Skip to main content

En tiempos de crisis, necesitamos un presupuesto que incluya a todas las personas

 

Las organizaciones y redes integrantes de la plataforma Japolí presentamos ayer un análisis del anteproyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2020.

Desde Decidamos solicitamos a las autoridades una revisión de los recortes y cambios previstos que afectarán a grupos vulnerables, como a los pequeños productores de la Agricultura Familiar Campesina. Te invitamos a conocer el análisis y propuestas aquí:  http://bit.ly/AnalisisPGN2020

Ingresos tributarios bajos y mal distribuidos, recorte a instituciones claves de garantizar servicios básicos a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad social, una salud pública con reducido presupuesto para la compra de medicamentos, niñez y adolescencia sin cobertura de servicios públicos de calidad; son algunos de los problemas que presenta el anteproyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2020, en un contexto de crisis económica.

El PGN es una herramienta fundamental que permite planificar cómo serán distribuidos los ingresos en los entes gubernamentales para cumplir con las diversas acciones y metas de gobierno.

Por su carácter público y su función específica de redistribución de los recursos para cubrir las demandas de la población y asegurar sus derechos constitucionales, las organizaciones y movimientos sociales que conforman Japolí1 analizaron el anteproyecto del PGN 2020 para llamar la atención sobre los recortes y cambios previstos que afectarán a la población y por lo tanto, requieren una revisión inmediata por parte de las autoridades.

Por primera vez desde hace más de 10 años, Paraguay entró en recesión este año. Si bien recién en octubre se confirmó técnicamente la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, esta es palpable desde el final del año pasado, así como el aumento de la pobreza y la informalidad.

Ante este escenario consideramos inaceptable el anteproyecto de PGN 2020 que recorta recursos a las instituciones a cargo de asegurar derechos a las poblaciones que sufren mayor discriminación y pobreza. Estos recortes afectan a: los Ministerios de la Niñez y Adolescencia, de la Mujer, del Hábitat y Vivienda, de Desarrollo Social, al INDERT, al INDI y al Crédito Agrícola de Habilitación, al MOPC, así como rubros sensibles de Salud y Educación. Si el Gobierno no reacciona con políticas públicas apropiadas –para fomentar el empleo y salarios dignos, la producción de bienes de consumo de calidad y accesibles, la salud y la educación− es probable que los indicadores macroeconómicos y sociales continúen bajando.