Declaración de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe frente a la pandemia por COVID-19
La pandemia de COVID-19 (nuevo Coronavirus) golpea sanitaria, económica, política y socialmente a nuestros países. Las innumerables vidas humanas que se han perdido alrededor del mundo ameritan cambios urgentes en las políticas fiscales que durante mucho tiempo desde sociedad civil venimos reclamando.
Nuestras ya endebles economías ven crujir aún más sus estructuras frente a esta crisis global que amenaza con seguir creciendo y profundizándose en el tiempo. Lejos de estar cerca de una salida a la crisis, los países de América Latina y El Caribe ven acentuar las enormes desigualdades presentes por décadas en la región. Es una realidad que la COVID-19 no nos afecta a todos por igual.
Los Gobiernos de los países de América Latina y El Caribe deben tomar medidas urgentes para atender a toda la población, pero fundamental y especialmente a los que están en la base de la pirámide, a los que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia.
Desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe instamos a todos los gobiernos de la región a replantear seriamente sus sistemas fiscales con el objetivo de revisar los mecanismos de recaudación y transparencia para permitir un mayor flujo de recursos desde los que más tienen hacia los que más necesitan.
Hemos elaborado estas propuestas que pueden ponerse en práctica, pero requieren un amplio consenso social. Estas propuestas vienen siendo parte de la agenda de la Red pero entendemos que frente a esta coyuntura asumen otra dimensión. Así es necesario:
1. Medidas con carácter de urgencia en el corto plazo
a. Efectuar modificaciones a los presupuestos generales con el fin de:
i. Reorientar asignaciones al rubro de salud, para invertir en la adquisición de respiradores, medicinas, salarios del personal médico y mejoramiento de instalaciones.
ii. Tomar medidas de protección del empleo formal, ingreso básico de emergencia para cubrir a trabajadores en condición de desempleo, trabajadores en condiciones de informalidad y autoempleo y trabajadores en condiciones de pobreza.
iii. Impulsar impuestos de emergencia a grandes riquezas y sobre ganancias extraordinarias, impuestos por uso de jurisdicciones offshore para solventar estas medidas.
2. Medidas de mediano plazo:
a. Profundizar el control fiscal a las grandes corporaciones a través de la apertura de sus informes contables, de localización de subsidiarias, de beneficiarios finales y de información tributaria.
b. Elevar la base tributaria, dejando de lado los impuestos regresivos como el IVA, poniendo como aporte central a los presupuestos públicos los
impuestos a la renta, al patrimonio, a la tierra.
c. Profundizar el combate a las prácticas fiscales nocivas (Manipulación de precios de transferencia, uso de servicios financieros offshore, acuerdos para evitar doble tributación).
d. Revisar los incentivos tributarios otorgados a las empresas multinacionales en función de que el gasto tributario total -buena parte relacionada a estos incentivos- equivale al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la región.
e. Promover la creación de un grupo de trabajo sobre integración fiscal y financiera en el marco de CELAC para monitorear medidas.
Los riesgos que conlleva esta pandemia solo son posibles en un modelo de desarrollo insostenible como el actual en donde el lucro está por encima de las vidas. Instamos a los Gobiernos a profundizar y desarrollar políticas fiscales que coloquen a los derechos humanos en el centro de las preocupaciones para que todas y todos tengamos una vida digna. Que el costo de la pandemia no recaiga sobre los y las trabajadores/as.
Son miembros de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe: Fundación SES (Argentina), CEDLA, Fundación Jubileo (Bolivia), Instituto de Justicia Fiscal, INESC, Auditoria Ciudadana de la Deuda (Brasil), CIACE y Red de Justicia Tributaria de Colombia (Colombia); Comisión Nacional de Enlace (Costa Rica);Centro Montalvo (Rep. Dominicana); Jubileo 2000 y CDES (Ecuador); FUNDE, ICEFI (Guatemala); FOSDEH (El Salvador); RMALCQ (México); CEDECAM, Iniet y Coord. Civil (Nicaragua); DECIDAMOS (Paraguay); Latindadd y Grupo Nacional de Presupuesto Público (Perú); ITEM (Uruguay)
Son asesoras de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe: Grazielle David (Brasil) – Katiuska King (Ecuador) – Verónica Serafini (Paraguay)