Dionisio Borda – Fernando Masi
Los planes de reactivación económica y de reforma institucional del Estado, presentados recientemente por el Gobierno Nacional, conducen a un mayor endeudamiento público con dudas sobre los impactos de la racionalización del gasto público, con ausencia de potenciales ajustes tributarios y sin fortalecimiento real del empleo y la protección social.
Endeudamiento público y plan fiscal. Los buenos fundamentos macroeconómicos de los últimos 15 años permitieron el rápido acceso a recursos financieros externos por USD 1.600 millones para el Plan de Emergencia frente a la pandemia. Incluso, será fácil obtener otros USD 350 millones para el Plan de Reactivación Económica, a pesar de que ello implique llegar al límite de la capacidad de endeudamiento del Estado paraguayo (30% del PIB), teniendo en cuenta la muy baja presión tributaria (10% del PIB).
El Gobierno plantea la capitalización de la banca pública (BNF y AFD) con un mayor endeudamiento que acentuará la erosión de las finanzas públicas. A ello se suma el potencial endeudamiento derivado del financiamiento privado de obras públicas en el primer semestre de 2021 (proyectos llave en mano y de asociación público-privada), que el Gobierno se encuentra considerando.
Este incremento rápido de la deuda pública no se encuentra respaldado por un plan fiscal de mediano plazo, pues el Gobierno no dio a conocer una estimación razonable de los recortes del gasto público y no considera el ajuste tributario necesario.
Si bien es cierto que el Gobierno presentó medidas para la racionalización del gasto, tales como revisión del proceso de compras públicas, nueva ley del servicio civil, reestructuración del Poder Ejecutivo (reducción de ministerios), limitación de aumentos salariales y de gastos innecesarios; no existe, sin embargo, una estimación del ahorro fiscal que se obtendría con la puesta en marcha de esas medidas.
En lo que concierne a la supresión de ministerios, cabe recordar que este mismo Gobierno es responsable de la creación de varios de ellos. En cualquier caso, estas medidas se implementarán en el mediano plazo, requiriendo de una alta capacidad de gestión que el sector público ha demostrado no tener.
En términos del ajuste tributario, el Gobierno contempla solamente la revisión de las leyes vigentes de exención de impuestos, que significan para el Estado una pérdida de recaudaciones equivalente a casi el 2% del PIB. Esta tarea demandará cierto tiempo para el planteo de la eliminación de incentivos fiscales y las discusiones pertinentes.
De todas maneras, esa sola medida no será suficiente para hacer frente a los pagos anuales de la deuda pública, que se siguen acumulando rápidamente. Además, la recaudación proveniente de la reforma tributaria vigente no será mayor al 1% del PIB. Por lo tanto, para lograr un aumento importante del ahorro fiscal, no basta con recurrir solo a las medidas de racionalización de los gastos públicos, sino también a un ajuste tributario sustancial para el momento de la recuperación económica, que este gobierno está obligado a asumir.
Empleo y Protección Social. Un mayor ingreso tributario no solo es necesario para el creciente pago de la deuda pública, sino también para hacer frente a los problemas sociales de la población, derivados del paro de actividades económicas como consecuencia de las medidas impuestas por la pandemia.
Los costos de la recesión económica de 2020 serán mayores para los sectores que generan más mano de obra, tanto en el sector urbano como rural.
El poco acceso de las mipymes a los créditos obedece a su alto componente de empleo informal, lo que explica el éxito solo parcial del Fondo de Garantías orientado a ese segmento empresarial. Y no será posible materializar en un solo semestre las propuestas del Gobierno de formalización de este segmento.
La agricultura familiar campesina, el otro segmento informal que ocupa mucha mano de obra y provee de alimentos al mercado interno, se encuentra atrapada en altos costos de intermediación comercial y dificultades de acceso a créditos blandos.
Por otro lado, las propuestas del Gobierno de protección social de la población deben abarcar un sector vulnerable creciente. Es decir, a un cuarto de la población en situación de pobreza (2019) que irá en aumento con la recesión actual (-5% según FMI).
El Gobierno anunció nuevos fondos de USD 250 millones para el programa Pytyvõ y de USD 9,7 millones para programas focalizados como el de adultos mayores, Tekoporã y Abrazo. El Gobierno pretende, acertadamente, conseguir USD 80 millones del endeudamiento público para cubrir estas necesidades, pero no resulta totalmente claro de dónde obtendrá el resto del financiamiento para los sectores vulnerables, y tampoco si este financiamiento será suficiente considerando la escala del problema.
La pandemia puso en evidencia las graves falencias de nuestros sistemas públicos de salud y educación, como también la poca transparencia del manejo de los escasos recursos públicos disponibles. El Gobierno propone la reforma del sector salud en el primer semestre de 2021 y la transformación educativa. Sin embargo, en sus planes no están detallados los costos de estas reformas ni sus fuentes de financiamiento.
En definitivas, para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, los planes del Gobierno implican claramente el acelerado endeudamiento público de un Estado pequeño, débil, con escasa capacidad de gestión y poco transparente. No se visualizan los resultados de ahorro fiscal de las medidas de racionalización del gasto público, como tampoco se contemplan los ajustes tributarios necesarios para el pago de los compromisos de la deuda, y para cumplir con la responsabilidad social del Estado.
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