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Altos funcionarios del Ejecutivo, congresistas y el Ministerio Público, han calificado en las últimas semanas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como protectores de “criminales”, “parcialistas” e “ideologizados”; incluso un funcionario calificó a sus integrantes como “una manga de criminales”, propalando información falsa sobre una inexistente condena a Paraguay en el caso Arrom-Martí, que supuestamente obligaría al Estado a pagar una suma sideral de dinero, cuando que el monto en dólares que ha cobrado estado público sería la pretensión de los denunciantes y no la recomendación de la CIDH, y mucho menos el contenido de una sentencia que a la fecha no existe de parte de la Corte IDH que recién el 7 de febrero próximo sustanciará el proceso sobre el fondo del caso y las eventuales reparaciones.
A esto se suma las declaraciones falsas de funcionarios sobre la supuesta indefensión del Estado e información errónea sobre el rol, actuar y resultados de la CIDH y la Corte IDH; realizadas quizás por ignorancia, quizás en mala fe; pero, definitivamente distante de la responsabilidad y conocimiento que les imponen los cargos que detentan estos servidores públicos.
Ante esto, es imperioso señalar lo evidente del interés de estos funcionarios en que el Paraguay renuncie a que órganos internacionales de protección controlen su actuar, y siendo que históricamente estos órganos han permitido la reparación de derechos hacia víctimas del actuar u omisión estatal, entendiendo casos de muerte de adolescentes, de indígenas, restituciones territoriales indígenas, modificaciones legislativas que otorgan mayores garantías de protección a la población paraguaya. Es así que con estas declaraciones el Estado desconoce no sólo su propia historia de violación de derechos humanos sino también falta a su deber principal de promover los derechos humanos.
Es así que estos exabruptos están propugnando repetidamente el rechazo de las decisiones de la CIDH y la Corte IDH, al igual que gobiernos signados por graves violaciones de DDHH como los de Venezuela y Nicaragua en la región, lo que constituye una quiebra de las obligaciones del Paraguay, como Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) desde 1989.
Por último, consideramos que el gobierno de Mario Abdo Benítez debería rectificar esta situación y ser el principal interesado en promover el esclarecimiento de hechos de tortura y desaparición forzada, para así poder presentarse con verdaderas credenciales democráticas ante la comunidad internacional; ir en sentido contrario, alienta la impunidad, deja desprotegida a la población ante los abusos de poder y ubica internacionalmente al Paraguay en una posición marginal, junto a aquellos países que cometen y encubren graves violaciones de derechos humanos.
Asunción, enero 15 de 2019
Coordinación de Turno: Francisco Benítez, Red de ONG’S que trabajan VIH; Víctor Bareiro, Seija; Vidal Acevedo, Serpaj-Py.
Oscar Ayala Amarilla
Secretario Ejecutivo
CODEHUPY
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