El Estado, sin planes y con escasos recursos
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) y del Día del niño y la niña -en el marco del cual también es fundamental visibilizar la situación de niños y niñas indígenas-, las organizaciones abajo firmantes expresamos lo siguiente:
Paraguay y el mundo afrontan actualmente un hecho sin precedentes, ocasionado por la pandemia del virus COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por el Estado en la atención y contención de la propagación del virus deben tener como eje garantizar los derechos humanos de toda la población, lo cual implica garantizar condiciones de vida digna.
La situación en torno a esta pandemia puede afectar gravemente la plena vigencia de estos derechos, en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19, en especial las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de la población indígena. Las comunidades indígenas son las más afectadas por la pobreza, y también son muy afectadas por hechos de desigualdad y discriminación: según datos oficiales al 2017, el 66,2% de las personas indígenas -siendo muchas de ellas niñas y niños- se encuentra en situación de pobreza, lo cual constituye 2 de cada 3 personas. Esto implica que unas 81.000 personas indígenas viven en situación de pobreza, y que la mitad de ellas está en la pobreza extrema, es decir el 34,4% de la población indígena. Estos datos se mantienen en estos niveles año tras año, lamentablemente.
La falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento básico, la inseguridad alimentaria, la falta de viviendas dignas, son también problemáticas graves que afectan a las comunidades indígenas, las cuales también sufren mucha violencia, que es muy poco visibilizada. Esta violencia, por ejemplo, se pone de manifiesto claramente en la vulneración de sus tierras, en asesinatos y violaciones de niñas indígenas, y en trabajos en semi esclavitud en estancias chaqueñas.
Sin embargo, ante esta situación, observamos con suma preocupación la falta de respuesta del Estado a favor de las comunidades indígenas, que se ilustra al menos en los siguientes hechos:
1ª) la absoluta ausencia de planes efectivos de respuesta estatal para garantizar una
adecuada calidad de vida a dichas comunidades. La entrega de kits de alimentos que se viene haciendo a diversas comunidades indígenas durante la presente emergencia sanitaria, no puede considerarse como un plan de contingencia. Además, el trabajo de algunas de nuestras organizaciones con las mismas comunidades indígenas, evidencia que la provisión de dichos kits es sumamente insuficiente frente a la acuciante pobreza y privación de derechos que les afectan;
2ª) la escasa asignación de presupuesto público a favor de dichas comunidades. El presupuesto del INDI en el quinquenio 2011 – 2015 estuvo entre los 104.000 y los 131.000 millones de guaraníes anuales; sin embargo en el quinquenio 2016 – 2020 el mismo estuvo entre los 65.000 y los 81.000 millones de guaraníes. Y la muy baja ejecución presupuestaria anual del INDI también es muy evidente: en el periodo 2015 – 2019, la ejecución anual promedio fue apenas de 42,8%. Es decir, además de bajo presupuesto, el INDI ejecutó menos de la mitad de los recursos que se le asignó; y también preocupa de sobremanera la escasa ejecución de los fondos que le fueron asignados para adquisición de tierras e inversión en infraestructura.
3ª) la falta de transparencia y claridad sobre la asignación de recursos en el marco de la Ley de Emergencia, en la que están enmarcados los 1.600 millones de dólares. El 10 de julio pasado, en declaraciones radiales, el Presidente del INDI expresó que dicha institución no recibió fondos de la Ley de Emergencia por el COVID-19 ver: http://www.tierraviva.org.py/el-indi-no-recibio-fondos-para-atender-a-comunidades- durante-la-emergencia https://twitter.com/Tierraviva_Py/status/1281654514257235968).
Es decir, que nada de los 1.600 millones de dólares fue destinado al INDI. Sin embargo, según el portal oficial Rindiendo Cuentas (www.rindiendocuentas.gov.py), el INDI recibió 2.137 millones de guaraníes (unos 310.000 dólares al cambio actual), de los cuales -según dicho sitio web- se gastaron hasta el momento 95 millones (cerca de 14.000 dólares al cambio actual), en “pasajes y viáticos”.
Además, es también importante hacer mención a lo expresado el 7 de julio pasado por el Ministro de Hacienda, de que el presupuesto nacional de los próximos tres años debe ser austero (ver: https://twitter.com/Haciendapy/status/1280675728695140354).
Así también, este criterio de austeridad para el diseño del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021 fue mencionado nuevamente el 3 de agosto pasado por el Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia (ver: https://www.abc.com.py/nacionales/ 2020/08/03/presidente-ordena-a-ministros-austeridad-en-presupuesto-y-que-ellos- decidan-donde-recortar/). En la práctica, lo que habitualmente sucede en escenarios de austeridad presupuestaria, es la reducción o recortes de recursos para políticas sociales. Por tanto, no es alentador el panorama que se presenta desde el Estado en relación a la posibilidad de destinar recursos necesarios para acciones orientadas a las comunidades Indígenas, cuya situación de pobreza sin dudas se profundizará durante este escenario de pandemia.
Sin planes, con escaso presupuesto, y para más en DOBLE emergencia. Sí, las comunidades indígenas están en DOBLE emergencia. Además de la actual emergencia sanitaria por el COVID-19, en junio de 2019 fue promulgada la Ley Nº 6319/19 “Que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas que conforman los diecinueve pueblos diseminados en varios departamentos del territorio nacional”. Esto configura claramente una situación de zozobra en la que se encuentran las comunidades indígenas. La profunda pobreza y la violación de sus derechos territoriales ilustran en gran medida esta zozobra en la cual están viviendo ya desde hace mucho tiempo.
Entonces, la falta de respuesta del Estado no sólo fue evidente antes de la pandemia: sigue siendo evidente durante la pandemia. En este contexto, desde la sociedad civil organizada hacemos un llamamiento al Estado Paraguayo sobre la necesidad de crear planes especiales para la asistencia eficaz y eficiente a las comunidades indígenas; planes que deben contar con la intervención diversos organismos estatales, en los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal). También es necesario que se superen los problemas de burocracia y escasez de recursos para llegar a todas las comunidades indígenas, garantizándoles sus derechos para una vida digna.
Con este posicionamiento, las organizaciones firmantes, nos proponemos: a) realizar un monitoreo permanente sobre las condiciones en las que las comunidades indígenas están sobrellevando la situación de doble emergencia; b) buscar canalizar las denuncias de manera proactiva hacia los diferentes estamentos del Estado; y finalmente c) incidir ante los correspondientes estamentos y autoridades estatales; para que las respuestas estén basadas, desde el respeto a las comunidades indígenas, en planes efectivos durante y post-pandemia.
Integran este grupo: Asociación Callescuela; Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY); Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
(CDIA); Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri); Decidamos Campaña por la Expresión Ciudadana; Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI); Grupo Sunu de Acción Intercultural; Pastoral Indígena de la Diócesis de Coronel Oviedo; Servicio de Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py)
