Por Jorge Rolon Luna
El presente dictamen tiene como materia de análisis la reglamentación establecida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para regular las observaciones electorales realizadas por organizaciones civiles en el proceso electoral nacional/departamental llevado a cabo en abril de 2023.
El objetivo del análisis es determinar el alcance de los derechos y prerrogativas establecidas en la reglamentación mencionada y contribuir a mejorar eventualmente ese marco normativo con vistas a futuras observaciones electorales a ser realizadas en el país.
En primer lugar es pertinente señalar que las observaciones electorales hoy día se encuentran asentadas como un componente indiscutible de las elecciones en prácticamente todos los países del mundo. Su inexistencia –por prohibición, por limitaciones que impidan una observación libre y por ende idónea- es considerada síntoma de que el proceso electoral cuya observación se impide o entorpece adolece de la necesaria transparencia e integridad para otorgar elecciones libres, limpias y justas. Como lo señala un documento de la Organización de Estados Americanos (OEA), diversos autores: “han destacado el rol que cumplen los observadores como elemento disuasivo de fraudes (Kelley 2012) y como facilitadores de buenos oficios para evitar conflictos y/o violencia post-electoral (Claes 2017). Asimismo, las Misiones de la OEA se han identificado como una ‘fuente directa, técnicamente responsable y profesional que contribuye a identificar lo bueno y lo malo de cada proceso electoral’ (Freidenberg, 2017) y que en el largo plazo, sirven como instrumento para el perfeccionamiento de la democracia (de Icaza 2018)”.
El marco jurídico internacional, además, sustenta las observaciones electorales:
“Los ciudadanos también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes o a través de su capacidad para organizarse. Esta participación se respalda garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación”.
En el caso paraguayo, las observaciones electorales se realizan desde la caída del régimen stronista (1954-1989) y la OEA realiza observaciones en Paraguay desde las elecciones municipales de 1991 y ya forman parte del “paisaje” de las elecciones en el país.