El jueves 5 de julio se llevó a cabo el seminario «Reforma tributaria e inversión social en la lucha contra la desigualdad» en el Gran Hotel del Paraguay, en el marco del proyecto Fiscalidad para la equidad social, llevado adelante por Decidamos y el CADEP y con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, FEEI.
En la ocasión fue lanzado el libro Fiscalidad para la equidad social, tomos I y II, con 13 artículos de investigación que abordan entre las temáticas: la contribución impositiva; las desigualdades departamentales, el gasto y el financiamiento del desarrollo territorial; la protección social y el cuidado; equidad fiscal e igualdad de género; equidad tributaria y acceso a servicios de salud; equidad y eficiencia del gasto en educación.
Durante el seminario, fueron presentados 3 estudios.
La economista Verónica Serafini se refirió a los vínculos entre la política tributaria y la política de gastos. Cómo se espera que el presupuesto público reduzca las desigualdades a través de políticas públicas. Por otro lado se encuentran los ingresos. Las ganancias que tenemos por el lado del gasto al reducir desigualdades se neutralizan al cobrar los impuestos. Es decir, las políticas de gastos ayudan a reducir desigualdades y el caso más fácil de ver es el del servicio de agua potable. Al aumentar más rápido la cobertura en el sector rural, redujo las brechas entre sector urbano y rural de los últimos 15 años.
Lo que demuestran los estudios es que la política tributaria al ser tan inequitativa reduce o contribuye a aumentar las desigualdades que reduce la política de gastos. Por lo tanto por más que gastamos, tratando de llegar a quienes estén más lejos de los promedios nacionales, siempre vamos a tener el obstáculo de una política tributaria basada en impuestos indirectos que no ayuda a reducir las desigualdades.
Señaló que cuando hablamos de derechos humanos están los que son amparados en la Constitución Nacional como el derecho a la tierra, salud, vivienda, educación, etc. Todos esos derechos tienen principios que tienen que ver con el financiamiento: destinar el máximo de recursos posibles, la no discriminación y el no retroceso.
¿Qué es el máximo de los recursos disponibles? se preguntó. Explicó que para ello se realizan los análisis de equidad tributaria para ver si es posible aumentar o no los impuestos para tener más fondos para las políticas públicas. Subrayó que ese principio no lo estamos cumpliendo cuando existen en la sociedad sectores que no están aportando lo que deberían para el desarrollo del país. Cuando miramos las desigualdades partimos por áreas: sector urbano – rural, desigualdades económicas por deciles, desigualdades de género e incorporamos una que es las desigualdes territoriales que ahora es posible conocer a través de las encuestas de hogares. En término de derechos humanos, esto último implica que nacer en un departamento significa estar más excluido que en otro departamento del país. Esto viola el principio de la no discriminación de las políticas públicas.
Cuando hablamos de derechos tenemos que ver a cuántos llega la cobertura, quiénes están excluidos o discriminados pero también tenemos que mirar si Paraguay está cumpliendo o no con los principios relativos al financiamiento. Tenemos la costumbre de ratificar todos los acuerdos internacionales pero a la hora de diseñar las políticas lo hacemos a medias o sin el financiamiento necesario.
Debemos demandar el diseño de políticas pública a la luz de los derechos humanos y el financiamiento de esas políticas de manera equitativa.
Bajo una mirada histórica y en el contexto de las desigualdades, la historiadora Milda Rivarola señaló que desde la época colonial la población que ha soportado mayor desigualdad, discriminación, siempre han compartido características como ser guaraní parlantes, en situación de pobreza, iletrados o de escasos años de estudio y que viven en el interior o en la periferia del centro; y muchos de ellos son mujeres o adolescentes.
Las funciones sociales del Estado paraguayo se dieron en detrimento de los derechos políticos, civiles de la ciudadanía. Los derechos sociales eran decretados desde arriba sin la participación de gremios de trabajadores y otros. Hasta ahora las y los desiguales no exigen al Estado la garantía de sus derechos sociales. Quizás esto tiene que ver con el hecho de que la primera legislación y políticas sociales se hicieron reprimiendo a los movimientos sociales, de ahí que sea visto como un regalo o concesión de los poderosos.
Las desigualdades están presentes en los números de años de estudio de la población, en el acceso a la salud y servicios, protección social, etc.
Por último, el economista Fernando Masi habló sobre la importancia de la contribución impositiva para el desarrollo económico, y cómo es un problema para toda América Latina porque solo avanzan aquellos que tienen más conciencia de ciudadanía y aportan de acuerdo a quienes generen una mayor renta.
Recordó que en aquellos países donde se ha tenido un éxito impositivo se debe a que poseen instituciones fuertes que llegan a la ciudadanía para que ésta comprenda y vea los resultados de contar con infraestructura, acceso a servicios, etc., gracias al desarrollo económico generado con un sistema tributario equitativo.
En 2014 el 31% de los impuestos en América Latina eran impuestos directos y el 69% impuestos indirectos. Las reformas tributarias implementadas en América Latina se concentraron en atacar el problema de la baja recaudación de los impuestos directos, especialmente el impuesto a la renta personal y el impuesto inmobiliario. Los altos grados de evasión y elusión tributaria, sumado a las ventajas impositivas, son los principales obstáculos para el aumento de las recaudaciones.
En Paraguay luego de la reforma tributaria del 2014, las recaudaciones aumentaron significativamente así como el número de contribuyentes. Sin embargo, no ha tenido el mismo dinamismo que el crecimiento económico. Las evasiones forman parte de sectores de la economía que todavía no cree en la necesidad de las contribuciones impositivas, así como el sector formal que aun teniendo tasas impositivas muy bajas, utilizan mecanismos para evitar la totalidad del pagos de impuestos.
La falta de recursos tributarios suficientes para políticas públicas no puede ser reemplazado con mayor endeudamiento. Es importante apuntar a una nueva reforma tributaria que considere la capacidad de pago de los contribuyentes, reduciendo las exoneraciones, y de esta forma apoyar al desarrollo económico y social del país.