Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación con respecto al proyecto de ley «QUE ESTABLECE EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO», actualmente en estudio por parte del Congreso de la Nación, así como los hechos y exposiciones en el Senado donde dejaron evidenciado muchas intenciones. Reconocemos y apoyamos la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, que además ya existen en varias instancias del gobierno. Sin embargo, consideramos que esta iniciativa legislativa, tal como está formulada, no contiene lineamientos en tal sentido. Por el contrario, establece medidas, obstáculos y restricciones que atentan contra derechos y principios fundamentales garantizados en la Constitución Nacional, restringiendo el funcionamiento y la sostenibilidad de todo tipo de organizaciones civiles.
Nos preocupa profundamente que en la sesión del Senado de la tarde 8 de julio, se hayan tergiversado hechos, y expuesto de manera injusta, a personas y organizaciones que operan legalmente y con integridad. Esta ley, que debería promover la transparencia y la rendición de cuentas, parece ser utilizada para perseguir y silenciar a aquellos considerados oposición. Rechazamos categóricamente estas acciones y exigimos que se respete la legalidad y la justicia, asegurando que la ley no se convierta en un instrumento de persecución política. Continuaremos defendiendo nuestros derechos y principios, haciendo un llamado a la comunidad y a las autoridades para que se unan en la protección de la democracia y la libertad de expresión.
Por tanto, manifestamos nuestro repudio a la tergiversación y manipulación realizada por senadores con relación a una conversación desarrollada entre algunos representantes de organizaciones sociales. Consideramos inaceptable que se distorsione la realidad de los hechos y desvirtúe la esencia de nuestras propuestas y preocupaciones. Hacemos un llamado a la responsabilidad y al respeto mutuo, para que juntos podamos trabajar en beneficio del país y de sus ciudadanos.
Instamos a las autoridades del Parlamento a llevar a cabo una revisión exhaustiva del proyecto de ley en consulta con las organizaciones afectadas de forma objetiva y respetando la Constitución Nacional, el Código Civil y Estado de Derecho. Es fundamental asegurar que las medidas promuevan el fortalecimiento, la operatividad y la transparencia sin socavar principios y derechos.
Es fundamental, que un marco regulatorio que afecte a todo un sector debe necesariamente construirse con la inclusión y las voces de quienes forman parte.
Creemos firmemente que los procesos públicos deben llevarse a cabo con total transparencia, permitiendo un diálogo abierto y un debate inclusivo que refleje el principio de lo “público en público”. Es esencial que las decisiones que afectan a la ciudadanía sean discutidas y deliberadas de manera clara y accesible, fomentando la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de un intercambio genuino y transparente de ideas podremos asegurar que las políticas y las acciones gubernamentales respondan verdaderamente a las necesidades y aspiraciones de la población, fortaleciendo así nuestra democracia y promoviendo el bienestar común.
Nuestras organizaciones desempeñan un papel crucial en la promoción de la democracia, la justicia social y los derechos humanos. La diversidad y vitalidad de la ciudadanía organizada que hacen al tejido social de nuestro país, son esenciales para avanzar en la construcción de una democracia robusta y un desarrollo sustentable.
Volvemos a proponer la creación de una mesa de diálogo que incluya representantes del gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, para discutir alternativas.
Además, hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse, organizarse y participar activamente de este proceso fundamental, para el cuidado y fortalecimiento de nuestra democracia y mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Queremos vivir en plena democracia.
