuente de calorías de 300 millones de personas. Dependiendo de su aislamiento geográfico, existen especies muy venenosas, como el casabe de la selva centroamericana, o poco venenosas, como las del altiplano. Solo en Paraguay hay al menos entre 700 y 800 variedades. Se plantan en el país alrededor de 180 mil hectáreas, unas seis millones de toneladas anuales. «Más paraguayo que la mandioca» se dice cuando se quiere notar la impronta nacional de algo o alguien. Es piedra angular de la gastronomía local: frita, como puré, harina, en forma de almidón o como acompañamiento de las comidas. También se ha convertido en una alternativa para celíacos, siendo ingrediente de la masa de pizzas o tortillas. Es uno de los dos únicos alimentos que la agricultura familiar campesina provee en 100 % al mercado de consumo interno.

Todo esto es la mandioca, un producto por el que los campesinos de Primero de Marzo reciben de paga, como máximo, 3 centavos de dólar el kilo.

El Estado que aparece es el Estado que persigue

Los días de media paz son producto de una mesa de diálogo inestable con el Gobierno y los Bendlin, desde hace más de un año y medio. Pero ni José Velázquez, ni Severiano Ruiz Díaz, ni los demás campesinos y campesinas de Primero de Marzo, creen que solucionará el conflicto. «El Estado, en vez de ayudar, es el contrario», dice Concepción Galeano, pobladora de la comunidad.

Es lo que se discute en la reunión de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), organizada en una de las escuelas de Primero de Marzo. La OLT, a la cual el asentamiento pertenece, fue fundada en 1993 y es una de las organizaciones campesinas con mayor vocería en Paraguay.

Antes de empezar la reunión, cada dirigente hombre o mujer que ha venido de todo el país, da un paso al frente y tira un puñado de granos de maíz sobre una especie de altar que simboliza la producción campesina. El rito es acompañado con deseos de buena cosecha, de fin de la represión y de la desigualdad de género en el campo. La elección de Primero de Marzo como lugar de reunión nacional no es fortuita. Para ellos, Primero de Marzo es la validación del modelo por el cual luchan. Un lugar que produce frente a un sistema que quiere que se compre todo.

La situación del asentamiento es uno de los temas centrales en discusión. Poco tiempo después de la ocupación, en 2013, se creó una comisión vecinal para pedir al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el organismo estatal encargado de los asuntos de la tierra, la expropiación de los terrenos para la reforma agraria. No solo el pedido fue rechazado, además la Fiscalía retiró la lista de la comisión del Indert y procesó a todos sus miembros por invasión a la propiedad privada y asociación criminal. En total, 15 personas fueron imputadas y 3 detenidas. Imputaciones masivas se realizan sin pruebas contundentes. «La Fiscalía imputa a los que identifica al momento de enterarse cómo se llaman, si son dirigentes, [no importa] si habían estado o no en el momento de la intervención, ahí ya les imputan” dice Esteban Irala de la OLT.

A dirigentes como David Méndez1, la Fiscalía lo acusa también de coacción, amenaza de hechos punibles, de liderar un grupo de 100 personas encapuchadas armadas con machetes y rifles que supuestamente ingresó a la estancia de los Bendlin el 28 de marzo de 2015 para robar termos y quemar una camioneta; de tráfico de madera, y del homicidio de dos ciudadanos brasileños sucedido a 50 kilómetros del asentamiento.

Méndez, un hombre que recorre el asentamiento en moto y con boina, y a cuya casa más de 20 personas van a bañarse por ser la única con agua caliente, no sabe cuántas causas penales realmente tiene. Él y los demás imputados de la primera comisión son considerados prófugos, y viven refugiados en Primero de Marzo desde hace cuatro años. Raquel González (1), otra imputada, tuvo que viajar escondida en un camión de frutas para poder parir a su hija en el hospital más cercano. Gustavo Díaz1 se enteró luego de la reunión de la OLT que tenía cinco causas nuevas. «Mi esposa y mi hija se fueron, están en Argentina. Yo no puedo salir de acá porque me agarran», dice.
Severiano Ruiz Díaz está representando a su comunidad frente al Estado que quemó su casa, y frente a los Bendlin, denunciados por contratar a los matones que lo hirieron. Ninguno de los hechos fue investigado por la Fiscalía.

La situación de los miembros de la comisión fundacional de Primero de Marzo es la misma situación de al menos 460 personas imputadas por el conflicto de tierras durante el gobierno de Horacio Cartes. Un total de 273 personas han sido detenidas en este periodo y 50 condenadas. «Ya no sólo se reprime violentamente a las y los luchadores sociales, ya no solo se los imputa restringiendo sus libertades, ahora se abren procesos judiciales que culminan en condenas», escribe la investigadora Marielle Palau.

Para Juan Martens, abogado director del Inecip, el funcionamiento selectivo del sistema penal paraguayo es un instrumento de persecución. «Actúa para dar un ropaje de legalidad a la represión», complementa Palau. Esto se ilustró de manera grotesca en el caso Curuguaty, un desalojo de tierras ocupadas en situación similar a la de Primero de Marzo donde murieron 11 campesinos y 6 policías en 2012. La Fiscalía solo investigó la muerte de los policías en un juicio con numerosas denuncias de irregularidades y condenó a 11 campesinos sin pruebas.

Severiano Ruiz Díaz todavía no sabe de procesos en su contra, «pero mi abogado me dice que en cualquier momento voy a tener», comenta. Por ahora es el presidente de la segunda comisión vecinal, la que está representando a Primero de Marzo frente al Estado que quemó su casa, y frente a los Bendlin, denunciados por contratar a los matones que lo hirieron. Ninguno de los hechos fue investigado por la Fiscalía.

Los campesinos y campesinas piden la titulación de las tierras a su favor. Pero los Bendlin no aceptaron la oferta de compra por parte del Estado. En su lugar se denuncia que planean convertir el sitio en una reserva natural privada, una figura que, según el informe Yvy Jara, se ha vuelto un modo de proteger tierras de posibles expropiaciones, ya que no pueden ser declaradas latifundios improductivos. Además, la Secretaría del Ambiente (SEAM) está obligada a desalojar a las personas que intenten ocuparlas. También beneficia a sus dueños de deducciones fiscales y pueden pedir pagos por otorgar servicios ambientales.

En Paraguay, existen 17 reservas naturales privadas y otras 16 más en proceso de ser declaradas como tales, como Primero de Marzo. «No sé cómo van a declarar reserva un lugar que tiene gente», dice José Velázquez. La mayoría de las reservas lo son solo en el papel. La SEAM no tiene capacidad para vigilar que se cumplan los requisitos de la Ley de reservas, y algunas, públicas y privadas, son utilizadas para tráfico ilegal de madera o cultivos de marihuana. Y Paraguay es el país campeón de la deforestación en Latinoamérica entre 1990 y 2015.

La incertidumbre es el territorio donde siguen moviéndose la población del asentamiento y sus hijos. La comunidad ya ve una segunda generación que pertenece a estas tierras desde su nacimiento. Una generación de niños y niñas que se embarran en los caminos, corren, ríen, moquean y van a la escuela. Que todavía no saben el español de lo jurídico, solo el de los dibujos animados. Que esperan que el almuerzo sea un estofado de gallina, como piden los hijos de Ruiz Díaz.

Mientras ellos crecen, Primero de Marzo sigue esperando, cada amanecer, el segundo estruendo.

(1) Estos nombres han sido cambiados para proteger la identidad e integridad de los entrevistados.

Fuente: Kurtural









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