Por Dr. Luis C. Benítez Aguilar
En las últimas décadas, la ciberseguridad ha evolucionado de ser una cuestión técnica a una prioridad estratégica para gobiernos, empresas y ciudadanos.
A medida que la digitalización ha avanzado en casi todos los sectores de la sociedad, la protección de los sistemas informáticos y la información se ha convertido en una pieza clave para garantizar la estabilidad, la privacidad y la seguridad de las naciones. Sin embargo, en muchos países, incluido Paraguay, el desarrollo de políticas públicas efectivas en materia de ciberseguridad ha sido lento y, en muchos casos, insuficiente.
El marco legal que sustenta la ciberseguridad es uno de los principales retos.
En Paraguay, el país aún carece de una ley integral que regule de manera efectiva los aspectos relacionados con la protección de datos, la privacidad en línea y la seguridad cibernética en el sector público y privado. A pesar de algunos avances en la creación de políticas, como la Ley de Protección de Datos Personales, la infraestructura legal y normativa es dispersa y carece de coherencia entre las diferentes áreas que debería abarcar.
Uno de los puntos más débiles es la falta de una institucionalidad sólida y autónoma dedicada a la supervisión y regulación de la ciberseguridad. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), encargado de impulsar la política pública en este ámbito, ha mostrado una respuesta lenta ante la necesidad urgente de un marco integral. Además, no se ha avanzado suficientemente en la implementación de estándares internacionales de ciberseguridad, lo que pone en riesgo no solo los servicios públicos, sino también las infraestructuras críticas como el sector energético, financiero y de telecomunicaciones.
Otro aspecto crucial es la falta de auditoría y evaluación constante de los servicios públicos y privados. La ciberseguridad debe ser un proceso dinámico y en constante actualización, pero en Paraguay, la supervisión de los sistemas informáticos no ha logrado un nivel adecuado de madurez. La carencia de una estrategia de auditorías regulares y transparentes ha dejado a muchas instituciones vulnerables a ataques, con consecuencias que afectan no solo a la seguridad de la información, sino también a la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
El avance en la ciberseguridad como política pública en Paraguay ha sido mínimo. La fragmentación en la regulación y la falta de voluntad política han frenado el desarrollo de un ecosistema robusto que permita a las instituciones del país estar realmente preparadas para hacer frente a los riesgos digitales. La tarea pendiente es construir un marco coherente y efectivo que abarque todas las dimensiones de la ciberseguridad, desde la protección de infraestructuras críticas hasta la capacitación de recursos humanos.
Hoy la ciberseguridad definitivamente es un tema político.
Fuente: Diario Última Hora