La falta de medicamentos básicos para enfrentar la pandemia y el sostenido endeudamiento público provocó una serie de movilizaciones iniciadas hace dos semanas. En las calles paraguayas, exigen la renuncia del presidente y que se vayan todos.
En Paraguay, ya no hay camas disponibles en hospitales públicos. Pacientes con la COVID-19 esperan en pasillos para ser atendidos mientras familiares venden o empeñan todo lo que tienen para comprar medicamentos.
La salud, en el corazón de América Latina, nunca fue un derecho. A pesar de ser una de las primeras naciones de Sudamérica en implementar, el año pasado, la cuarentena estricta y obligatoria para combatir el coronavirus, hoy, somos el país con la peor tasa de vacunación contra la enfermedad de la región. A la fecha, llegaron solo 27.000 dosis de vacunas, destinadas a 13.500 personas, para una población de más de siete millones de habitantes.
El 11 de marzo del 2020, se suspendieron todas las actividades no esenciales, con el objetivo de “preparar el sistema de salud para atender casos de la COVID- 19”. La gente tuvo que quedarse en casa, con la desesperación de la falta del pan en la mesa. Mientras se cerraban fuentes de trabajo en el país, con una de las tasas más altas de empleo informal en la región, el gobierno de Mario Abdo Benítez adquirió una deuda de más de 1.600 millones de dólares para enfrentar la crisis sanitaria, elevando la deuda pública a más del 30 por ciento del PIB.
Durante la implementación de las medidas sanitarias, ni el sistema de salud se preparó ni se realizaron inversiones en sectores claves, como la educación. A lo largo de este último año, se denunciaron, en reiteradas ocasiones, la sobrefacturación de insumos médicos por parte de instituciones públicas y licitaciones amañadas para la construcción de puentes en plena crisis sanitaria.
Un ejemplo de esto fue el Puente Peatonal de Ñandutí, una obra que benefició a la cuestionada empresa Engineering S.A. y que costó al gobierno más de dos millones de dólares, mientras una mayoría padecía las consecuencias de los hospitales sin camas ni insumos médicos.
El histórico problema de escasez de medicamentos básicos en centros asistenciales públicos motivó una serie de movilizaciones, que comenzó principalmente con el reclamo de trabajadores y trabajadoras de la salud, y familiares de pacientes con infectados de coronavirus.
El pasado 3 de marzo, personal de blanco del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente “Juan Max Boettner” (Ineram), uno de los principales hospitales para combatir la pandemia, se movilizó para exigir la provisión de medicamentos, como el atracurio y midazolam, indispensables para el tratamiento de personas con cuadro grave de la COVID-19.
La faltante de ambos fármacos en hospitales públicos se traduce en desesperación y endeudamiento de miles de familias. En promedio, una persona internada en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) requiere entre 10 a 30 ampollas tanto de atracurio como de midazolam, que implica un gasto diario equivalente al salario mínimo vigente de un mes.
Según un reciente informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) no llamó a licitación para la adquisición de atracurio durante todo el año pasado, en pleno contexto de emergencia sanitaria.
A raíz de esta situación, las paraguayas y los paraguayos comenzaron a convocarse por medio de las redes sociales a una movilización el viernes 5 de marzo, como acto de protesta por la falta de medicamentos en el sistema de salud pública y políticas públicas para garantizar el acceso a atención médica.
En víspera de la convocatoria y tras la presión ciudadana, ese viernes por la mañana, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, renunció a su cargo. El día anterior, el Senado había aprobado un proyecto de declaración que lo instaba a dejar su cargo ante las graves denuncias de improvisación y la mala gestión durante la pandemia.
Nuestros derechos no se negocian
“Marzo Paraguayo 2021”, “Que se vayan todos”, “ANR Nunca más”, “Martirio de la gente”, “¿Dónde está la plata?”, “¡Devuelvan lo robado!” y otras cientos de consignas llegaron el viernes 5 de marzo a las inmediaciones del Congreso Nacional, ubicado en Asunción, la capital del país.
En horas de la noche, mientras miles de familias y jóvenes de distintos puntos del país exigían la renuncia del presidente, la policía comenzó a reprimir a los manifestantes. Camiones hidrantes y la montada intentaron dispersar a la multitud. Efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos que afectaron a menores de edad, quienes posteriormente tuvieron que recibir asistencia médica.
Ese día, hubo detenidos y una veintena de heridos, que luego denunciaron a la policía por disparar con balines de goma a la altura de la espalda, el cuello y el rostro. Además, varios de los efectivos policiales no contaban con portanombres.
El aparatoso y desproporcionado despliegue policial no pudo detener la fuerza de la movilización. Al día siguiente, miles de personas volvieron al microcentro de Asunción para exigir con fuerza la renuncia del presidente Mario Abdo, el vice presidente Hugo Velázquez y de todos los responsables de la actual crisis sanitaria y social. En ciudades como Encarnación y Ciudad del Este, también se registraron masivas convocatorias.
Luego de 24 horas de silencio, el presidente anticipó, el sábado 6 de marzo, mediante un video grabado, que realizaría cambios en su gabinete, principalmente en Salud, Mujer, Educación y el Gabinete Civil. Cambios que, durante los días siguientes, se convirtieron en negociaciones internas del Partido Colorado, que nada tenían que ver con la intención de mejorar la preocupante situación del país.
Otra de las renuncias que se confirmaron con el correr de los días fue la del titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, tras las denuncias de la venta ilegal de medicamentos de distribución gratuita pertenecientes a la institución.
A pesar de las sucesivas renuncias, las movilizaciones continuaron ayer por undécimo día consecutivo y se vienen replicando no solo en el interior, sino también en países como España y Argentina, donde migrantes paraguayos exigen no solo la renuncia de los responsables de la crisis actual, sino que se los sancione.
En Asunción, las manifestaciones se realizaron, además del Congreso Nacional, en las residencias del actual presidente Abdo, del ex presidente Horacio Cartes, la Residencia Presidencial Mburuvicha Róga, la Asociación Nacional Republicana (ANR), entre otros emblemas calificados como sede de la corrupción e impunidad.
El lunes, miembros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) dieron a conocer el libelo acusatorio que presentarán contra el presidente Abdo y el vicepresidente Velázquez. El documento fue entregado a otros legisladores de la oposición para reunir otros puntos técnicos antes de la entrega oficial, que se prevé que será este miércoles.
Por otro lado, y más allá de encontrarse en una puja de poder para liderar el Partido Colorado, miembros de Honor Colorado -fracción del partido oficialista liderada por el ex presidente Cartes- adelantaron que no apoyarán la propuesta de juicio político.
Mientras tanto, en las calles, sigue habiendo miles de motivos para salir a protestar. Más de 70 años de saqueo y utilización de las instituciones públicas para enriquecer a una minoría encabezada por mafiosos se convierten hoy en urgencias impostergables. En Paraguay, la pandemia vino a sacudir todo y a demostrar que el virus que mata es el de la corrupción.
Para el miércoles, se prevé nuevamente una jornada de movilizaciones a nivel nacional. La convocatoria se da en un contexto de nuevas restricciones anunciadas por el gobierno, que incluyen la restricción horaria de circulación de personas, de 20 a 5 horas desde el jueves 18 de marzo, como medida para frenar la propagación de la COVID-19.
La teoría de los infiltrados como garantía de la impunidad
Desde el primer día de movilizaciones, los medios de comunicación empresariales buscaron instalar la teoría de los infiltrados, un fenómeno político-discursivo que se despliega desde el Estado y los intereses de la oligarquía paraguaya para distorsionar en la sociedad la comprensión de lo que sucede, y justificar la represión estatal, sirviendo de garantía de impunidad.
Según la relación de fuerzas que se desarrollen, esta teoría sirve para proteger los intereses de una minoría y frenar cualquier intento de organización que permita alterar el orden vigente de las cosas.
Además, se utiliza la figura del “manifestante desestabilizador”, que tiene como único fin legitimar el uso de la fuerza represiva e instalar el miedo y la persecución.
En medio del colapso sanitario, días atrás, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior realizaron un llamado de licitación por más de 352 mil dólares (2.325.613.900 de guaraníes) para la adjudicación de equipos militares y de seguridad, entre los que hay 22.000 balines de goma, 255 granadas de mano de gas lacrimógeno y 245 gases lacrimógeno.
Si la prioridad del gobierno, heredero de la tiranía de Alfredo Stroessner, son las balas, para la mayoría de las familias y jóvenes del campo y la ciudad esa prioridad es el acceso a salud de calidad y el derecho a una vida digna.
Fuente: Por Claudia Colmán, para La tinta
