La Constitución Nacional de 1992 fue el pacto ciudadano que consagró a la democracia como forma de gobierno y al Estado Social de Derecho como eje articulador de las relaciones ciudadanas y de la ciudadanía con el Estado.
En casi tres décadas, estos principios terminaron en meros enunciados o fueron desvirtuados por intereses sectoriales corporativos y contubernios políticos.
La pandemia de la COVID-19 y la corrupción rampante lo han dejado al desnudo de manera abrupta y dramática.
Necesitamos forjar un contrato social nuevo que haga realidad la ciudadanía política, social y económica proclamada en la Constitución y asegure un futuro digno a las nuevas generaciones.
Un nuevo Modelo de Desarrollo Económico
El Paraguay no puede atarse a una inviable estructura monoproductiva centrada en la exportación de soja y carne. Si bien estos rubros cuentan con ventajas competitivas en el mercado internacional, generan una alta concentración de riqueza y consecuencias negativas sobre el medioambiente, sin crear suficiente empleo digno.
Además, el país precisa mejorar la distribución de la tierra y fortalecer las pequeñas fincas productoras de rubros alimenticios de consumo básico.
El nuevo modelo de desarrollo debe basarse en una matriz productiva diversificada y sustentable, justa, inclusiva y respetuosa del medio ambiente, y promover actividades vinculadas con las tecnologías de la comunicación y el uso de energía limpia, la agroindustria diversificada, la producción cultural y la innovación del conocimiento, que son los nuevos motores de crecimiento, empleo, sustentabilidad medioambiental y productividad para un crecimiento más abierto, inclusivo y equitativo.
La pandemia está evidenciando la relevancia de las MPYMES y la agricultura familiar en la generación de empleos, ingresos y bienes básicos.
El Estado debe garantizar la formalización del trabajo que crean, su productividad y su inserción en cadenas productivas competitivas.
Un Estado fuerte, autónomo y eficiente
El Estado sigue capturado por poderosos grupos que controlan o intervienen en las políticas públicas y por un sector contratista que -en connivencia con funcionarios públicos de alto rango y bajo protección política – por medio de prácticas corruptas se apropia de gran parte de los recursos públicos. Debemos independizar al Estado y garantizar su autonomía.
La necesaria reforma no requiere menos sino más Estado: un Estado más independiente, eficiente y distributivo.
El aparato estatal debe tener una gestión orientada a resultados, estar basado en méritos, y contemplar la incorporación de sectores históricamente excluidos.
La alta proporción de gastos corrientes sobre gastos de capital debe ser corregida radicalmente y en forma sostenida, y los groseros privilegios salariales eliminados sin demora.
Hay que erradicar la feudalización de los gobiernos locales, reemplazando la arquitectura político-administrativa actual por un sistema municipal y de gobernaciones que implemente políticas públicas equitativas, orgánicas y racionales.
Una justicia confiable y efectiva
Nada es más urgente que la reforma de la justicia, hundida en el cenagal de la sumisión política y la corrupción. Las instancias de selección, administración y control judicial están hoy pervertidas por el poder del dinero y el tráfico de influencias y nos convierten en un país inviable por la carencia total de seguridad jurídica. El futuro de la República demanda indefectiblemente el saneamiento moral del Poder Judicial.
Un sistema electoral saneado
La narco plutocracia ha terminado por secuestrar la democracia. Urge limitar drásticamente el costo de las campañas electorales y el financiamiento privado. Las empresas no deben aportar, no son ciudadanía.
A través del acceso gratuito y equitativo a los medios de comunicación, el Estado debe asegurar la igualdad de condiciones a las organizaciones políticas. Es indispensable garantizar la integridad del proceso electoral asegurando su imparcialidad y la posibilidad de recuento de votos y sancionando severa y efectivamente la compra de votos y la falsificación de actas.
Es igualmente importante la participación igualitaria de las mujeres y la representación de los pueblos indígenas.
Un sistema tributario justo
Con apenas un 10% de presión fiscal es imposible pensar en un Estado presente y eficiente. Además de contar con una de las tasas más bajas de la región, Paraguay posee uno de los sistemas tributarios más injustos: la clase media paga la misma tasa de impuesto a la renta que los sectores de altos ingresos.
El IVA afecta el 80% del ingreso de los más pobres y solo el 10% del de los más ricos. Para enfrentar la pandemia se ha recurrido a préstamos externos, sin contemplar ajustes tributarios genuinos que permitan financiar un sistema de salud y de protección del empleo adecuados.
El país requiere con urgencia un sistema tributario que recaude más con impuestos directos y progresivos, que contribuya a disminuir las desigualdades y garantice el fin no solo de la evasión, sino de injustos privilegios tributarios que existen en detrimento de la clase media, los trabajadores y las personas en situación de pobreza.
Una reforma del sistema de salud
El coronavirus dejó en evidencia la grave precariedad de nuestro sistema de salud. La lección es clara: Paraguay necesita de un sistema de salud pública, gratuita y universal que asegure a toda la ciudadanía el acceso al derecho humano fundamental que es el derecho a la vida saludable.
Una reforma de la educación, para el futuro
La educación es una variable clave para el desarrollo. Paraguay precisa una educación pública de calidad para el desarrollo y para una sociedad justa. Esto supone nuevos contenidos en el área de humanidades, capacidad de análisis crítico y mayores y mejores habilidades en el área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Su formulación no se puede tercerizar ni privatizar. Esa tarea es pública. El Estado debe multiplicar la inversión en investigación, respetando criterios científicos de selección.
Un sistema de protección social que garantice una vida digna
Es un imperativo ético asegurar a la población un ingreso que permita acceder a los bienes necesarios para una vida digna, a los niños y niñas dejar de trabajar y permanecer en la escuela, a los adultos una inserción laboral de calidad, y a toda la población una vejez digna.
El crecimiento sostenible e inclusivo exige medidas para impulsar la productividad y reducir la volatilidad económica y las inseguridades laborales. Para esto, es imprescindible avanzar en seguros de desempleo y agroclimáticos y en políticas que permitan a las mujeres desarrollar su potencial y autonomía económicas.
Un pacto de justicia social
Debemos rescatar del olvido y la negligencia a los pueblos indígenas originarios. Sus hábitats, formas de vida e instancias de autodeterminación y autogestión deben ser garantizados.
Es indispensable trazar políticas públicas que democraticen la producción y el acceso a la cultura e institucionalicen la promoción de la diversidad, el apoyo de la creación y el pensamiento, la facilitación del acceso a los bienes y servicios culturales y la preservación del patrimonio cultural.
La equidad de género es un desafío pendiente, así como el reconocimiento de la identidad de género.
Un compromiso medioambiental
Finalmente, es urgente frenar la acelerada destrucción de ecosistemas, la deforestación, la polución de ríos y lagos y la extinción de la vida silvestre. No habrá pacto social sobre tierra arrasada.
En estos tiempos difíciles, que demandan el aporte, la inteligencia, el compromiso y el protagonismo ciudadano, convocamos a debatir y exigir un nuevo contrato social.
