Esto no es lo que prometieron; esto no es “estar mejor”.
Desde el Grupo de Trabajo Tierra, Ambiente y Derechos Humanos de la Codehupy, manifestamos nuestro más enérgico repudio a las violaciones de derechos humanos que, una vez más, las autoridades del Estado paraguayo han cometido contra familias campesinas. Hoy, en el asentamiento San Miguel del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, unas 230 familias fueron violentamente desalojadas por un gran despliegue de la fuerza pública, y la presencia del Ministerio Público.
Las consecuencias fueron devastadoras. Un campesino resultó herido de bala a la altura del pecho. En el intento de socorrerlo, otras personas también fueron baleadas, incluso en presencia de la prensa. La escuelita y la iglesia de la comunidad quedaron completamente destruidas. También destruyeron cinco transformadores eléctricos que la comunidad había conseguido con sus propios medios. Mataron animales —vacas, chanchos— y arrasaron con todos los cultivos, incluyendo plantaciones de piña. Las familias no pudieron rescatar a sus mascotas, que quedaron atrapadas en el lugar. Todas las casas fueron destruidas. Las familias, quedaron varadas al costado de un camino vecinal. Estamos hablando de niños y niñas, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, familias enteras que solo buscaban vivir en paz, en comunidad, y trabajar la tierra para subsistir con dignidad.
Según denuncias realizadas por Ariel Gauto, de la CODENI del municipio de Maracaná, no se permitió la intervención oportuna para resguardar a la niñez presente en el asentamiento, ignorando gravemente el principio del interés superior del niño y la niña.
Las familias afectadas vivían en el lugar desde hace más de siete años y reclaman la tenencia de unas 2.300 hectáreas atribuidas a un particular. Este conflicto ya ha sido evaluado por la Comisión de Reforma Agraria del Senado, que incluso emitió un dictamen favorable para una eventual expropiación.
Lamentamos profundamente que las autoridades del Estado actúen con mayor rapidez y contundencia para reprimir que para ofrecer soluciones a los problemas sociales de fondo. Es evidente la diferencia en el trato cuando se trata de ocupaciones realizadas por sectores poderosos o millonarios. Repudiamos que el accionar estatal priorice la defensa de la propiedad privada por encima de los derechos humanos más básicos de las familias paraguayas. ¿Dónde queda, entonces, el rol del Estado en garantizar una vida digna, el acceso a la tierra y los derechos de niños y niñas?
Este hecho no es aislado. Desde diciembre de 2024 hasta hoy, junio de 2025, se han registrado más de 10 hechos violentos protagonizados por agentes estatales contra comunidades indígenas y campesinas. Se trata de una política sistemática de criminalización, represión y desalojos forzosos que venimos denunciando desde Codehupy.
En 2021, cerca de 5.000 personas fueron desalojadas sin alternativas ni garantías. Esta situación fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando sobre el retroceso en materia de derechos fundamentales.
Asimismo, comunidades como Ka’a Poty o Hugua Po’i han sido víctimas de la desprotección institucional, quedando expuestas a amenazas, despojo y violencia. En respuesta, desde Codehupy hemos elaborado herramientas como la “Guía de intervención jurídica sobre desalojos forzosos”, para brindar asistencia y orientación en estos contextos.
Hoy reafirmamos nuestra postura: todo desalojo forzoso es violencia.
No hay democracia plena si el acceso a la tierra y a una vida digna se enfrenta con balas, topadoras y omisión de derechos.
Desde Codehupy nos mantendremos vigilantes y exigimos:
- El cese inmediato de los desalojos forzosos.
- La reparación integral a las familias afectadas en Maracaná.
- La revisión urgente de la política estatal sobre tierra y vivienda.
- El cumplimiento irrestricto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
No estamos mejor. ¡Basta de represión y desalojos!
¡El derecho a la tierra es un derecho humano!
Grupo de Trabajo Tierra, Ambiente y Derechos Humanos de la Codehupy: Base Investigaciones Sociales; Tierraviva; Ceri; Heñói; Sunu; Tape´a; Sobrevivencia; Iniciativa Amotocodie.