Llamado a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para que rechacen el acuerdo fiscal del G7/G20/OCDE
La pandemia de COVID-19 y sus impactos presentan una oportunidad histórica para reformar los impuestos corporativos globales y transformar nuestros sistemas tributarios para que respondan mejor a las necesidades de las personas y del planeta. Es inconcebible que las soluciones ofrecidas por los países de élite del mundo solo sirvan para reforzar las desigualdades en el régimen fiscal global que durante mucho tiempo han excluido la voz y los intereses de los países en desarrollo y las personas del Sur Global.
La Alianza Global por la Justicia Fiscal y muchos en el movimiento por justicia fiscal fueron críticos con respecto al papel de liderazgo de la OCDE, un club de los ricos, para reformar las normas fiscales internacionales. Para darle a su liderazgo el velo de la legitimidad, se creó un Marco Inclusivo (MI) que hasta ahora apenas ha aprobado el “trato de los ricos” del Grupo de los Siete (G7). Las propuestas en la declaración del MI el 1 de julio para nuevas reglas tributarias globales no abordan los problemas fundamentales de la actual arquitectura tributaria internacional. Está diseñado para acomodar el acuerdo reciente del G7 sobre una tasa impositiva corporativa mínima global del 15% y hace caso omiso de las sugerencias, propuestas y reservas que varios países en desarrollo han presentado a lo largo de muchos años de trabajo.
Las “soluciones” no abordan las causas fundamentales de las prácticas y normas actuales, que incentivan la transferencia de beneficios y facilitan la evasión fiscal con impunidad. Limitar el alcance de la “solución” del Pilar 1 de la OCDE/MI a un centenar de empresas multinacionales no permitirá a los países en desarrollo recaudar más ingresos fiscales de todas las multinacionales. La tasa impositiva mínima global acordada del 15% en el Pilar 2 es mucho más baja que la tasa promedio global del impuesto sobre la renta de las empresas, de aproximadamente el 25%, y más cercana al 12,5% propuesto por algunas jurisdicciones de impuestos bajos o nulos. Establecer el mínimo global a este nivel no beneficiaría mucho al gran grupo de países en desarrollo que tienen tasas impositivas corporativas legales mucho más altas. En lugar de detener la competencia fiscal de la “carrera hacia el fondo”, esta tasa baja pondrá a los países con una tasa impositiva corporativa más alta en una “carrera hacia el mínimo”. Además, como propone la OCDE, el Pilar 2 daría la gran mayoría de los nuevos ingresos a los países (de la OCDE) donde están ubicadas las sedes de las multinacionales, en lugar de a los países de menores ingresos que pierden la mayor parte de sus ingresos fiscales debido a las fallas de las reglas actuales.
Lejos de garantizar los derechos impositivos de los países en desarrollo, las “soluciones” limitarán el derecho a imponer de los países de origen a una pequeña proporción de las ganancias de empresas multinacionales y consolidarán los derechos impositivos de los países sede sobre las ganancias globales. El arreglo institucional en el que estas “soluciones” se “negocian” carece de legitimidad, transparencia y rendición de cuentas. Las “negociaciones” a puertas cerradas exponen a los representantes de los países en desarrollo a presiones políticas y manipulación para aceptar el trato de los ricos.
Una solución acordada en un proceso políticamente sesgado y opaco, fuera del sistema de la ONU y la debida representación de los países, no puede tener la legitimidad para ser un acuerdo internacional vinculante. Un acuerdo global justo solo será posible en un proceso intergubernamental abierto, totalmente inclusivo y transparente, en el que el público y la sociedad civil puedan hacer que los negociadores rindan cuentas de las propuestas y decisiones, y en el que los borradores de los acuerdos estén abiertos al escrutinio público. Esto solo será posible en el marco de una negociación intergubernamental basada en la ONU en la que los países pueden participar igualmente.
Reiteramos nuestra demanda por el establecimiento de una comisión fiscal intergubernamental universal y una Convención Fiscal en la ONU para abordar de manera integral las guaridas fiscales, el abuso fiscal por parte de corporaciones multinacionales y otros flujos financieros ilícitos. Hacemos un llamado a los países para que superen el bloqueo para llevar la reforma de las normas tributarias internacionales a la ONU y trabajen juntos por un proceso de negociación verdaderamente inclusivo y transparente.
