Posicionamiento conjunto de las organizaciones de derechos de niñez y adolescencia
Las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Paraguay, en diversos temas y a nivel comunitario, exigimos al Estado que realice todas las acciones jurídicas e institucionales necesarias para incrementar la inversión en prevención y protección hacia la niñez y la adolescencia. Es inaceptable seguir lamentando los casos de violencia y pobreza extrema que afectan a este grupo de población que representa al 35% del total de habitantes del país.
El Ministerio Público reporta que ingresan por día un promedio de 8 a 10 denuncias de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. El fallecimiento de la niña de tres años, registrado el pasado sábado 19 de junio, quien se encontraba en proceso de rehabilitación en la Fundación Teletón Paraguay, es una muestra de la debilidad del sistema de promoción y protección de niñas, niños y adolescentes. Este caso particular es un ejemplo más de la omisión criminal de las autoridades nacionales y locales a la hora de garantizar derechos fundamentales en nuestro país.
Las interseccionalidades, el enfoque de derechos y de género demuestran que ser mujer, ser niña, ser de una comunidad indígena o estar en situación de pobreza y tener una discapacidad constituyen factores que incrementan las vulnerabilidades para quienes tienen entre 0 y 17 años de edad, y son sujetos de protección especial según el marco legal nacional y los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado de Paraguay.
Las políticas de primera infancia deben estar integradas con las políticas de cuidados, protección social, prevención de la violencia y empoderamiento económico de las mujeres, como estrategia para romper con los círculos intergeneracionales de pobreza y discriminación, teniendo en cuenta que en la mayoría de las familias son las mujeres quienes asumen solas los roles de cuidadoras y de proveedoras, muchas veces lidiando con una sociedad que discrimina, oculta y silencia las diversas situaciones de violencias y abusos.
Sumada a la violencia, la estigmatización y la pobreza, también se evidencia la debilidad de las políticas públicas para el sector de adolescentes: las desapariciones, los suicidios y otros factores indican que este grupo de población necesita una contención efectiva en un contexto social y económico cada vez más complejo a causa de la pandemia.
Niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas en todo el país siguen sin ser prioridad en las políticas públicas y el presupuesto; la inacción de las autoridades municipales, departamentales y nacionales raya la criminalidad, dado que tienen la responsabilidad de brindar bienestar y garantías de derechos a un acotado grupo de población, muy bien identificado. Aún así, no han tenido la capacidad de garantizar la protección y sostenerla.
El país dispone de un marco legal que es de vanguardia en la región: sin embargo, al no tener presupuestos adecuados para su implementación, las políticas públicas y las instituciones responsables de implementarlas son estructuras vaciadas de contenido y sin posibilidades de respuestas pertinentes.
Lo anterior se traduce en la indefensión en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, sus familias y comunidades, al no tener acompañamiento por parte de equipos técnicos interdisciplinarios con capacidad de brindar un acompañamiento sostenido, sistémico e integral frente a casos de violencia, abuso y situaciones de salud mental.
Las organizaciones adheridas a este pronunciamiento trabajamos todos los días junto a miles de niñas, niños, adolescentes, sus familias y comunidades, aportando desde nuestro rol al funcionamiento del Estado, pero no podemos seguir realizando acciones supletorias de organismos y entidades estatales endebles, con presupuestos insuficientes o bajas capacidades para responder a las diversas situaciones que viven la niñez y la adolescencia en Paraguay.
No es aceptable que se sigan perdiendo vidas por la violencia, la discriminación y la pobreza. Todos somos responsables, pero es el Estado el garante de los derechos humanos para todas las personas y debe asumir dicha responsabilidad. Una sociedad que no cuida a la niñez y la adolescencia no tiene futuro: es tiempo de exigir más y mejores respuestas.
Asunción, 29 de junio de 2021.
