El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresa su preocupación sobre posibles situaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional en recientes desalojos fiscales-policiales de público conocimiento, a través de una nota dirigida ésta semana a la Comandancia de la Policía Nacional.
El MNP señala en la misiva que la institución policial está facultada a hacer uso de la fuerza legal pero no debe soslayarse que ésta debe ser legítima, necesaria y proporcionada y su uso debe realizarse en el marco del respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas.
Igualmente recuerda las recomendaciones realizadas durante los años de trabajo y gestión del MNP en ocasión de intervenciones puntuales sobre hechos relacionados con la necesidad de que se respeten los límites en uso de la fuerza.
“Una vez más y ante estos nuevos hechos, exhortamos a las instituciones que velen por la seguridad ciudadana y a que cumplan con los estándares nacionales sobre hechos que tienen que ver con desalojos”, puntualiza.
En esta misiva, la presidencia de turno del MNP solicita información sobre los procedimientos fiscales-policiales en los cuales fueron desalojadas grupos de personas asentadas en territorios sociales o de cualquier otro tipo, ocurridos este año, precisando órganos intervinientes, acciones anteriores a la intervención, los resultados de la intervención, número de personas aprehendidas y las que resultados con lesiones de algún tipo. Así también se solicita la información normativa interna como protocolos, reglamentos, acuerdos interinstitucionales, etc., de la Policía Nacional vigente para realizar este tipo de procedimientos.
El MNP fue creado por la Ley 4288/2011, conforme al mandato del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Su objetivo es promover la vigencia de un Estado que prevenga la institucionalización de la tortura e impulsar la participación ciudadana para la plena vigencia de los derechos humanos.
MAYOR INFORMACIÓN: Comisionado nacional José Antonio Galeano, 0981471484