Una serie de manifestaciones contra la gestión de la pandemia de Covid-19 conmocionan la política paraguaya. Si durante la primera ola el país logró resultados sorprendentes, hoy se ve inmerso en la crisis sanitaria. Las manifestaciones, que apuntan al presidente Abdo Benítez, transcurren en un difícil momento para todo el país, en el que las cifras de contagio se disparan, la interna en el Partido Colorado se agita y el cansancio social se acumula.
El 7 de marzo se cumplió un año desde que se registró el primer caso de Covid-19 en Paraguay. En esa coyuntura, las autoridades sanitarias del país ganaron elogios a escala nacional e internacional por las rápidas y acertadas medidas tomadas: cierre de frontera y declaración de la cuarentena total. Las decisiones adoptadas en ese contexto tuvieron como principal motivación preparar al deficiente sistema de salud paraguayo para afrontar el panorama complejo que se avizoraba, considerando los estragos que venía causando la pandemia en los demás países del mundo y de la región.
Tal como señalan varios especialistas, la inversión social en Paraguay es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población y se mantiene muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Según datos de 2019, 72,9% de la población paraguaya no cuenta con ningún tipo de seguro médico, mientras que el presupuesto de la administración central destinado a salud apenas alcanza 2,1% del PIB, cuando organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan destinar al menos 6% del PIB para gastos públicos en esa área.
Sin embargo, los preparativos anunciados por las autoridades sanitarias paraguayas en los inicios de las medidas de pandemia mostraron paupérrimos avances. La compra irregular de insumos médicos provenientes de China, en abril de 2020, pusieron en evidencia una red de tráfico de influencias y manejos indebidos en las compras públicas, dando el primer golpe que hizo tambalear al entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.Las deficiencias del gobierno en la gestión de la pandemia se evidenciaron también en la inacción para garantizar la provisión de vacunas. Las casi nulas gestiones internacionales con los diversos fabricantes, sumada a una confianza extrema en el COVAX —un mecanismo de alcance global que pretendía asegurar la disponibilidad de vacunas de os países de bajos ingresos— como única alternativa contemplada para la obtención de vacunas, pusieron al país en la cola de todas las listas de provisión. El primer cargamento de vacunas que arribó al país fue de la vacuna rusa Sputnik V, el 18 de febrero, con solo 4.000 dosis, que apenas permite inmunizar a una ínfima parte del personal de salud. Esta situación coloca al país entre los menos inmunizados de la región en la actualidad, con apenas un 0,02% de personas inmunizadas por cada 100 habitantes. Muy por detrás del 26,62% de Chile, el 5,34% de Brasil, el 3,35% de Argentina, el 3,53% de Uruguay, el 1,2% Perú, el 1,02% de Bolivia, el 0,71 % de Colombia, el 0,43% de Ecuador, y el 0,04% de Venezuela.
Pero la gota que desbordó el vaso fue la falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos, que se tornó evidente en las últimas semanas. Tanto el personal médico como los directivos de los nosocomios que atienen a pacientes de Covid-19 denunciaron la falta de medicamentos y otros insumos básicos, lo que obliga a los pacientes a cubrir todos los costos. Esta situación no solo generó el reclamo de familiares de los pacientes, sino también el anuncio de su dimisión por parte del director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), así como la protesta del personal sanitario.
En este contexto, el 4 de marzo, en su primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Senadores instó a las autoridades de Salud a presentar renuncia a sus cargo. Uno de los principales argumentos esgrimidos por los senadores fue que esa Cámara había apoyado firmemente los pedidos realizados por la cartera de salud, aprobando todas las solicitudes de ampliación de fondos. No obstante, el Ministerio de Salud demostró grandes fallas en la gestión y ejecución de los fondos, dado que personal médico y pacientes denuncian faltantes de insumos mientras que la institución cuenta aún con «un saldo de 126 millones de dólares para la adquisición de insumos» en su presupuesto. Claramente, el tiempo ganado por las autoridades sanitarias al inicio de la pandemia con las medidas de cuarentena se había desperdiciado.
El tenor de los reclamos fue escalando en intensidad, con insistentes pedidos de renuncia de las autoridades sanitarias e incluso de juicio político al propio presidente Mario Abdo Benítez. La primera convocatoria de movilización por parte de la sociedad civil se produjo el 5 de marzo y concitó la atención y el apoyo de diferentes sectores de la prensa. La consigna «Estoy para el marzo 2021», hacía referencia a dos episodios de la historia reciente de la democracia paraguaya. El primero, a la fatídica jornada de protesta realizada entre los días 23 y 28 de marzo de 1999, tras el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, que terminó con la muerte ocho manifestantes, más de 700 heridos y la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas (1998-1999). El segundo, a la manifestación del 31 de marzo de 2017, en contra del intento de reforma constitucional liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) con el fin de habilitar la reelección presidencial, que terminó con la quema del Congreso paraguayo y el asesinato de un joven militante en la sede del Partido Liberal.
La manifestación del 5 marzo pasado, que inauguró la serie de movilizaciones actuales, fue multitudinaria. Algunos análisis refieren una convocatoria de entre 5.000 y 10.000 personas (en una ciudad de poco más de medio millón de habitantes). Pero lo que arrancó como una protesta pacífica, acabó en violencia policial a causa de unos pocos manifestantes que atropellaron las vallas de seguridad de la policía. Las fuerzas de seguridad aprovecharon la situación para despejar desatando una fuerte represión que terminó con decenas de heridos. Esta no hizo más que caldear los ánimos de una ciudadanía afectada por la mala gestión del gobierno, agotada por los embates del covid-19 y golpeada económicamente por los efectos de la pandemia.
De manera ininterrumpida, se vienen organizando jornadas de protesta al final de la jornada laboral, ya sea en las proximidades de la residencia presidencial, en las inmediaciones del Congreso o frente a la residencia del ex presidente Horacio Cartes, líder de la fracción Honor Colorado cuyo voto puede definir el juicio político. Si bien la cantidad personas convocadas no alcanza los números del primer día de protesta, una multitud de alrededor de 2.000 personas vienen ganando las calles cada día. Lo sorprendente sigue siendo la persistencia de estas protestas, aún sin una organización o cara visible a la cabeza.
En la trastienda de toda esta coyuntura se pueden identificar dinámicas y disputas políticas muy anteriores al advenimiento de la pandemia. En la joven democracia paraguaya se fueron consolidando ciertas reglas y patrones en el juego político, entre los cuales se destaca la limitación del poder político del presidente una vez concluido su mandato. No solo impera la prohibición de reelección presidencial, sino que, además, queda bloqueada su postulación al Congreso. Una suerte de «jubilación política» obligada.
Más allá de estas condiciones, todos los presidentes electos desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 buscaron vías para sortear esta situación. Cada uno de ellos coqueteó con la idea de la reelección presidencial avanzando, de manera creciente y de presidente en presidente, en los intentos de reformar las normas que la impiden. Algunos ex mandatarios buscaron también su acceso al Congreso, como, por ejemplo, los expresidentes Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Fernando Lugo (2008-2012). Pero, mientras que al primero le fue prohibido el acceso a las bancas en la Cámara de Senadores obtenidas en las elecciones de 2008 y 2018, alegando cláusulas constitucionales poco claras, el segundo pudo sortear esa situación a causa de su destitución a través de un juicio político. De todas formas, uno y otro ex presidente consiguieron mantener cierta presencia en la arena política nacional, pero ya no con el nivel de preponderancia que alguna vez habían logrado. Ese no es el caso del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).
De la misma manera que sus antecesores, Cartes coqueteó con la idea de la reelección presidencial, llegando incluso a ser el presidente más próximo a obtenerla. También se postuló como candidato al Senado, cargo para el cual fue electo, pero, al igual que Duarte Frutos, le fue bloqueado el acceso. La peculiaridad del caso radica en que Cartes logró mantener articulado su espacio político en el interior del Partido Colorado. Aun cuando su candidato a presidente fue derrotado en las internas partidarias por el actual presidente Abdo Benítez, posee la mayoría de los diputados colorados en el Congreso, así como representantes en el Senado, las gobernaciones e intendencias (alcaldías). Por tanto, continúa manteniendo una inusitada presencia política, situación hasta ahora nunca vista en los anteriores expresidentes de la transición.
En lo que va del gobierno de Abdo Benítez, el ex presidente Cartes ha sabido manejar su fuerza política como palanca de sus demandas. Logró así mantener a sus representantes en la cabeza del Partido Colorado y articular cierta concordia con el gobierno. De todas formas, su juego sigue siendo el de debilitar al presidente para garantizar el fortalecimiento del cartismo en el coloradismo, que le garantice una victoria en las elecciones municipales de este año y la candidatura presidencial de su sector para las próximas elecciones de 2023. Los comicios municipales del presente año constituyen otro elemento clave que incide en la trastienda de la actual coyuntura política. En el caso paraguayo, las elecciones municipales se realizan de manera separada a las nacionales, con dos años de distancia. Debido a las medidas de cuarentena del año pasado, las elecciones fueron postergadas para el 10 de octubre del presente año, mientras que las internas partidarias simultáneas se realizarán el 20 de junio. En este contexto, queda claro que las diferentes fuerzas políticas del país tienen presente los próximos desafíos electorales para el desarrollo de sus estrategias de intervención en el actual escenario. Primero en las elecciones internas y luego en las municipales.
La crisis fue atendida por el presidente Abdo Benítez con exagerada lentitud y parsimonia. Sus principales acciones tendieron al reemplazo de algunas cabezas ministeriales (especialmente en las carteras de Salud, Educación y de la Mujer) y a las negociaciones con su principal oposición intrapartidaria liderada por Cartes. En un segundo plano quedó la satisfacción de las demandas que iniciaron las protestas, que todavía no encuentran una clara solución.
Aunque estas medidas lograron tranquilizar los ánimos de sectores de la prensa (en especial el conglomerado de medios del expresidente Cartes), no desactivaron la movilización en las calles. Tampoco frenaron las acciones de la oposición en el Congreso, que insiste en avanzar con el juicio político al presidente, aunque los números no le son favorables aún en ambas. De todas formas, la oposición parecería estar subsumida a las disputas libradas en el seno del Partido Colorado, el viejo partido que gobernó el país durante la dictadura de stronista.
Hasta el momento queda claro que la actual crisis política no ha sido superada, más allá las diferentes medidas llevadas adelante por el gobierno y los acuerdos políticos realizados con algunos sectores. La movilización ciudadana continúa activa y la insatisfacción generalizada a causa de la gestión de la crisis sanitaria sigue latente, aunque el gobierno, con el apoyo del cartismo, tiene garantizado aún el respaldo parlamentario capaz de bloquear cualquier intento de juicio político.
Pero nada está completamente definido. La situación puede verse afectada con las derivaciones de la pandemia que sigue golpeando con fuerza al país. Un sostenido crecimiento en las cifras de contagio, la completa saturación de los servicios sanitarios, el retrasado proceso de vacunación y la persistencia de la movilización en las calles podría convertirse en un cóctel explosivo capaz de provocar incluso la caída del presidente Abdo Benítez. De todas formas, incluso si sobrevive en el poder su panorama resulta muy complicado, envuelto en una crisis de difícil superación y cuyas derivaciones parecen arrinconarlo ante dos únicas opciones: el juicio político o su entrega a los brazos del cartismo.
Fuente: Por Ignacio González Bozzolasco para Nueva Sociedad.
