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Por Carlos Bedoya* y Adrián Falco**
La crisis política, económica y social abierta a nivel global en 2008 todavía no está cerrada. Desde entonces se han registrado una serie de cambios geopolíticos que incluyen fracturas y modificaciones en la gobernanza global, especialmente en el ámbito de la tributación internacional identificada como uno de los principales retos mundiales. La necesidad de impulsar cambios en esa materia se vuelve más evidente año a año con los escándalos producidos por las megafiltraciones de información financiera como Luxleaks (2014), SwissLeaks (2015), Panamá Papers (2016), Bahamas Leaks (2016), Paradise Papers (2017). Los sucesivos escándalos evidenciaron la existencia de una red global de guaridas fiscales y financieras que, mediante diversos mecanismos de fuga, evasión y ocultamiento, erosionan la recaudación de los Estados.
El impacto en América Latina de la planificación tributaria agresiva es alarmante. La CEPAL estimó que los flujos financieros ilícitos asociados a la manipulación de precios del comercio internacional acumularon 765 mil millones de dólares en el período entre 2004 y 2013. La evasión fiscal general en la región, por su parte, alcanza a los 340 mil millones de dólares anuales.
Las tensiones producidas en las cumbres del G-7, G-20 y los BRICS han tenido correas de transmisión en el accionar del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de diversas instancias en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde donde se difunden los lineamientos generales de las políticas públicas mundiales, específicamente en fiscalidad. De hecho, estas cuatro grandes organizaciones multilaterales han conformado la Plataforma de Colaboración en Materia Tributaria. Sin embargo, la influencia permanente de las élites económicas en estos espacios, en especial en negocios público-privados que pueden generar deudas públicas espurias, evita un real proceso de transparencia a fin de que las corporaciones transnacionales paguen impuestos justos en los territorios donde generan sus ingresos. Para tal objetivo, la banca y los estudios jurídico contables cumplen un papel de facilitación que debe ser abordado.
Estamos en un momento de inestabilidad del sistema de reglas globales a favor de los intereses corporativos y de las élites que trae secuelas políticas, económicas, sociales y ambientales. Ello se expresa en diversos continentes, particularmente en América Latina, donde la lucha contra el modelo neoliberal dominante y el impulso de políticas alternativas se ha librado desde las últimas cuatro décadas y con mayor vigor en la última década y media.
En la actualidad, Nuestra América presenta cambios de correlación de fuerzas en varios países, configurándose un nuevo momento político. La aparición de frentes electorales neoconservadores que incluyen alianzas entre fundamentalistas religiosos y el gran capital como en Brasil por un lado; pero la victoria del Morena que lidera Andrés Manuel López Obrador en México del otro, exponen dicho escenario.
En este último caso se presentan oportunidades para revertir la tendencia principal que se observa en el terreno económico: inercia de recorte de derechos, ajustes presupuestales, reformas fiscales regresivas, entre otras clásicas propuestas para promover la “inversión”, que junto a la fuga de capitales terminan de erosionar la base fiscal.
Desde Latindadd y Fundación SES consideramos que un diálogo articulado entre congresistas progresistas y las organizaciones sociales que promueven justicia fiscal en la región permite construir una necesaria agenda de acción común que incluya contempla:
1) Control fiscal sobre las grandes corporaciones, sean nacionales o transnacionales, así como sobre las grandes riquezas nacionales.
2) Combate a la red global de guaridas fiscales y financieras.
3) Tolerancia cero al fraude tributario.
4) Erradicar en nuestros países los sistemas vigentes de exoneraciones y privilegios fiscales que favorecen a las élites corporativas y económicas nacionales.
5) Promover otra gobernanza mundial de la tributación alternativa a la OCDE.
6) Recuperar el sentido de la política fiscal: generación de igualdades.
Consideramos imprescindible generar articulaciones parlamentario-sociales a nivel regional que permitan impulsar esta agenda común por justicia fiscal, por eficacia y democratización del gasto e inversión social. Con esa premisa las dos organizaciones miembro de la Coalición para la Transparencia Financiera organizaremos en la Ciudad de México el III Encuentro con Congresistas por Justicia Fiscal donde participarán congresistas de 15 países de la región. Los responsables del encuentro que contará entre sus organizadores a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio entendemos que las articulaciones entre la sociedad civil y los congresistas deben partir del desarrollo de una reflexión sobre el estado actual de la política fiscal en Nuestra América, sus problemas y desafíos, identificando el impacto del fraude fiscal (evasión/elusión) como parte de los flujos financieros ilícitos que erosionan el financiamiento de las políticas públicas, así como la relación entre la erosión de la base tributaria y la fuga de capitales.
*Coordinador de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal y Económica – Latindadd. @cbedoyam
**Coordinador del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES – Argentina – @AdrianFalco1
Fuente: Nodal
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