Elevar la pena y modificar la categorización jurídica del hecho punible de invasión de inmueble ajeno con el objeto de transformar un delito en crimen, tal como se pretende en el Senado, es una propuesta insensata que contribuye a aumentar el descontento y la conflictividad social.
Es una acción legislativa concebida por fuera del Estado Social de Derecho que conlleva el propósito indisimulado de proteger, en muchos casos, la apropiación y usurpación de inmuebles de propiedad pública o indígena, valiéndose del discurso de la defensa de la propiedad privada para encubrir a los acaparadores de tierras que en buena ley no podrían ejercer la titularidad de los derechos que invocan, como lo hacen para oponerse a la reforma agraria o la restitución de tierras a comunidades indígenas.
La propuesta en curso, al prescindir de una consideración social sobre la cuestión agraria y promover una perspectiva criminalizadora mediante la reforma penal, más bien, se inscribe en el mismo sentido que otras, propiciada por los mismos actores que defienden los mismos intereses mezquinos y con iguales características y propósitos. Es un paquete legislativo que no sólo niega una realidad de despojo en el Paraguay, sino buscar favorecer situaciones irregulares intentando su validación a costa de la exclusión de una mayoría.
La construcción de la impunidad sobre las tierras malhabidas mediante la perversión de las leyes y la criminalización de las luchas sociales son fenómenos que históricamente han degradado y vaciado de contenido la democracia. Son el resultado más trágico de la desigualdad y del ejercicio abusivo del poder para favorecer los privilegios de un sector económico políticamente sobre representado, que actúa desconociendo la vigencia plena de los derechos humanos.
En este sentido, la Codehupy hace un llamado a la clase política para construir un camino de participación genuina de todos los sectores sociales, donde la democracia se oxigene con un diálogo en condiciones de mayor igualdad para no derivar en un régimen de imposición de unos sobre otros por simple mayoría. El Congreso tiene en la coyuntura la responsabilidad de acabar con la insensatez de propuestas legislativas como las anunciadas para reformar el código penal y el estatuto agrario, si no quiere atizar la conflictividad social y quebrar definitivamente las posibilidades de una convivencia democrática en el Paraguay.
Asunción, septiembre 8 de 2021
Coordinación de Turno: Lila Molinier, Tape’a; Ramón Corvalán, Serpaj; Eduardo Carrillo, Tedic. Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo.
