El derecho a la protección social está garantizado en diversos instrumentos internacionales y en
los marcos normativos de la mayoría de los países del mundo. A pesar de que su implementación
en América Latina lleva más de 120 años desde sus inicios, aun hoy no hay un consenso sobre el
contenido mínimo con el que debería contar una política de protección social. Desde la segunda mitad del siglo XX aumentaron los instrumentos y modalidades, lo que configuró en los países sistemas fragmentados y segmentados.
En el caso de las mujeres, se podría señalar que el factor común en todos países ha sido su exclusión
o una inclusión de baja calidad debido a los fuertes sesgos de género de la mayoría de los esquemas implementados.
Una de las características más importantes de los sistemas de protección social es la fragmentación.
En general se han conformado por un pilar que se estructura con base en la adscripción al trabajo remunerado y financiado por trabajadores y empleadores y con un pilar vinculado a la asistencia social centrado en la lucha contra la pobreza. Estos dos pilares sin vasos comunicantes, salvo en contados países, y con formas de financiamiento diferentes contribuyó a segmentar económicamente a la población.
Debido a la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, se observan brechas
importantes en el acceso a la seguridad social por la vía del trabajo; mientras que en los programas
de asistencia social ellas han entrado en su rol de madres, en muchos casos por su situación de
pobreza o vulnerabilidad económica extrema, y en condiciones que no garantizan su permanencia
durante todo su ciclo de vida.
En el financiamiento de los sistemas de protección social se combinan las contribuciones a la seguridad social con recursos derivados de otras fuentes. En la seguridad social, una parte importante de las mujeres ha logrado insertarse en igualdad de condiciones que los hombres, sobre todo aquellas que trabajan en el sector público donde se observan menos brechas en términos de segregación ocupacional y discriminación salarial que en el sector privado. Sin embargo, otra parte se integra desde ocupaciones de baja productividad o con carreras laborales interrumpidas o de jornadas menores a las de los hombres, con lo cual su aporte es menor y en el retiro se reproducen las brechas de ingresos observadas durante la trayectoria laboral.
En la asistencia social, la fuente de financiamiento principal han sido las recaudaciones de impuestos
que en América Latina tienen poca capacidad de financiar políticas de amplio alcance debido a la baja presión tributaria.
Adicionalmente, el sistema tributario presenta un alto peso de impuestos indirectos, cuenta con
innumerables privilegios al sector privado y a los sectores de ingresos más altos y pierde una parte
importante de sus recursos por la evasión y elusión. Estas condiciones se traducen en altos niveles de inequidad, ya que el mayor esfuerzo sobre los ingresos familiares termina recayendo en los mismos sectores socioeconómicos que reciben los programas asistenciales de la protección social.
Así, los sistemas de protección social tienen escaso potencial de avanzar hacia la universalización y
contribuir a la reducción de las desigualdades de género, tanto por su diseño institucional como por la forma en que se financian.
Los compromisos internacionales como CEDAW (1979), Beijing (1995), y más recientemente en el
Acuerdo para la Acción de Addis Abeba (2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
incorporan tanto los desafíos en términos de las características con que debe contar la protección social desde un enfoque de derechos como de su financiamiento no han logrado, hasta el momento, incidir en cambios estructurales en los diseños institucionales de la protección social ni en su financiamiento, lo que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos de dichos compromisos internacionales así como
de derechos establecidos internamente en cada uno de los países de la región.
Este documento tiene como objetivo presentar los principales desafíos que presenta la fiscalidad
para financiar la protección social en América Latina poniendo foco en las mujeres. El primer apartado presenta un breve marco conceptual e institucional de la protección social. El segundo apartadose presentan las características del mercado laboral y los sesgos de género que ayudan a explicar algunas brechas de género en la protección social. En el tercer apartado se describe la estructura general del financiamiento de los mecanismos de protección social y los desafíos latinoamericanos en términos de su fiscalidad.
Finalmente, se cierra el documento con un recuento de los desafíos que enfrenta la protección social para lograr una cobertura universal y contribuir a la reducción de las desigualdades de género.
