Martes, 14 Noviembre 2017 14:53

UIF: El sistema offshore es vulnerable al dinero sucio de la política y de los grupos económicos

 

 

Entrevista al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, Sergio Espinosa

 En una época de escándalos financieros, ¿cómo ha contribuido la documentación revelada por el periodismo, desde los Panama Papers hasta ahora, a la labor que realiza la UIF?

El Caso Panama Papers representó la posibilidad de colaboración entre el periodismo y los órganos de investigación, como las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo, respecto de una meta en común: prevenir y combatir a las organizaciones criminales. Este caso ha colocado al beneficial ownership como prioridad en la agenda de las entidades internacionales, que en el pasado han sido un poco tibias con el tema. Incluso varios países de la región y del mundo vienen evaluando cambios en sus legislaciones. Es muy difícil para los Estados saber la real identidad de la persona detrás de una empresa, y ya no solo en paraísos fiscales. Por ejemplo, en jurisdicciones como la peruana, las sociedades anónimas cerradas solo registran las transferencias de sus acciones en libros contables, con lo cual uno no puede saber quién es el dueño actual.


En los últimos días casi 400 periodistas de todo el mundo han publicado los Paradise Papers, una nueva investigación sobre compañías offshore en paraísos fiscales. ¿Cómo analiza la evolución desde los Panama Papers?

Un problema de los Panama Papers fue que generó un daño reputacional enorme a un solo país, que no es el mayor proveedor de este tipo de servicios. Los Paradise Papers incluyen otras jurisdicciones que también son paraísos fiscales. El Reino Unido, por ejemplo, tiene diversas jurisdicciones en el Caribe con cierto grado de autonomía económica y de gobierno. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evalúa a cada una de estas jurisdicciones de manera independiente. Esto da la impresión, para mí incorrecta, de que el problema con los paraísos fiscales es ajeno a los centros mundiales de la economía.


El análisis de los Panama Papers reveló que gran parte de las sociedades administradas por el estudio de abogados Mossack Fonseca habían sido constituidas en las Islas Vírgenes Británicas.

Existen jurisdicciones con mayores debilidades, algunas son parte del Reino Unido o cercanas a Europa, como Gibraltar. Si le preguntas a la Unidad de Inteligencia Financiera de España sobre esta última, te va a decir que es una coladera: allí no hay nada más que hacer que contrabandear y lavar. Uno se pregunta por qué países como Andorra o Panamá tienen un sistema financiero tan grande. Si bien el nuevo gobierno de Panamá ha empezado una reforma importante, el sistema financiero de este país es absolutamente desproporcionado a su tamaño y su economía. Curiosamente, el Reino Unido es evaluado [por la GAFI] por separado de sus jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas. El hermano mayor obtiene una buena nota, pero no pasa lo mismo con sus territorios en donde no se aplican leyes inglesas. La verdad es que a países como Perú y Colombia los miden con una vara que no es aplicada del mismo modo a casos como Delaware, en Estados Unidos, o las Islas Vírgenes Británicas.


¿Cree que el problema con las offshore es estructural?

Totalmente: el problema es estructural. El sistema offshore es vulnerable al ocultamiento de cualquier fortuna de origen ilícito, puede ser de la corrupción, del lavado de activos, del narcotráfico o de la evasión de impuestos. Seguramente hay miles de negocios en esquemas offshore absolutamente legítimos pero hasta qué punto, en el mundo de hoy, donde el combate contra el crimen organizado es global, pueden subsistir estos mecanismos. Incluso cuando las mismas autoridades de estos paraísos fiscales no tienen acceso a la información. Los Paradise Papers contribuyen a hacer más evidente el problema con los paraísos fiscales. La solución tiene que ser global. La legislación de un solo país no puede abordar el problema en toda su extensión.


Los Panama Papers representaron la posibilidad de colaboración entre el periodismo y los organismos de investigación, como las Unidades de Inteligencia Financiera.

¿Las filtraciones también han servido para que estos temas lleguen a una audiencia mayor?

En el pasado el mundo pensaba que el delito tributario era un tema empresarial, al punto que en muchos países no es considerado un precedente de lavado. Ahora los grandes casos de corrupción y lavado son casi como series de Netflix. Hay una mayor conciencia de que los tributos son ingresos que el Estado pierde para infraestructura, salud, etc. Además, en una época en que el nivel de privacidad de los ciudadanos ha disminuido muchísimo, a consecuencia de las redes sociales, la capacidad de indignarse por estos mecanismos opacos ha crecido. Hoy todos hemos perdido privacidad, menos algunos: aquellos que pueden potencialmente hacer más daño. Este efecto es positivo, porque a la tácita alianza entre la prensa y los organismos que combaten la delincuencia, se suma la presión de la ciudadanía para que se investigue.

Aún así, los defensores de los esquemas offshore se justifican diciendo que estas estructuras que son legales.

El debate sobre las offshore siempre ha ido más allá de la legalidad o la ilegalidad. Constituir una offshore no es ilegal y existen razones por las cuales a veces es necesario usar estos mecanismos (inversiones transnacionales, temas familiares o confidencialidad). La pregunta es hasta qué punto estos derechos legítimos justifican que subsista un sistema como este, vulnerable al dinero sucio vinculado a la política y a los grandes grupos económicos.


La UIF del Perú pertenece al Grupo Egmont, instancia que reúne a 152 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. ¿Cuál ha sido el impacto de las filtraciones en este ámbito?

El Grupo Egmont es un mecanismo de intercambio bilateral de información. Por ejemplo, yo no puedo pedir información sobre Alejandro Toledo a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. Debo argumentar ante una UIF específica alguna vinculación con dicho país: residencia, nacionalidad, que el dinero provino de aquella jurisdicción o que existe una empresa constituida en aquel territorio. Tradicionalmente, el sistema funciona de a dos. El mundo de hoy ha demostrado, entre otras cosas por las filtraciones, que este sistema no funciona. No basta preguntar, necesitamos también informar espontáneamente. También se han advertido problemas con la estructura tradicional al afrontar casos como el financiamiento de las personas que van a pelear por el Estado Islámico: no puedes demorarte 30 días para responder un pedido relacionado al terrorismo. Además ocurre que algunas unidades de inteligencia financiera no pueden entregar documentos cuando el caso pasa a la Fiscalía de su país. En el Caso Ecoteva, por ejemplo, Costa Rica dejó de entregar información porque la investigación llegó a su Ministerio Público.


¿Cuál sería entonces la estructura ideal?

Una red conectada mundialmente, una UIF del mundo con acceso a toda la información a nivel global. Un modelo como la Interpol. Nosotros hemos intentado impulsar mecanismos similares a nivel de América Latina, por la similitud cultural y de nuestras legislaciones. Hay aún desconfianza de algunos países, pero estamos avanzando. Claramente, el sistema de hoy no es suficiente y no funciona. Este problema requiere una solución global. Es un proceso lento, sobre todo cuando hay países que mantienen relaciones políticas muy estrechas con jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. A nivel nacional, hay un proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas para elaborar un registro de beneficiarios finales. El objetivo es saber quiénes son las personas naturales detrás de cualquier persona jurídica constituida en el Perú.

¿Este proyecto incluye a las sociedades anónimas cerradas?

Sí. Las personas jurídicas, offshore o no, son ficciones jurídicas que se crean para la facilidad de las transacciones económicas, financieras y comerciales. Sin embargo, la existencia real está en la persona natural que es propietaria del negocio. Este proyecto busca crear una base de datos que sea renovada anualmente con información de los dueños de las personas jurídicas en todo el Perú. Hay mucho interés de parte de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] y los países que la integran en saber si sus ciudadanos tienen inversiones en otras jurisdicciones.

Ahora los grandes casos de corrupción y lavado son casi como una serie de Netflix.

La investigación Paradise Papers, que involucra a personas y grupos empresariales peruanos, ocurre en plena evaluación de nuestro país por la GAFI.

El proceso de evaluación demora 15 meses. En Perú empezó el último día de septiembre [de este año] y terminará la primera semana de diciembre de 2018. Tenemos plazo hasta el 28 de febrero para llenar dos cuestionarios que nos ha facilitado el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), brazo regional de GAFI. El 21 de mayo llegará a Lima la misión de evaluadores por dos semanas para reunirse con autoridades públicas y del sector privado, y contrastar así la información recibida a través de los cuestionarios. En junio, una vez terminada la visita, Gafilat elaborará un informe que será discutido con los demás países de América Latina durante la primera semana de diciembre del próximo año. El informe final será de acceso público.

¿Aprobaremos la evaluación?

Hay que tener en cuenta que es un proceso de evaluación del país. Está involucrada la UIF, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros. En algunos casos podemos mostrar buenos resultados, pero también tenemos puntos débiles como el número de condenas por lavado de activos. Aspiramos a un resultado medianamente favorable.

¿Es un problema que el secreto bancario en nuestro país tenga carácter constitucional?

El primer problema es la interpretación del Congreso. Nosotros pedimos un acceso directo al secreto bancario, que curiosamente otras entidades públicas sí tienen, como la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). No entiendo por qué la interpretación constitucional es más rígida cuando se trata de la UIF, porque no olvidemos que esa valla fue puesta por el Congreso, al Ejecutivo no le quedó otra que aceptar.

El segundo problema es que el derecho al secreto bancario está reconocido en la Constitución, caso muy particular en el derecho comparado que hoy en día no se entiende. Está bien que un ciudadano no sepa cuánto tienen ustedes en el banco, pero sí es positivo que tengan acceso a esta información, la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la propia UIF, entidades que combaten la delincuencia organizada, la evasión tributaria y la criminalidad en general.

¿La UIF recoge investigaciones periodísticas para sus informes de inteligencia?

Nosotros recogemos las publicaciones de la prensa como antecedentes de interés, aunque no necesariamente con toda la información se llega a buen puerto. Por ejemplo, con las investigaciones periodísticas publicadas tenemos identificados los nombres de 100 peruanos y buscamos si hemos elaborado reportes sobre ellos, o si tienen antecedentes en la Fiscalía, etc. Pero no podemos acceder a la información de sus cuentas bancarias. Lo mismo ocurre con la lista de los candidatos a las elecciones. El Decreto Legislativo 1249, publicado en noviembre del año pasado, permite que la UIF solicite el acceso a este tipo de información a través de un juez. Ahí se arma un círculo vicioso. Si yo no puedo saber cuánto ha pagado de impuesto, cuánto dinero tiene en los bancos, lo único que puedo hacer es poner la nueva información como antecedente en mi base de datos.

¿Estas filtraciones son insumo para las investigaciones que realizan autoridades como la UIF?

Son dos bases de datos muy importantes [Panama Papers y Paradise Papers] pero no son las únicas. Lo relevante es que estas filtraciones revelan que hay un montón de información escondida en este tipo de jurisdicciones. Estos casos advierten sobre un problema de legislación, de permisibilidad del mundo con este tipo de estructuras. El problema no ha decrecido, todo lo contrario: sigue siendo un problema mundial. O lo solucionamos todos o vamos a tener que seguir mirando cuando salgan en las noticias.

Fuente: Ojo Público

Visto 31 veces
Publicado en Noticias