En la medida en que el trabajo de cuidados es realizado mayormente por mujeres, es urgente cuantificar la realización de trabajos reproductivos para que sean considerados en el debate público, se facilite la generación de políticas que los reconozcan, redistribuyan y remuneren, y se posibilite dotar de presupuesto a esas políticas, advirtió la economista paraguaya Verónica Serafini, durante su participación en el seminario virtual Economías feministas, una mirada a las economías del cuidado.
Durante el seminario virtual organizado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social –Latindadd, Serafini señaló que el trabajo reproductivo no remunerado corresponde al ámbito con mayor peso dentro de las economías latinoamericanas. “Las políticas de cuidados bien financiadas son una inversión para toda la sociedad, y no un gasto”. Las políticas públicas no se bastan por sí mismas, ya que necesariamente deben ir de la mano de un financiamiento “suficiente, justo y progresivo”
La economista e investigadora en Latindadd resaltó que el trabajo de cuidados es central para la reproducción social y repercute directamente en el bienestar de la población: “no considerar eso es no considerar al cuidado en las políticas públicas. Constituye un obstáculo para el ejercicio de derechos y para la reducción de las desigualdades”.
De otro lado, María Regina Duarte, presidenta del Instituto Justiça Fiscal (IJF) de Brasil, indicó que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las mujeres realizan un 76,2 % de los trabajos de cuidados no remunerados.
Duarte también indicó que la pandemia de la COVID-19 ha obligado a reconfigurar a nivel global los modos de vida de la población. Si bien los territorios se han visto afectados en grados muy distintos, el trabajo, remunerado y no remunerado, ha sido una de las áreas en las que el impacto de la crisis sanitaria se ha expresado de forma más marcada.
Las medidas biosanitarias impulsadas por los Gobiernos no solo han acarreado un proceso de digitalización de las actividades laborales, sino que, a partir del cierre de espacios proveedores de servicios de cuidados, los hogares han asumido en su mayoría de manera privada el impacto sobre la reproducción de la vida a raíz de esa reorganización.
A su turno, Georgina Muñoz, directora de la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENICC) y copresidenta de Latindadd, reiteró que la implementación de políticas feministas requiere sustantivamente de la participación social y política de las mujeres. Adicionalmente, Deicy Villarreal, economista y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), ha reivindicado que la participación de las mujeres en las organizaciones sociales de carácter solidario o cooperativista debe “representar”, a su vez, un cambio dentro de sus hogares.
Experiencias regionales y frentes comunes
El aporte fundamental de la economía feminista consiste en la visibilización del rol esencial del trabajo de cuidados en las economías de las sociedades capitalistas y la voluntad política de poner la vida en el centro. De esos esfuerzos surgen casos como el del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá (Colombia) que, de acuerdo con la investigadora Villarreal, esta es una propuesta que puede tomarse como “piloto” para movilizar estos espacios en otros lugares.
Además de la economía feminista existen planteamientos alternativos, afirma Villarreal, como el de la Economía Social y Solidaria, con el que se encuentran objetivos comunes, como el sostenimiento de la vida, y a los que debe atenderse.
“No podemos estar haciendo esfuerzos aislados, sino que hay que rescatar y reconocer que hay experiencias territoriales que ya están haciendo una tarea en campo y hay personas que están trabajando en ellas”, afirmó la investigadora. “De aquí también se pueden obtener resultados valiosos para la economía feminista”, precisó.
