Por Genoveva Ocampos
Marina Kué, una pequeña fracción esquiva de, inicialmente, tan solo 2.821 hectáreas que otrora estuvo vinculada a La Industrial Paraguaya S. A. (LIPSA), el mayor latifundio de la región Oriental, llegó a convertirse en una “tierra de nadie” por desidia, codicia y simulacros que recién hoy pueden reconstruirse a cabalidad, a partir de la información vertida y sintetizada en este informe.
Este documento, que puede ser leído in extenso en este enlace o debajo de esta síntesis, retoma en gran medida, con correcciones y ampliación, un ensayo exploratorio sobre el caso publicado en Ciencia del Sur el 25 de mayo de 2021. Al día siguiente se promulgó la Ley 6739/2021, por lo que esta no fue analizada en esa ocasión.
Según la versión oficial —o la que se impuso a raíz de la masacre de Curuguaty—, LIPSA sí había donado Marina Kué a la Armada Nacional, pero esta no logró la transferencia por escritura pública del inmueble donado. En realidad, el caso es más complejo, ya que la fracción reclamada remite a la Zona F o reservado fiscal, del que nada se ha dicho oficialmente hasta el presente.
Todo indica que LIPSA cumplió con lo prometido pero la fracción donada era otra, cercana pero distinta de Marina Kué, transferida a nombre del Ministerio de Defensa y asiento del Cuartel del Destacamento Militar de Curuguaty.
Para ilustrar el caso, se rescata el informe N° 1575 de la Dirección General de Registros Públicos (DGRP) del 10 de septiembre de 2013, en respuesta a la resolución N° 61 de la Cámara de Senadores sobre “quién posee la titularidad de las tierras de Campos Morombi, lugar denominado Marina Kué, distrito de Curuguaty”. Según este informe, que fuera cajoneado por el mismo Congreso (no fue procesado ni difundido entonces), las tierras de Marina Kué remiten a tres fincas: al norte, la N° 72 de Curuguaty, actualmente de 1.029 ha; y al este, las fincas N° 258 de 1.176 ha y la N° 259 de Curuguaty de 1.155 ha.
Las dos últimas fracciones figuran en el Informe de la Comisión Verdad y Justicia de 2008 como tierras malhabidas y no eran precisamente las reclamadas en 2012 por los campesinos de la Comisión Naranjaty. Hay que agregar la Reserva Científica Yberá de 1.748 ha, creada por Ley 5530/2015, que corresponde a lo que restaba de la fracción Marina Kué.
Son entonces 4 las fincas en la mira y compete a la Comisión Nacional para el Estudio de los Mecanismos de Recuperación de Tierras Malhabidas creada por Ley 6899/2022 (en proceso de conformación actualmente) corroborar lo que en este informe se expone sobre los orígenes y la legalidad o la nulidad de los correspondientes títulos.
Marina Kué no se desprende de la finca N° 30 de Hernandarias ni de la finca N° 9 de Curuguaty. Marina Kué, entre Campos Morombi SACA al sur y la Reserva del Mbaracayú como referente a la misma altura al norte, no es como suponíamos inicialmente, una secuela del caso Barthe, sino otro intríngulis relacionado con el enclave LIPSA en proceso de desmembramiento y liquidación desde los años 50. Este proceso se aceleró con el diseño y el avance de las rutas, financiadas con préstamos externos, y los acuerdos entre partes interesadas en promover el crecimiento, liquidando entonces montes y bosques.
A partir de mapas, planos, actas de mensura e informes periciales de las fincas madres de LIPSA, esta indagación brinda elementos para descartar supuestos errados y permite reconstruir el proceso a partir del hecho de que la Marina, ocupando un terreno en el lugar denominado Ybyrapyta, se había instalado en terrenos fiscales, la denominada Zona F, que también lindaba con tierras en disputa entre LIPSA y el entonces Instituto de Bienestar Rural.
Por lo tanto, es de suponer que LIPSA otorgó un título defectuoso o espurio, ya que la finca N° 72 en parte al menos incluía tierras fiscales que a LIPSA no le pertenecían, y a las que el vicealmirante Hugo González no tenía derecho en calidad de militar. Mientras que el título de las 2.000 ha, supuestamente donadas por LIPSA a la Marina, al sur de la finca N° 72, terminó por definirse en un cuestionado juicio de usucapión.
Campos Morombi SACA tampoco hubiera podido obtener la fracción Marina Kué por usucapión si fuesen tierras del fisco. Este sería el contexto que explicaría la falta de títulos sobre Marina Kué, hoy Reserva Científica Yberá, así como también las sospechas sobre el origen de la finca N° 72, objeto de algún arreglo espurio o un desquite, que explicarían los problemas de registro y cambios de identidad o identificación de ambas fracciones. Algo que el Estado debe aclarar y subsanar.
Los impases registrados en el caso Marina Kué y las fracciones malhabidas aledañas son también el resultado de una fuerte pugna entre LIPSA y el Instituto de Bienestar Rural (IBR) a cargo de Juan Manuel “Papacito” Frutos por sobrantes de LIPSA y por excedentes fiscales. Esta pugna fue aprovechada por Blas N. Riquelme y Campos Morombi SACA, que buscaban apropiarse a como diera lugar de Marina Kué para extender sus dominios y, en la transición democrática, para blindar o legitimar un extenso latifundio, convirtiendo parte del mismo en Área Silvestre Protegida (ASP). Pero no se justifica haber expropiado parte de dicha reserva para, de ese modo, incluir a las fracciones malhabidas.
Como se analiza en los capítulos II y III, son las “desprolijidades” propias del Estado, a las que se sumaron en este caso las de LIPSA, las que explican por qué hasta la fecha y luego de una masacre que tuvo su propio proceso penal plagado de contradicciones y falsedades, y de las promesas parciales para dar solución al caso, no se ha logrado concretar nada aún en términos de tierras para las familias campesinas de Marina Kué.
O sea, no solo la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa, sino también los liquidadores de LIPSA, el IBR —hoy Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)—, la DGRP, la Escribanía Mayor del Gobierno (EMG) y el Servicio Nacional de Catastros (SNC), los que deben sincerarse y rendir cuentas de la actuación en Marina Kué y su entorno.
Hay que crear las condiciones para que la Procuraduría General de la República (PGR) revise los procedimientos previos e intervenga conforme a derecho, tanto en el caso Marina Kué como en relación a las fincas N° 258 y N° 259, tierras malhabidas que pueden ser recuperadas sin pago alguno por nulidad insanable de título, delito imprescriptible. No se trata de expropiarlas, lo que ahora se pretende para premiar por partida doble a Campos Morombi SACA e invalidar de paso al informe de la Comisión Verdad y Justicia.
La finca N° 72 y la fracción Marina Kué de al lado, hoy Reserva Científica Yberá, son también competencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que luego de las aclaraciones y las verificaciones del caso, pueden —a partir de la apertura del caso Marina Kué, desde diciembre de 2021, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— contribuir dando lugar a una “solución pacífica” e institucional para rescatar las tierras que reclaman los campesinos de Marina Kué, así como también las tierras malhabidas restantes.
Lo anterior también significa derogar leyes recientes, incluso dar lugar a mensuras judiciales y, de no lograrse acuerdos de nueva índole, juicios de nulidad de títulos que, con la información ahora disponible, deberían ser más certeros y expeditivos.
Para leer el documento completo: https://cienciasdelsur.com/2022/07/20/que-paso-tierras-de-marina-kue-llamado-destrabar-caso/
Fuente: Ciencia del Sur
