Myriam Yore, Marzo 2021
DECIDAMOS
Este artículo analiza la deriva autoritaria del gobierno conservador de Mario Abdo Benítez en el contexto de la grave crisis sanitaria, en el intento contener el descontento y la interpelación social creciente, exteriorizados en las manifestaciones y protestas ciudadanas acrecentadas tras el archivamiento del pedido de juicio político impulsado por la oposición parlamentaria y frenado por las bancadas coloradas en la Cámara Baja. Antes, revisa someramente la impronta autoritaria que marcó al Paraguay en el siglo pasado, cuyo legado institucional y cultural condicionó la transición y la calidad de la democracia construida en el país.
Paraguay vivió en el siglo XX tres décadas y media bajo el régimen militar autoritario más longevo del continente. El general Stroessner accedió de facto al poder en 1954 vía un golpe militar de Estado y fue derrocado por otro golpe militar en 1989.
El régimen stronista dejó una herencia institucional y sobre todo cultural de corte autoritario, que permeó la transición democrática y afectó profundamente el desarrollo del núcleo de instituciones básicas propias de una democracia representativa, participativa y pluralista, así como frenó la emergencia de nuevas prácticas políticas acordes con la institucionalidad democrática instaurada por la Constitución de 1992.
Como destaca Cerna (2020: 210),
La baja institucionalidad democrática en el país le debe mucho al legado stronista, del mismo modo que las prácticas de corrupción, el enriquecimiento ilícito o el patrimonialismo estatal que han minado la construcción de un Estado con instituciones democráticas. Al mismo tiempo, la cultura política ha estado caracterizada por fuertes rasgos autoritarios, conservadores y de intolerancia a la diversidad que han hecho muy difícil la tarea de consolidar espacios de disenso para sectores no alineados con el gobierno de turno.
Es evidente que se ha creado en amplios sectores sociales, una creciente expectativa de cambio, de reordenamiento del orden político en crisis, porque se ha modificado la lectura cultural de lo político que realiza la sociedad, o al menos, gran parte de ella.
La actual crisis política no es apenas la del descrédito y deslegitimación del gobierno, por su falta de gestión principalmente en la grave crisis sanitaria que atraviesa el país y la corrupción de su administración. Es la crisis del sistema político-social, acompañada por la decadencia de las instituciones políticas, que produce la pérdida de autoridad de los gobernantes y de las ideas en las que se sustenta el consenso social que les da legitimidad para gobernar.
Esta realidad se ha hecho más visible desde que el Partido Colorado gobernante ha cerrado filas por segunda vez, para evitar el enjuiciamiento político del presidente y del vicepresidente de la República por el Parlamento. La pérdida de legitimidad del gobierno y por extensión de las instituciones del sistema político, se ha acrecentado notablemente tras el archivamiento del pedido de juicio político por la “aplanadora colorada” en la Cámara Baja, desoyendo el clamor ciudadano e ignorando la inestabilidad política y social en la que está sumida la República.
En situaciones de crisis como la actual, cuando el control del poder del Estado está en juego, los colorados aparcan sus disidencias, y sus principales movimientos internos reviven la muletilla y escenifican una supuesta “unidad partidaria”, siempre circunstancial, para “salvar” al (des) gobierno de turno. Con lo que sostienen el statu quo de un modelo político clientelar, de saqueo sistemático de los recursos públicos y de privilegios, del que se sirven con su extendida clientela política.
Observando en retrospectiva a lo largo de la transición post dictatorial, esta ha sido la conducta del Partido Colorado. Ante cada crisis de sus sucesivos gobiernos, la dirigencia del partido hegemónico que tiene capturado al Estado paraguayo desde hace 70 años, opera con la misma lógica que lo mantiene en el poder a pesar de su crónica división faccional.
El movimiento Honor Colorado liderado por el ex presidente Horacio Cartes, que controla la estructura del Partido Colorado y las principales instituciones públicas de la República, no tiene interés, ni le conviene la destitución del mandatario en la actual coyuntura. La estrategia cartista de cara a las elecciones municipales de este año, es mantener sometido al presidente, seguir imponiéndole cambios y debilitando a su gobierno a menos del tercer año de mandato. De paso debilita a las candidaturas municipales del oficialismo.
Dentro de esta lógica de mantenimiento del poder, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue salvado del juicio político una vez más con el apoyo en bloque del Partido Colorado, aunque el rechazo a su gestión es unánime en amplios sectores ciudadanos.
Por otra parte, el nuevo salvataje del juicio político por el Parlamento al presidente y al vice presidente de la República, colocan a la democracia y al Estado de Derecho, en una situación de mayor precariedad, si cabe.
Lo que era previsible que sucediera, ya está sucediendo: por una parte, la prolongada crisis sanitaria y su agravamiento, ante la incapacidad de gestión y la corrupción del gobierno, exacerbó y expuso públicamente, todas las falencias y limitaciones del sistema político institucional creado por la Constitución de 1992.
El gobierno de Mario Abdo Benítez es, entre todos los gobiernos colorados de la transición, el más fiel tributario del stronismo. Lo que explica que la larga sombra del autoritarismo stronista se asoma con renovada fuerza a los pies de la maltrecha “democracia” paraguaya en un momento en que el gobierno perdió toda legitimidad y desnuda su carácter autoritario ejerciendo una represión desmedida sobre las manifestaciones y protestas ciudadanas que exigen su salida del poder.
La democracia y el autoritarismo se sustentan en la autoridad, pero en una autoridad diferente en uno y otro régimen. Mientras que la autoridad en una democracia garantiza la libertad, el autoritarismo es un régimen que falsifica y abusa de la autoridad, claramente se trata de una autoridad opresiva que aplasta la libertad.
En este contexto de baja institucionalidad democrática, la acelerada pérdida de legitimidad del gobierno y por extensión de las instituciones políticas, se manifiesta en la deriva autoritaria cuya expresión descarnada es el desborde y el abuso de poder sobre los ciudadanos; la restricción de sus derechos civiles y políticos más elementales; la represión policial desproporcionada sobre los manifestantes; así como la criminalización de las protestas sociales por el Ministerio Público.
Un presidente desacreditado al frente de un gobierno sin rumbo, sometido políticamente a su adversario partidario interno y a una lucha encarnizada por el poder, dentro y fuera del Partido Colorado, sumado a la presión social extendida, que exige su destitución y o renuncia al cargo, y la débil situación de los derechos fundamentales, configuran un escenario adecuado para la deriva autoritaria del sistema. La principal víctima, son los derechos humanos y las libertades públicas, garantizados constitucionalmente.
La falsa creencia que algunos tienen de que la democracia es un logro adquirido de una vez para siempre y de que, en consecuencia, todo sistema democrático se sostiene a sí mismo a lo largo del tiempo sin necesidad de una mayor precaución o vigilancia, se está demostrando en la práctica histórica como un error dramático. Al contrario, las democracias son mecanismos complejos y delicados que requieren de toda la atención y cuidado para mantenerse incólumes a lo largo del tiempo.
Es el gran riesgo de las democracias, sometidas a situaciones de crisis duradera, en particular las que son producto deforme de una herencia institucional y cultural autoritaria, que no ha sido superada durante la transición. Siempre hay oportunidad para el retorno al autoritarismo.
Paralelamente, reaparecen con fuerza los consabidos discursos legitimadores de las viejas prácticas represivas stronistas de la guerra fría. Una retórica inflamante utilizada para justificar el ejercicio sistemático del terrorismo de Estado, que encuentra “enemigos internos” que buscan “desestabilizar al gobierno” o peor aún, intentan supuestamente “quebrar el orden constitucional”. El tuit lanzado por el Ministro de Defensa, no tiene desperdicio. Como no lo tienen ciertos medios de comunicación, en particular los que pertenecen al grupo Cartes, que asumen la condición de voceros de los intereses del gobierno y de la represión. Todos estos elementos configuran un escenario adecuado en el que transcurre el abuso de poder sobre los ciudadanos.
En este contexto de graves violaciones de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, tras el archivamiento del juicio político, la deriva del (des) gobierno abdista hacia el autoritarismo más descarnado, es notoria. Como si el nuevo salvataje le diera carta blanca, solo apela a su costado autoritario para neutralizar el descontento social y “liquidar” las movilizaciones ciudadanas que no cesan.
Ante la incapacidad de dar respuestas por los canales institucionales a la interpelación social de la que es objeto, el gobierno se mantiene distante (el jefe de Estado no dialoga con la ciudadanía), pero se ceba en los derechos humanos y las libertades públicas de grupos y sectores sociales que reclaman la salida de los gobernantes. Es lo que se observa en medio de la crispación social en las últimas dos semanas.
Referencias
Cerna Villagra, S.(2020). “El conservadurismo paraguayo: un análisis del gobierno de Mario Benítez”, en: Armando Chaguaceda, Luis Duno-Gottberg (Coordinadores). La derecha como autoritarismo en el siglo XXI. Buenos Aires: CADAL
Sartori, G. (1988). Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial.
