En el marco del proyecto “Fiscalidad para la equidad social” se realizó el jueves 5 de julio la mesa de análisis Protección social: desigualdades, derechos y vulnerabilidad, con autoridades y funcionarios de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Secretaría Técnica de Planificación, Secretaría de Acción Social, Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Durante el análisis se compartió los resultados del estudio realizado bajo el contexto de la desprotección social en el país poniendo énfasis en las desigualdades, que pueden ser vistas en los indicadores de educación, salud, trabajo infantil y empleo que empeoran en los niveles económicos más bajos y que el nivel de cobertura de los programas de protección social en los estratos de pobreza y vulnerabilidad es bajo.
Los participantes afirmaron que desde una mirada compleja sobre la reducción de la pobreza podemos destacar que la política de protección social debe ser reorientada a las personas que están en situación vulnerable. Consideran importante apostar principalmente a la política de vivienda ya que a criterios de los mismos es donde realmente se aporta mayor a la protección social.
En contraposición, reflexionan que el derecho a la salud es la más vulnerable en términos de protección social.
Valoraron la educación como un factor prioritario para la salida definitiva de la pobreza. Una persona que ha alcanzado por lo menos 13 años de estudios puede tener mejores ventajas para mejorar su condición socioeconómica.
Por otra parte, las políticas de reducción de la pobreza se deben encarar con proyecciones a mediano y largo plazo; y con una mirada de género para lograr mejores resultados. Es fundamental generar estudios sobre la brecha financiera y la brecha de las desigualdades, para generar un real impacto en esas políticas.
Se discutió además sobre cálculos aproximados para el financiamiento de la protección social, versus las obras de infraestructuras, y sus implicancias directas a la verdadera reducción de la pobreza. Aparte de los impuestos se podría pensar en las inversiones que se podrían dar desde el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)