Después de tantos años de indiferencia hacia el sector campesino, la población sintió las consecuencias de un país que no apuesta a la soberanía alimentaria: las excesivas subas en los precios de las frutas y verduras, y la total dependencia de la importación.
Estos productos de la canasta básica se encarecieron hace una semana hasta en un 120% para el consumidor final, que de manera masiva empezó a manifestar su enojo por el descaro de inflar los precios en un momento de crisis sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19. El Gobierno tuvo que responder a estos cuestionamientos con parches que consisten en controles en la cadena de comercialización y pedidos de auxilio a los países proveedores, Argentina y Brasil, para garantizar el abastecimiento.
Pero lo que genera esta dependencia es justamente que cualquier inconveniente que se pudiera registrar en estas naciones amenaza directamente a la alimentación de los paraguayos. Problemas en la producción, mercados que pagan mejor que nuestro país, son algunas de las situaciones que pueden influir, especialmente en tiempos de pandemia.
En cambio, la soberanía alimentaria, según explica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, no solo pone en valor a los proveedores de alimentos, sino que también localiza los sistemas alimentarios, sitúa el control a nivel local, promueve el conocimiento y las habilidades y es compatible con la naturaleza.
Cifras. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Paraguay importa anualmente frutas y verduras por USD 150 millones, mientras que la producción nacional solo se extiende por cinco meses, en diferentes épocas del año, tiempo en que los agricultores deben pelear por los precios que compiten con los productos importados y los de contrabando.
En el campo, los productores deben luchar contra el clima y contra las plagas que destruyen los cultivos, que junto a los bajos precios, hacen mermar sus ingresos y finalmente no alcanzan a cerrar sus créditos.
Para los primeros dos factores, la asistencia técnica es la salida, pero el MAG tiene capacidad de llegar apenas al 30% de los 269.000 productores registrados.
Para que los precios sean estables para los consumidores y al mismo tiempo el monto pueda generar ganancias a este sector productivo dentro de la ley de la oferta y la demanda, el sistema debe abarcar en la planificación anual a todos los agricultores, quienes a mediano plazo podrán lograr un desarrollo sostenible de su producción, gracias también a créditos blandos y el anhelado seguro agrícola para dar tranquilidad a un rubro tan sensible.
Todos estos aspectos vienen reclamando las organizaciones campesinas, que sufren la crisis desde mucho antes del coronavirus. Ahora mismo, la mayoría de los productores solo cuentan con cultivos de autoconsumo, especialmente la mandioca. Los tomates se destruyeron, mientras que aún estamos lejos de la temporada de papa y cebolla.
¿Se puede producir durante todo el año? –Sí, con una mayor tecnificación de los cultivos, con buenas semillas, con plantines en invernaderos, con mallas mediasombra y un adecuado sistema de regadío, infraestructura que muy pocos agricultores pueden comprar y cuando lo hacen, no pueden sostener porque consiguen precios muy bajos (por importación y contrabando) que les impide repetir la gran inversión en la próxima campaña.
¿Qué podemos hacer desde los centros urbanos? –Empezar a practicar la empatía con el sector productivo en estos momentos de reflexión, reconocer el derecho a la tierra para producirla, entender que las exportaciones de commodities aportan a la macroeconomía pero no aseguran nuestra alimentación en tiempos de crisis y que, sobre todo, existe solo un camino: La soberanía agroalimentaria.
Fuente: Diario Última Hora
