Comunicado de la plataforma Japolí ante la emergencia sanitaria en Paraguay

Propuestas de organizaciones sociales contra la desigualdad en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 en Paraguay

La declaración de pandemia por el COVID-19 y las oportunas medidas tomadas por el actual Gobierno nacional tienen efectos importantes en la vida cotidiana de toda la población del Paraguay; sin embargo, afectan de manera desigual a grupos poblacionales afectados por la pobreza e históricamente en situación de alta vulneración de sus derechos. Entre otros, la niñez y la adolescencia, las personas con discapacidad, las personas enfermas y adultas mayores, y las mujeres de sectores populares, principalmente aquellas que son jefas de hogar. En similar situación se encuentra la población campesina que se dedica a la agricultura familiar, así como los pueblos indígenas.

La gran informalidad del sistema económico[1]
hace que los sistemas de seguridad social tengan baja cobertura en el sector
empleador y trabajador. Por tanto, los programas de protección social deben ser
reforzados y ampliados, con énfasis en la tercera edad, infancia y pueblos
indígenas.

En el presente
aislamiento social, los servicios de prevención y atención a la violencia hacia
niñas, niños, adolescentes y mujeres deben contar con recursos técnicos,
infraestructura, y presupuestos adicionales, con el objetivo de acompañar las
diversas situaciones que pudieran ocurrir y ocasionar riesgo de vida.

Es
impostergable la decisión y acción de invertir con recursos genuinos del Estado
en un sistema público universal de salud, que garantice el acceso, la atención y los
cuidados de salud de todas las personas y en todo el territorio nacional, sin
ningún tipo de discriminaciones.

Es necesario que se tomen medidas de alcance nacional, de corto, mediano
y largo plazo, que consideren las diversas especificidades de la población, y
también incluyan de modo integral la seguridad alimentaria, la provisión de
servicios básicos (luz, agua potable y comunicaciones) y vivienda digna,
incluyendo a aquellas personas en situación de calle y a las que viven en
alquileres.

En el corto
plazo, es necesario implementar propuestas que ya han sido emitidas por
otros gremios y organizaciones, tales como:

1. Utilizar los Consejos Locales de Salud, Consejos de Desarrollo Municipal y/o Consejos de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, instalados en la mayoría de las Municipalidades en todo el país. Estos mecanismos probados de articulación interinstitucional e intersectorial, tienen experiencia en planificación y manejo de recursos descentralizados.
2. Liberar el pago por la provisión de servicios básicos (agua y electricidad) para familias de escasos recursos y mipymes.
3. Ampliar la atención a las comunidades indígenas de todo el país, en lo referente a provisión de alimentos, atención médica, acceso a agua potable y saneamiento básico.
4. Continuar el servicio de alimentación escolar a estudiantes en situación de pobreza, a cargo de las gobernaciones y las municipalidades, utilizando el RUE (Registro Único de Estudiantes).
5. Reforzar y ampliar la cobertura del programa alimentario nutricional integral (PANI) a cargo del INAN.
6. Implementar una red de comedores comunitarios en cada municipio, con autogestión de las comunidades y con el apoyo de la DIBEN y la SEN.
7. Fortalecer y aumentar las Unidades de Salud Familiar (USF), con especial atención a las comunidades más vulnerables.
8. Asegurar y ampliar la provisión de insumos médicos adecuados a los centros asistenciales de salud en todo el país; con mecanismos de vigilancia y control de los oferentes de servicios privados, farmacias, cadenas de mercados, y proveedores de insumos básicos, con control de precios.
9. Asegurar la articulación y el funcionamiento en red de todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, sanidad militar y policial, universidades y fundaciones, de manera gratuita para todas las personas.
10. Proveer semillas de rápido cultivo e insumos básicos para la producción de alimentos a pequeña escala y autoconsumo. 
11. Garantizar la provisión de agua potable a toda la población.
12. Articular con mayor fuerza el sistema de seguridad con el sistema de justicia, para la protección de los derechos de la población, especialmente de las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar y de niñas, niños, adolescentes en situación de alta vulnerabilidad.

En tiempos de emergencias, debe maximizarse la efectividad en el uso de
recursos y más que nunca las prácticas clientelares y partidarias deben ser
desterradas. El uso de los recursos públicos debe ser transparente y
monitoreado. Para ello, solicitamos que el Ministerio de Hacienda, DNCP y el
MÍTIC establezcan una plataforma en línea, donde se pueda acceder a todos los
datos de compra, costos y adjudicaciones.

Manifestamos nuestra voluntad para apoyar el
trabajo de asistencia coordinado desde el Gobierno y ponemos a disposición
nuestra experiencia en el trabajo con comunidades y territorios en situación de
vulnerabilidad, a la par que ofrecemos a la ciudadanía canales institucionales
para recibir denuncias de posibles irregularidades y violaciones a sus derechos
básicos, en el marco de la actual crisis. 

El Estado paraguayo, y sus autoridades, tienen
la oportunidad única e histórica de garantizar derechos y reducir las
desigualdades.

Asunción, 26 de marzo de 2020.