La política fiscal tiene tres instrumentos muy importantes: los recursos destinados a financiar las políticas públicas, las acciones tendientes a recaudar estos recursos o política de ingresos y el financiamiento del déficit cuando los ingresos no cubren el gasto o dicho de otra manera, el endeudamiento.
Ninguno de ellos es neutral a las desigualdades de género. Dependiendo de cómo se diseñen e implementen pueden contribuir a la garantía de los derechos de las mujeres y a la reducción de las brechas, a mantenerlas igual o a profundizarlas.
América Latina ha avanzado en los últimos años, por una acción combinada de buen desempeño económico y mejores políticas sociales a ampliar las coberturas de las políticas laborales, agropecuarias, educativas, de salud y protección social.
Los avances en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) dan cuenta que en el periodo comprendido entre 2000 y 2015 mejoraron las condiciones de vida en la región, lo cual benefició también a las mujeres.
No obstante, quedan muchas deudas pendientes. La mortalidad materna, el acceso a salud sexual y reproductiva, las oportunidades económicas desiguales, la participación social y política continúan con pocos cambios. La violencia en todas sus formas se hace cada vez más visible.
Todos estos problemas se relacionan con la ausencia de políticas de amplio alcance y calidad, en la mayoría de los casos bajo el argumento de la falta de recursos públicos para lograr su universalidad e integralidad.
