Desde Decidamos expresamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias económicas, sociales e institucionales de la crisis de Ueno Bank, que afecta a miles de familias paraguayas y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación, control y transparencia en la administración de los recursos públicos y privados. Esta crisis no puede analizarse solamente desde la estabilidad del sistema financiero. Sus consecuencias ya se sienten en la vida cotidiana de la población.
La salida de esta crisis político-financiera no puede pasar por el recorte de derechos, el debilitamiento de los servicios públicos ni el achicamiento de las ya insuficientes políticas sociales. Cuando una política pública presenta problemas de gestión, cobertura, transparencia o resultados, la respuesta debe ser corregirla, mejorarla y fortalecerla, no eliminarla.
Frente a un agravamiento de las condiciones microeconómicas que ya venían de una década atrás, la crisis financiera debe enfrentarse con un Estado más sólido que garantice políticas públicas universales y de calidad: salud, educación, trabajo, protección social deben contar con todos los recursos necesarios.
El gobierno debe garantizar que se mantengan los empleos y la capacidad adquisitiva de los ingresos. Hacemos un llamado particular a la protección de los derechos laborales de los afectados de manera directa e indirecta.
Es responsabilidad del Estado garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, proteger los salarios y las indemnizaciones que correspondan, y adoptar medidas para evitar que la crisis provoque una mayor destrucción de empleos. Asimismo, resulta imprescindible atender los efectos sobre los pequeños negocios, los trabajadores por cuenta propia y las familias que dependen de sus ingresos diarios.
Nos preocupa especialmente la situación de los fondos jubilatorios y previsionales comprometidos en esta crisis. Las jubilaciones no son recursos disponibles para asumir los costos de decisiones financieras irresponsables ni de eventuales fallas de supervisión. Constituyen el ahorro y el esfuerzo acumulado de miles de trabajadores y trabajadoras durante su vida laboral. Su protección, recuperación y adecuada administración deben ser garantizadas con absoluta transparencia, sin trasladar las consecuencias de esta crisis a los jubilados, pensionados y futuros beneficiarios del sistema previsional.
La crisis también exige recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Para ello es indispensable una investigación rigurosa, independiente y transparente que permita esclarecer las responsabilidades empresariales, financieras, administrativas y políticas que correspondan, así como garantizar la recuperación y protección de los recursos públicos comprometidos y penalizar con toda la fuerza de la ley a todos los culpables. Cero tolerancia a la impunidad.
Desde Decidamos reafirmamos que la participación activa de la sociedad civil es indispensable para fortalecer la democracia y mejorar las políticas públicas. Las organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, de mujeres y de otros sectores de la ciudadanía deben contar con información pública oportuna y con espacios efectivos de participación para ejercer el control ciudadano, monitorear la utilización de los recursos y contribuir a la evaluación y mejora de las políticas estatales.
Por la construcción de un Estado más justo, transparente y comprometido con el bienestar de toda la población.
Decidamos – Campaña por la Expresión Ciudadana
Asunción, noviembre de 2026.