En el marco del proyecto «Fiscalidad para la equidad social» se realizaron dos mesas de análisis el lunes 18 de junio sobre temáticas concernientes a las desigualdades territoriales, el acceso a servicios de salud y las Unidades de Salud de la Familia (USF).
Las desigualdades departamentales, el gasto y el financiamiento del desarrollo territorial, fue el tema debatido entre integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores Auténticos (CUT-A) y la economista Lila Molinier.
Durante la mesa se expusieron los resultados y cifras comparativas entre departamentos en diferentes áreas como salud, educación, acceso a servicios básicos, etc., y las desigualdades que surgen. Con respecto a programas de protección social Molinier señaló «En un primer momento es importante priorizar a los pobres. Si vemos que los programas focalizados no están cubriendo la necesidad en un 70% (pensión para adultos mayores en situación de pobreza, por ejemplo) es porque falta mucho aún.
Al respecto un participante señaló que «Vivienda, salud, trabajo y educación son las necesidades más básicas. Todos tenemos derecho a servicios básicos, a un nivel de vida por lo menos básicos y de ahí, construir».
Consideraron como tema central que debe tenerse en cuenta la corrupción y la rendición de cuentas: «No puede ser que se entregue 1 millón de dólares y no se rindan cuentas. Si no se rinde, no se le da más. No hay justicia»
Una situación preocupante es la realidad de Caazapá y departamentos con alta pobreza y desigualdad donde predominan la ganadería y la soja, y sus efectos sobre la agricultura familiar y la salud de la población.
Un punto que llamó la atención particularmente a integrantes de organizaciones juveniles indígenas provenientes de Boquerón y Pdte. Hayes con respecto al territorio del Chaco es la falta de datos y la poca confiabilidad de los disponibles.
La siguiente mesa de análisis fue compartida con mujeres integrantes del Centro de Ayuda Mutua Salud Para Todos (CAMSAT), organización vecinal del Bañado Tacumbú. Entre los temas tratados se debatió acerca del acceso a los servicios de salud, al sistema nacional de salud en el marco de los derechos humanos; así como el acceso a las Unidades de Salud de la Familia; su cobertura en la población de escasos recursos y los servicios disponibles.
Cabe destacar que durante el debate con las y los participantes, se dio una suerte de validación de los datos presentados en relación a su experiencia con las Unidades de Salud de la Familia. Consideran de vital importancia este servicio para sus comunidades.
Remarcaron que el derecho a la salud es una cuestión palpable como una necesidad barrial. En este sentido, reconocieron que la generación de nuevos impuesto pueden ayudar al fortalecimiento de las USF y es una prioridad; ya que una USF desabastecida no aporta. El fortalecimiento de este sistema debe ser prioridad para que las personas en situación de pobreza pueda acceder a este derecho, puntualizaron.