La Federación Nacional Campesina rechaza el proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Agrario con el objetivo de blanquear las posesiones irregulares de tierra que muchos ganaderos y sojeros poseen. Dicho proyecto ya tiene media sanción en Diputados y ahora pasó al Senado. La FNC convocó a una rueda de prensa el miércoles 12 de mayo de 2021, frente al Senado, para denunciar el hecho.
La propuesta de modificación del Art. 88 del Estatuto Agrario es muy gráfica respecto a la intencionalidad del proyecto:
“ARTÍCULO 88. Ocupantes de inmuebles rurales patrimonio del Organismo de Aplicación. Los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la región oriental patrimonio del Organismo de Aplicación, al momento de la promulgación de la presente Ley, y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada”.
El nombre del proyecto rechazado por la FNC es: «Proyecto de Ley que modifica y amplía la ley N° 2531/04, que modifica el artículo 16 de la Ley N° 2002/02, que modifica varios artículos de la Ley N° 1863/02, y los artículos 17, 58, 90 y 93 de la Ley N° 1963/02 que establece el Estatuto Agrario , la Ley N° 5881/17 que modifica el Artículo 56 de la Ley N° 1863/02 que establece el Estatuto Agrario modificada por las leyes N° 2002/02 y 4988/13, y que modifica y amplía los artículos 19, 20, 26, 47, 49, 59, 74, 88, 95, 106 y 108 de la Ley N° 1863/02».
TAMBIÉN QUISIERON BLANQUEAR LAS TIERRAS MALHABIDAS
Durante la pandemia, y en medio de las restricciones sanitarias y sociales, el año pasado (2020) quisieron instituir, mediante un proyecto de ley, el Sistema Nacional de Catastro Registral (SINACARE), con el cual creaban una Dirección de Regularización cuyo objetivo era regularizar las tierras malhabidas, proyecto que no ha prosperado hasta hoy. La FNC se había posicionado claramente contra dicho proyecto y llevó a cabo una serie de acciones para evitar su sanción.
TIERRAS ADJUDICADAS ILEGALMENTE POR IBR E INDERT, Y USURPADAS A FAMILIAS CAMPESINAS E INDÍGENAS
Además de las tierras adjudicadas ilegalmente por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), muchos ganaderos y sojeros, nacionales y extranjeros, tienen posesiones de tierras de manera irregular, usurpadas y arrebatadas económica y judicialmente, por lo general, de forma violenta, a campesinos e indígenas , adjudicándose tierras públicas (INDERT), con posesión de derecheras, “alquiler”, ocupación de hecho, sin ninguna documentación o con títulos falsos obtenidos de forma amañada en contubernio con funcionarios corruptos. Ellos lo saben muy bien. Saben que su posesión no es jurídicamente sostenible. Y eso, quiérase o no, es una preocupación para ellos. Vale decir, desde hace tiempo que están buscando una oportunidad de blanqueo.
El blanqueo de la corrupción no se condice con los principios un Estado de Derecho y menos aún con un Estado Republicano. Dicha situación vendrá a empeorar aún más la desigualdad en la tenencia de la tierra en el país.
Afectará aún más la soberanía territorial del Paraguay, ya que una parte importante de los poseedores irregulares son extranjeros, que con esta medida se legitimará el despojo y la usurpación que realizan sobre las posesiones campesinas e indígenas y otras tierras públicas.
Afectará también la seguridad y la soberanía alimentaria del país, ya que con estos mecanismos contribuyen a disminuir tanto en términos de superficie y volumen la producción de alimentos frescos de la agricultura campesina orientada al mercado interno, aumentando de este modo la dependencia alimentaria. Ante esta lamentable situación, la FNC se declara en movilización permanente, hasta el rechazo del presente proyecto de Ley.
LA LUCHA POR LA TIERRA EN EL PARAGUAY
La problemática de la tierra es el conflicto social y político más importante de la historia del Paraguay, a raíz de un proceso de acaparamiento y concentración que ha venido sucediendo después de la Guerra contra la Triple Alianza, en que las tierras públicas fueran enajenadas a manos privadas principalmente extranjeras.
En las décadas posteriores este proceso de concentración y desigualdad en la tenencia de la tierra se fue acentuando, especialmente durante la dictadura stronista y también más recientemente con la apertura democrática, mediante las propias políticas públicas supuestamente de “Reforma Agraria” y la expansión de los agronegocios, principalmente la ganadería y agricultura extensiva.
Este proceso dio lugar a que hasta el 2008, el 2,5% de los tenedores de tierras de más de 500 hectáreas concentraran el 85,5% de las tierras productivas (Censo Agropecuario Nacional 2008) y que la desigualdad en la tenencia fuera de las peores del mundo llegando a 0,93 del Índice de Gini, es decir, una desigualdad casi absoluta.
La supuesta política de “Reforma Agraria”, llevada adelante primeramente por el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), posteriormente el IBR y luego el INDERT, ha contribuido con la concentración y desigualdad mencionadas.
Según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia (2004-2008), el 65% de las tierras adjudicadas entre 1954 y 2003 (periodo del IBR) se realizaron de forma ilegal a personas que no eran sujetas de la Reforma Agraria. Es decir, de 12.229.594 hectáreas adjudicadas, 7.851.295 hectáreas fueron entregadas ilegalmente a altos funcionarios públicos, militares, políticos, extranjeros y amigos de la dictadura y los gobiernos de turno, mediante mecanismos de corrupción entre funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y Judicial.
De igual modo, el 25,3% de las tierras ya se encontraban en manos extranjeras en 2008. De la superficie total en manos extranjeras, 4.792.528 hectáreas pertenecían a brasileños, y 3.096.6000 hectáreas a extranjeros de otras nacionalidades (CAN 2008).
Adjudicadas o adquiridas, en muchos casos, sin ningún respeto a las leyes, ni siquiera la franja de seguridad fronteriza establecida en la Ley No 2532/05. Lo que viene empeorando debido a la expansión territorial de los grandes agronegocios, la enorme demanda de este medio de producción y, la falta total de patriotismo y desprecio por la soberanía paraguaya de los gobernantes de turno.
El modelo productivo extractivista, orientado a la exportación, ha profundizado el acaparamiento de la tierra y con ello el conflicto social en el campo, ya que este ha avanzado territorialmente sobre los asentamientos campesinos, las comunidades indígenas y en los últimos tiempos sobre las zonas históricas de producción campesina de alimentos, produciéndose de este modo un aumento permanente de la dependencia alimentaria de los alimentos frescos que tradicionalmente produce la agricultura campesina.
LA LUCHA POR LA TIERRA ES LA LUCHA POR LA PATRIA. SIN REFORMA AGRARIA NO HABRÁ PAZ. ¡Venceremos!
Federación Nacional Campesina
