Los días 27 y 28 de julio se llevó adelante en Cartagena (Colombia) la Primera Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe por una Tributación Global, Incluyente, Sostenible y Equitativa. Para aprovechar la oportunidad que brindó la realización de la Cumbre, más de 50 organizaciones de la sociedad civil se dieron cita en Cartagena para hacer oír su voz y reclamar por una transformación real y efectiva de los sistemas tributarios regresivos, imponer la progresividad en materia fiscal y exigir terminar con las guaridas fiscales que provocan pérdidas millonarias a los Estados.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia, (el único funcionario de ese rango que estuvo presente en la Cumbre) colocó como un punto central de su intervención la construcción de la progresividad tributaria y el control y regulación de las guardias fiscales.
Las organizaciones de la sociedad civil que llevaron adelante actividades antes y durante la Cumbre consideraron —en general— que la realización de la misma fue un paso adelante y dejaron sus recomendaciones sintetizadas en un documento que fue entregado en la Cumbre para que se tengan en cuenta a la hora de operativizar la plataforma regional. Sin embargo, vieron con gran preocupación el bajo perfil político que atravesó el evento ministerial y que se expresó en la Declaración firmada por los y las representantes de los gobiernos. Además, mostraron su preocupación por las ausencias de figuras con peso político en varias delegaciones o países que directamente no enviaron representantes.
Camino a la Cumbre, pedimos la opinión de algunos integrantes del Consejo de Coordinación de La Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC). Una vez finalizado el evento, quisimos conocer sus impresiones a modo de un balance preliminar.
Rodulio Perdomo (Fosdeh) acentuó el aspecto positivo de la realización de la Cumbre “porque esto que comenzó algunos pocos años atrás tenía un carácter subregional, luego adoptó uno más de región y ahora ha adquirido dimensión más internacional. Lo digo en el sentido de que existen grandes corporaciones que operan a nivel mundial están un poco preocupadas por este proceso que ha iniciado la justicia fiscal y esto vale la pena considerarlo. Me parece interesante que a la incidencia de estos temas en la educación, debería sumarse la salud y sumar organizaciones como los sindicatos”.
Enrique Daza (Cedetrabajo) publicó un artículo en el portal Las 2 Orillas en el que destacó que la Cumbre “no tuvo los resultados esperados, no abordó los temas previstos y contó con una asistencia limitada. Fue muy inferior a las expectativas”. Repasando el itinerario hacia la Cumbre resaltó que “Con la salida de Ocampo (exministro de Hacienda de Colombia), la propuesta fue bajando de perfil y al final resultó en lo que se vio, una reunión lánguida y sin definiciones concretas (…) La mayoría de asistentes fueron viceministros o funcionarios de tercer o cuarto nivel y sin mandato para adoptar definiciones en temas claves”, resaltó Daza.
Para Nathalie Beghin (Inesc), “la Cumbre fue desacreditada por los gobiernos de Latinoamérica porque —con excepción del ministro de Hacienda de Colombia— no participó ningún otro ministro. Además, sólo una docena de países estuvieron presentes revelando que el tema de la cooperación tributaria no es prioridad para los países de la región”.
“Sin embargo —matiza Beghin— hay que reconocer que se alcanzaran algunos logros que ameritan nuestra atención: del lado de los gobiernos, se instaló una presidencia pro-tempore que se inicia con Colombia; se creó una Plataforma regional que dará el seguimiento a la Cumbre; se anunciaron mecanismos de participación social y se establecieron algunas prioridades para empezar a trabajar, como la progresividad de los sistemas tributarios y el tema de los beneficios fiscales. Del lado de la sociedad civil, se amplió el número de organizaciones y movimientos sociales que trabajan con el tema tributario —más de 120 personas estuvieron reunidas en Cartagena— y se construyeron de forma colectiva recomendaciones que nos servirán como hoja de ruta para las actividades de monitoreo en la pos-Cumbre.
Ahora —reflexiona Beghin— tenemos el desafío de mantener movilizadas las energías de la sociedad civil para presionar los gobiernos latinoamericanos así como la Plataforma para que (i) se amplíe el número de países participantes, (ii) se elabore e implemente un plan de acción y (iii) se instalen los grupos de trabajo así como el Consejo Consultivo de la sociedad civil que sea representativo de la diversidad de las organizaciones y movimientos sociales de la región.”
Para la mirada de Luis Moreno (Latindadd), “fue importante haber promovido un espacio de articulación regional para la cooperación y el fortalecimiento de nuestros países frente a lo que se viene trabajando en otros espacios internacionales que afectan a las decisiones en materia de política fiscal en nuestra región. Creo que es un paso adelante, al menos en el acuerdo de propuestas para poder cooperar regionalmente. Como organizaciones de sociedad civil hemos estado buscando espacios como este a lo largo de la última década. Sin embargo, un aspecto no favorable es que no hubo una fuerte decisión política en conjunto. Muchos de los países aún no han endosado su adhesión a la Cumbre o su intención de participar en este proceso. Esperemos que se pueda revertir esta participación ‘tibia’ de los países, porque un aspecto flaco también fue la no participación de los ministros, salvo Bonilla que estuvo solamente en el acto inaugural. Pese a estas debilidades, Moreno cree que la Cumbre “sienta un precedente en la región para tratar de fortalecer las políticas en materia de tributación para la cooperación regional, frente al abuso fiscal de las grandes corporaciones y las grandes riquezas. Esperemos que finalmente se cumpla la creación de un espacio para la participación real de sociedad civil dentro de la estructura de gobernanza de la Cumbre fiscal. Hay que estar atentos para que los países puedan trabajar sin interferencia de intereses corporativos, sino por los intereses propios que promuevan justamente la movilización de recursos domésticos para el financiamiento de las políticas públicas y de un nuevo modelo de desarrollo que nuestros países requieren.”
Finalmente, Adrián Falco, secretario de la Red y miembro de Fundación SES resaltó que: “Este proceso todavía está en marcha. No fue en muchos aspectos lo que esperábamos pero rescato la posibilidad de tener una plataforma regional para discutir sobre la agenda tributaria a diferentes niveles”. Por otro lado enfatizó que “es una suerte poder contar con el apoyo de la viceministra de Hacienda de Colombia, María Fernanda Valdez, una persona que conoce el tema y que estamos seguros apoyará la labor de las organizaciones sociales desde el primer día de funcionamiento de la plataforma”. Por último declaró que “la puja de poderes a nivel global sobre la agenda tributaria se materializa con fuerza en cada espacio de interlocución con gobiernos. Pasa en la OCDE, pasará en Naciones Unidas si es que logramos tener una Convención Fiscal y este nuevo espacio no será la excepción. Esperamos que los países latinoamericanos miembros de la OCDE fortalezcan las posiciones de la región frente al llamado ‘club de los países ricos’”.
Con los avances y contradicciones que dejó la Cumbre, quedan planteados múltiples desafíos en el camino hacia la justicia fiscal.
Fuente: Red de Justicia Fiscal