Luis Rojas
Heñói
Recientemente, sectores significativos de la sociedad, articulados en organizaciones campesinas, indígenas y urbanas, llevaron adelante una importante movilización social, denominada “Lucha Prolongada contra todas las injusticias”, consigna principal en perspectiva de unidad. Este episodio de la lucha social en Paraguay tuvo su epicentro entre el 9 y el 26 de marzo, con acciones desarrolladas en todo el país, manifestaciones y cierres de ruta en los departamentos del interior, y una significativa marcha de cierre en la capital del país.
Nada de lo ocurrido fue casualidad, ni el mes de marzo, ni los actores participantes, ni la denominación de lucha prolongada, ni la proclama “contra todas las injusticias”. Desde hace algún tiempo, marzo se ha constituido en el país en el mes de las protestas, de la ciudadanía activa, participativa, incluso rebelde e insumisa. Como presagio de ese destino agitado, la inmolación del Mariscal López y del Paraguay como nación independiente, tuvo como fecha simbólica el 1° de marzo, de aquel lejano (pero tan cercano) 1870. En 1999, marzo se graduó como el mes de la protesta y el levantamiento popular, tumbando un gobierno y al último caudillo militar. Desde inicios de la década del noventa y durante casi tres décadas, fue el mes de las marchas campesinas, de la demanda incansable de una reforma agraria real. En los últimos años, marzo fue el mes de las protestas contra los malos gobiernos, contra la corrupción y el prebendarismo, contra las crecientes desigualdades y las deterioradas, cuando no inhumanas, condiciones de vida de gran parte de la población.
En relación a los actores, la Lucha Prolongada fue convocada por una reciente articulación de organizaciones sociales, la Plenaria Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas, donde convergieron los objetivos y esfuerzos de organizaciones históricas, como la FNC, OLT, CONAMURI, MCP, ONAI, entre otras, las que vienen confrontando, desde hace años, con los diferentes gobiernos y sectores económicos que defienden el modelo agroexportador latifundista instalado en el país. El acaparamiento y la concentración de la tierra por parte de terratenientes y grupos de poder, sigue estando en la base de los conflictos sociales, e impacta negativamente en la realidad social y económica de la población, que se ve marginada o explotada por dicho modelo.
Dicha dinámica económica y social excluyente ocurre desde hace décadas, de ahí lo apropiado de la denominación de Lucha Prolongada. La estructura latifundista de tenencia de la tierra nació en la posguerra del setenta del siglo XIX, se profundizó durante todo el siglo XX, particularmente durante el stronismo y sus tierras malhabidas, pero tuvo continuidad en los años de la posdictadura hasta nuestros días. Desde aquel tiempo, el Paraguay es profundamente latifundista, solo fueron cambiando los dueños: primero se conformaron los latifundios de los Carlos Casado, La Industrial Paraguaya, Mate Larangeira, Barthe; hoy día tomaron su lugar la Secta Moon, los grupos Cartes, Favero, Zavala, Riquelme, entre otros. La lucha contra el latifundio y por la democratización del acceso a la tierra es, y seguirá siendo por un tiempo, una lucha prolongada en la que, para que sea victoriosa, deberá sumarse todo un pueblo.
En esta ocasión, la consigna se extendió contra todas las injusticias que suceden en el país, que no son pocas. Las carencias atraviesan la vida cotidiana de miles de personas: falta de tierra, trabajo, vivienda, educación, salud, ocio y esparcimiento, alimento y ambiente sanos. A todo esto se suman las dinámicas políticas dominantes, infectadas por la corrupción, el clientelismo electoral, la captura de instituciones públicas por los grupos de poder, el crecimiento de la mafia, la transa, el crimen con complicidad estatal. Y la lista no termina ahí: las dinámicas represivas implementadas por los tres poderes del Estado, el entreguismo consuetudinario de nuestros bienes comunes, nuestra soberanía y dignidad. El latrocinio del presente y la hipoteca del futuro.
El 2020 había sido un año muy difícil, por la crisis propia del país a la que se sumó la pandemia, que en conjunto generaron efectos devastadores en la salud, el empleo, el acceso a bienes y servicios básicos; el 2021 no fue mejor, las múltiples crisis siguieron su desarrollo, sin mayores visos de solución, ni de políticas sensatas para abordarlas. La inflación general del 2021 fue de 6,8%[2], la más alta en los últimos años; este indicador casi se duplica en cuanto a inflación de alimentos, donde se ubicó en 12,3%. La mayor parte de los alimentos tuvo incrementos, las carnes vacuna, avícola y porcina aumentaron por la presión que generan las exportaciones, y una menor oferta para el mercado interno; también aumentaron las frutas y hortalizas, cuyo abastecimiento viene teniendo una creciente dependencia hacia productos extranjeros; otros rubros con aumentos fueron las harinas, aceites, cereales. La prolongada sequía y las altas temperaturas golpearon fuertemente la producción, presionando aún más el aumento de precios. Los incrementos en el sector de los combustibles suman presión al alza de los precios, lo cual se proyecta como una tendencia para el 2022.
La crisis productiva se evidencia con la creciente dependencia hacia la importación de productos agrícolas básicos, tanto desde la Argentina como del Brasil. El volumen de hortalizas importadas en el 2021, de manera legal, fue de 144.448 toneladas[3], sin contar con lo que ingresó de contrabando (forma ilegal). Los frutos frescos importados fueron 78.228 toneladas, los cereales 167.240 ton, y las semillas alcanzaron 38.538 toneladas. El ingreso masivo de estos productos significa el desplazamiento de productores/as nacionales, quienes por diversos motivos, como la falta de apoyo estatal, no han podido hacer frente a las condiciones climáticas y/o del mercado. Los datos de inflación e importación de alimentos son reflejo de la crisis económica y social en desarrollo, con impactos directos en el día a día de la población.
Ofensiva terrateniente por la tierra
Luego de una relativa pausa en los conflictos por la tierra, propiciada por la cuarentena y las restricciones a la movilidad que prevalecieron durante el 2020 a causa de la pandemia, el 2021 fue el escenario del desarrollo de una nueva y agresiva ofensiva de los sectores conservadores, para ampliar su control sobre las tierras y el territorio. Una alquimia destructiva, generada por los vínculos entre terratenientes insaciables y políticos venales, ha impulsado una batería de propuestas legislativas que apuntaron a fortalecer principalmente a los grandes propietarios, incluso a los que detentan tierras ilegalmente, y a dar una vuelta de tuerca más a los mecanismos de represión hacia quienes luchan por un pedazo de tierra. Algunas de estas iniciativas fueron frenadas por las organizaciones sociales, a excepción de la ley Zavala-Riera, también conocida como “Ley de criminalización”. Entre las principales iniciativas legislativas durante esta ofensiva conservadora, se destacaron las siguientes:
DINACARE (Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos)[4]: el proyecto de creación de esta nueva institución fue impulsado fuertemente por algunos senadores, conjuntamente con gremios empresariales, pero no pudo concretarse por la oposición de diversas organizaciones sociales. El proyecto propone unificar en la DINACARE a las actuales Dirección Nacional de Registros Públicos (DNRP) y el Servicio Nacional de Catastro (SNC), e incluiría la creación de una Dirección de Regularización con atribuciones para dirimir conflictos en torno a la propiedad de la tierra. En una audiencia pública organizada por la Comisión de Reforma Agraria del Senado, la mayoría de los participantes se opuso a este proyecto, consecuentemente, un dictamen de dicha comisión, aconsejó su rechazo. El análisis del proyecto en el Senado fue postergado sin plazo.
1er intento de Modificación del Estatuto Agrario[5]: varios diputados impulsaron la modificación de varios artículos del Estatuto Agrario. Plantearon cambiar el artículo 16, de modo a habilitar a ser beneficiaria con tierras, las personas que no se dediquen directa y habitualmente a la actividad agrícola, con lo cual se ajusta el perfil a un empresario que contrata a otras personas para el trabajo agrícola. Las modificaciones de los artículos 20 y 26 buscaban la creación de lotes ganaderos en la región Oriental del país, cuando solo están permitidos en la región Occidental (Chaco), y habilita que la superficie llegue a 470 hectáreas, cuando los lotes campesinos son de hasta 10 hectáreas. Pero la modificación propuesta de mayor gravedad es la del artículo 88, que trata de los ocupantes de inmuebles rurales pertenecientes al Indert, pues plantea que aquellos ocupantes que no sean beneficiarios del Estatuto Agrario, “por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada”. Sin pudor alguno, habilita a ocupantes ilegales de tierras públicas (como las tierras malhabidas) a blanquear o regularizar tierras que no podían haber ocupado. Este proyecto había sido aprobado por diputados en diciembre de 2020, pero por la presión de diversas organizaciones sociales, fue rechazado por la Cámara de Senadores en junio, y aceptado ese rechazo por los diputados en setiembre de 2021.
Modificación del artículo 142 del Código Penal[6]: conocida como ley de criminalización, fue presentada por los senadores Enrique Riera del Partido Colorado y Fidel Zavala del Partido Patria Querida, con el objetivo de aumentar las penas carcelarias de 5 a 10 años de cárcel, para los casos de ocupación de inmueble ajeno, pasando de ser considerado un delito a un crimen. Esta propuesta tuvo un importante rechazo ciudadano, expresándose en contra organizaciones campesinas, indígenas, religiosas, entre otras. Sin embargo, la mayoría conservadora en el Congreso impuso la modificación: el 23 de setiembre fue aprobada en Senadores, pasando a Diputados que la aprobó el 29 del mismo mes. Al día siguiente, el presidente Abdo la promulgó, convirtiéndolo en la ley 6830, demostrando la importancia del tema para los grupos de poder. Un nuevo golpe contra quienes luchan por la democratización de la distribución de tierras en el país.
2do intento de Modificación del Estatuto Agrario[7]: esta iniciativa proponía la modificación del artículo 98, de modo que, si una persona fuese imputada por la fiscalía por el hecho de invasión de inmueble, automáticamente perdería el derecho a ser beneficiario de algún tipo de subsidio estatal, incluso antes de que fuera condenada. El proyecto fue rechazado en la sesión del Senado del 23 de setiembre, minutos después de que fuera aprobada la modificación del artículo 142 del Código Penal.
La intensa actividad del Congreso se complementó con la actuación de los poderes judicial y ejecutivo, que desataron una ola de violentos desalojos contra comunidades campesinas e indígenas durante el 2021. Los intereses económicos del agronegocio y los especuladores inmobiliarios, han presionado suficientemente como para que se reinicie un recrudecimiento de las políticas represivas en torno a la lucha campesina e indígena por la tierra, lo cual se tradujo en múltiples desahucios, imputaciones y detenciones. Se registraron al menos diez desalojos de asentamientos campesinos y doce de comunidades indígenas, además de otros tantos en zonas urbanas. Los violentos desalojos en muchos casos contaron con la ilegal participación de civiles armados, e incluyeron la destrucción de viviendas, cultivos, escuelas, capillas, hasta enseres personales, dejando a las personas, incluidos niños y ancianos, literalmente en la calle. Con todo esto, los sectores terratenientes se sintieron fortalecidos, mientras el miedo y desánimo cundía en las comunidades rurales.
Contraofensiva de las organizaciones sociales
Lejos de amilanarse ante los atropellos sufridos, las organizaciones campesinas e indígenas asumieron que, en esta difícil coyuntura, la mejor defensa es el ataque; antes que desmovilizarse y replegarse, era necesario retomar la iniciativa y pasar a la ofensiva. Para ello, varias organizaciones y comunidades rurales se articularon para desplegar acciones conjuntas con mayor fuerza. La más importante de ellas fue la reocupación de asentamientos y comunidades que habían sido desalojadas, por medio de la acción conjunta de las familias afectadas, organizaciones sociales y poblaciones aledañas. La primera reocupación ocurrió en el Asentamiento 29 de junio, de San Vicente Pancholo, desalojado por fuerzas policiales el 1° de diciembre, y recuperado por una numerosa masa campesina al día siguiente, bajo el liderazgo de la Federación Nacional Campesina.
Le siguió la reocupación del Asentamiento Cristo Rey, en el distrito de Guayaibí, donde unas 40 familias habían sido desalojadas el 28 de octubre, luego de 12 años de ocupación. El 21 de diciembre los habitantes del asentamiento reingresaron y se establecieron nuevamente en el asentamiento, con el apoyo de organizaciones y más de mil personas que se sumaron a su lucha. Otros procesos similares de articulación popular y reocupación se dieron, como los casos del Asentamiento María la Esperanza de Tavaí, y la comunidad indígena Hugua Po’i de Caaguazú, donde unas 70 familias habían quedado a la vera de la ruta el 18 de noviembre, y a inicios de febrero recuperaron su territorio.
En paralelo a estas acciones, como parte de la rearticulación de diversos sectores sociales en torno a la lucha por la tierra, el 10 de diciembre se realizó en Asunción, una masiva movilización por el día internacional de los derechos humanos, en la que participaron unas diez mil personas, en su mayoría de zonas rurales, quienes levantaron como principales consignas la derogación de la ley de criminalización Zavala-Riera, y el fin de la política de desalojos.
Todo esto convergió en la conformación de la mencionada Plenaria Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas, y en la organización colectiva y realización de la Lucha Prolongada, fortaleciendo la ofensiva de los sectores populares. Las primeras consigas de la movilización de marzo fueron la derogación de la ley mencionada, el fin de los desalojos y la regularización de los asentamientos, y la demanda de una política nacional para la producción. A éstas se sumaron la exigencia de destitución de la desprestigiada fiscal general, así como la recuperación de la soberanía energética en las binacionales. Finalmente, la movilización colectiva se dirigió contra todas las injusticias, entre ellas la suba del combustible, sumando a otros sectores sociales. Con la marcha multitudinaria del 26 de marzo se levantó la movilización, pasando a un cuarto intermedio donde las diferentes organizaciones trabajarán en las bases, para retornar nuevamente con más fuerza y conquistar los objetivos propuestos.
Por medio del cambio de estrategia y el ajuste de la táctica, el desánimo y miedo inicial se convirtieron en entusiasmo y esperanza. El primer tiempo defensivo dio paso a un segundo tiempo de ofensiva, de recuperación y reconquistas. La angustia dio paso a la confianza en las propias fuerzas, que articuladas a otras, con los mismos problemas y objetivos, se transforma en ola, marea, torrente de pueblo, que puede torcer el brazo opresivo del poder terrateniente y del Estado represor.
La Lucha Prolongada sigue. La que no es otra cosa que la construcción colectiva de una patria nueva, partido al que todos y todas estamos convocados/as.
[1] Publicado en la Revista Acción N° 420.
[2] Banco Central del Paraguay, Informe de inflación (IPC) Diciembre 2021, https://www.bcp.gov.py/informe-de-inflacion-mensual-i362
[3] SENAVE, Anuario Estadístico 2021.
[4] “Ficha técnica del expediente”, SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121539
[5] “Ficha técnica del expediente”, SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/116816
[6] “Ficha técnica del expediente”, SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/124186
[7] “Ficha técnica del expediente”, SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/124199
Fuente: Heñoi
