Propuestas de organizaciones sociales contra la desigualdad en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 en Paraguay
La declaración de pandemia por el COVID-19 y las oportunas medidas tomadas por el actual Gobierno nacional tienen efectos importantes en la vida cotidiana de toda la población del Paraguay; sin embargo, afectan de manera desigual a grupos poblacionales afectados por la pobreza e históricamente en situación de alta vulneración de sus derechos. Entre otros, la niñez y la adolescencia, las personas con discapacidad, las personas enfermas y adultas mayores, y las mujeres de sectores populares, principalmente aquellas que son jefas de hogar. En similar situación se encuentra la población campesina que se dedica a la agricultura familiar, así como los pueblos indígenas.
La gran informalidad del sistema económico[1]
hace que los sistemas de seguridad social tengan baja cobertura en el sector
empleador y trabajador. Por tanto, los programas de protección social deben ser
reforzados y ampliados, con énfasis en la tercera edad, infancia y pueblos
indígenas.
En el presente
aislamiento social, los servicios de prevención y atención a la violencia hacia
niñas, niños, adolescentes y mujeres deben contar con recursos técnicos,
infraestructura, y presupuestos adicionales, con el objetivo de acompañar las
diversas situaciones que pudieran ocurrir y ocasionar riesgo de vida.
Es
impostergable la decisión y acción de invertir con recursos genuinos del Estado
en un sistema público universal de salud, que garantice el acceso, la atención y los
cuidados de salud de todas las personas y en todo el territorio nacional, sin
ningún tipo de discriminaciones.
Es necesario que se tomen medidas de alcance nacional, de corto, mediano
y largo plazo, que consideren las diversas especificidades de la población, y
también incluyan de modo integral la seguridad alimentaria, la provisión de
servicios básicos (luz, agua potable y comunicaciones) y vivienda digna,
incluyendo a aquellas personas en situación de calle y a las que viven en
alquileres.
En el corto
plazo, es necesario implementar propuestas que ya han sido emitidas por
otros gremios y organizaciones, tales como:
- Utilizar los Consejos Locales de Salud, Consejos de Desarrollo Municipal y/o Consejos de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, instalados en la mayoría de las Municipalidades en todo el país. Estos mecanismos probados de articulación interinstitucional e intersectorial, tienen experiencia en planificación y manejo de recursos descentralizados.
- Liberar el pago por la provisión de servicios básicos (agua y electricidad) para familias de escasos recursos y mipymes.
- Ampliar la atención a las comunidades indígenas de todo el país, en lo referente a provisión de alimentos, atención médica, acceso a agua potable y saneamiento básico.
- Continuar el servicio de alimentación escolar a estudiantes en situación de pobreza, a cargo de las gobernaciones y las municipalidades, utilizando el RUE (Registro Único de Estudiantes).
- Reforzar y ampliar la cobertura del programa alimentario nutricional integral (PANI) a cargo del INAN.
- Implementar una red de comedores comunitarios en cada municipio, con autogestión de las comunidades y con el apoyo de la DIBEN y la SEN.
- Fortalecer y aumentar las Unidades de Salud Familiar (USF), con especial atención a las comunidades más vulnerables.
- Asegurar y ampliar la provisión de insumos médicos adecuados a los centros asistenciales de salud en todo el país; con mecanismos de vigilancia y control de los oferentes de servicios privados, farmacias, cadenas de mercados, y proveedores de insumos básicos, con control de precios.
- Asegurar la articulación y el funcionamiento en red de todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, sanidad militar y policial, universidades y fundaciones, de manera gratuita para todas las personas.
- Proveer semillas de rápido cultivo e insumos básicos para la producción de alimentos a pequeña escala y autoconsumo.
- Garantizar la provisión de agua potable a toda la población.
- Articular con mayor fuerza el sistema de seguridad con el sistema de justicia, para la protección de los derechos de la población, especialmente de las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar y de niñas, niños, adolescentes en situación de alta vulnerabilidad.
En tiempos de emergencias, debe maximizarse la efectividad en el uso de
recursos y más que nunca las prácticas clientelares y partidarias deben ser
desterradas. El uso de los recursos públicos debe ser transparente y
monitoreado. Para ello, solicitamos que el Ministerio de Hacienda, DNCP y el
MÍTIC establezcan una plataforma en línea, donde se pueda acceder a todos los
datos de compra, costos y adjudicaciones.
Manifestamos nuestra voluntad para apoyar el
trabajo de asistencia coordinado desde el Gobierno y ponemos a disposición
nuestra experiencia en el trabajo con comunidades y territorios en situación de
vulnerabilidad, a la par que ofrecemos a la ciudadanía canales institucionales
para recibir denuncias de posibles irregularidades y violaciones a sus derechos
básicos, en el marco de la actual crisis.
El Estado paraguayo, y sus autoridades, tienen
la oportunidad única e histórica de garantizar derechos y reducir las
desigualdades.
Asunción, 26 de marzo de 2020.
FIRMAN
ESTA DECLARACION: Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capítulo
Paraguay (Alames), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Coordinadora por
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Coordinadora de Derechos
Humanos del Paraguay (Codehupy), Decidamos – Campaña por la expresión
ciudadana, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), Serpaj Paraguay
(Servicio, Paz y Justicia), Grupo SUNU de Acción Intercultural.
[1] La economía informal en Paraguay llega a un 71% según
informe de Banco Mundial 2019.
