30 años han pasado desde que se inició una celebrada era con la llegada de la democracia que aún con pendientes, constituye un régimen de mayor apertura al debate y de mejores oportunidades para la concreción de derechos. Con esfuerzo, tanto de funcionarios y funcionarias del Estado como de la sociedad civil, se han registrado avances en un desarrollo legislativo, en la creación de nuevas instituciones cuya implementación efectiva es aún un trabajo de exigibilidad y reclamo.
Sin embargo, aún con la celebración ineludible de la caída del régimen más costoso de la historia de Paraguay, no se ha podido implementar un mecanismo efectivo que lleve a superar la impunidad de los crímenes cometidos, que salvo excepciones han sido banalizados en aras a una supuesta seguridad que constituye una ofensa a tantas personas que aún hoy buscan justicia para sus muertas/os y desaparecidos/as; tampoco se ha revertido la situación de los bienes malhabidos que siguen privando de una vida más digna para todos y todas.
En época de democracia se siguen reproduciendo prácticas dictatoriales. Ejecuciones como las de Eulalio Blanco y Sebastián Larroza, cuando le arrebatan sus vidas por estar reclamando derechos al igual que otros cientos de casos de campesinos y campesinas ejecutadas en democracia, reportados al Estado y que permanecen en la impunidad.
Ernesto Benítez, también reclamando derechos en democracia, es detenido y torturado en manos de agentes estales. El caso permanece, hasta hoy, en la impunidad, aún contando con una resolución de Naciones Unidas que encontró la más absoluta desidia en el Estado. A 7 años de dicha resolución, el Estado aún permanece responsable y cómplice de estas torturas demorando la apertura de la investigación fiscal bajo argumentos ya superados por otros países del mundo que han encontrado el camino para vencer la impunidad y que nuestro Estado se niega a transitar.
A esto se suma la falta de educación efectiva en derechos humanos, por lo que instamos al Estado a mirar la historia y a comprometerse con un cambio efectivo que concrete los derechos humanos tan relegados; instamos a los funcionarios y funcionarias a no ser cómplices de un país sin memoria y sin reparación que reproduce los crímenes y desidia de la época dictatorial.
19.862 personas detenidas arbitrariamente; 18.722 personas torturadas; 236 niñas/os, adolescentes privados de libertad; 17 niños/as nacidos en prisión; 20.814 exiliados políticos; 459 desparecidas/os; 128.076 víctimas, no pueden banalizarse, no pueden ocultarse, no pueden olvidarse; y sobre todo, la historia no puede repetirse.
Desde la sociedad civil trabajan personas que con convicción y compromiso no dejarán piedra que remover, trabajo que desarrollar, idea que concretar, escrito que realizar, protesta a la cual acudir, juicio que promover, para que, hoy en democracia, un país más justo y más igualitario para todos y todas, sea una realidad.
Asunción, febrero 1 de 2019
Coordinación de Turno: Francisco Benítez, Red de ONG’S que trabajan VIH; Víctor Bareiro, Seija; Vidal Acevedo, Serpaj-Py.
Oscar Ayala Amarilla
Secretario Ejecutivo
