A un año del ilegal e ilegítimo robo de su banca a la senadora Kattya González, en un acto de extrema violencia política de género, la justicia paraguaya sigue sin expedirse para revertir esta injusticia y continúan las amenazas a otras mujeres parlamentarias, atacando su derecho a ocupar espacios de poder político.
La participación política de las mujeres y su acceso a espacios de representación han sido conquistas de las luchas de las mujeres en el Paraguay y son indispensables para la existencia de una democracia representativa, participativa y pluralista como lo dicta la Constitución en su artículo 1.
Sin embargo, a diario se siguen produciendo agresiones y amenazas de despojo de sus bancas a mujeres que han accedido a ellas con esfuerzo y no se someten a los poderes fácticos que operan en el país. Ante esto, el Poder Judicial está en silencio y ha sido incapaz hasta ahora hasta de actuar con justicia en el caso de Kattya.
Los ataques a las mujeres políticas, la manipulación discursiva sobre la igualdad y no discriminación de las mujeres por parte de autoridades públicas y la impunidad ante la violencia política de género se producen en el marco de la captura del Estado de derecho por parte de organizaciones delincuenciales, hoy más evidenciadas con la publicación de vinculaciones explícitas de actores de los poderes públicos con el crimen organizado.
Este es el más grave peligro para la República y los poderes públicos deberían dedicarse a desmantelar las redes de la narcopolítica y no a atacar el derecho a la participación política de las mujeres.
Desde el GIPD, de constitución multipartidaria, exigimos:
• Que el Parlamento deje de amenazar a las mujeres parlamentarias y condene la violencia política de género.
• Que el Poder Judicial restituya en su banca a la senadora Kattya González, depure sus instancias de operadores vinculados al crimen organizado y acabe con la impunidad.
• Que todos los poderes públicos rescaten el Estado de manos de quienes trafican influencias al servicio de organizaciones delincuenciales.
Asunción, 14 de febrero de 2025