Clara de Iturbe, Decidamos
El contexto de la pandemia ha obligado a los Estados a realizar gastos no previstos para reforzar sus sistemas de salud y protección social e implementar medidas económicas para paliar los impactos en la economía familiar. En nuestro país, esta situación nos encontró especialmente poco preparados y debemos tener en cuenta que el reducido margen de acción del gobierno responde en parte a dos factores. En primer lugar, el Estado no tiene recursos por su baja recaudación (producto del desinterés en recaudar más de los sectores que más ganan) y en segundo lugar, los años de desinversión en salud hicieron que la brecha a subsanar sea mucho más grande.
Si la pandemia fuera una carrera, Paraguay empezaría la carrera detrás del resto, con pocos recursos a mano -imaginémonos sin zapatos – y teniendo que superar baches y vallas: desafíos como la corrupción y la gestión deficiente.
Hasta ahora, ¿cómo hemos enfrentado este desafío de financiamiento? La falta de recaudaciones sólidas hizo que el Estado se viera en la necesidad de acudir a los préstamos. En lo concreto, sabemos que la Ley Nº 6524/20 de emergencia sanitaria creó un fondo de emergencia de 1.600 millones de dólares, totalmente financiado con deuda: 600 millones a 20 y 31 años de plazo, provenientes de varios préstamos de agencias multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (1) y 1.000 millones de una emisión de bonos soberanos a 11 años de plazo (2).
También sabemos que aún no se han utilizado todos los préstamos anteriores, pero ya estamos hablando de más. En este artículo repasaremos algunas razones por las que es una mala idea asumir otra deuda más; esta vez, en nombre de la reactivación económica. El Plan de reactivación económica “Ñapu’ã Paraguay” impulsado por el Ejecutivo consiste en un paquete de acciones por el valor de USD 2.500 millones destinados a inversión para el aumento de empleo y protección social. El Plan plantea un nuevo endeudamiento por USD 350 millones, para tener una idea, es un préstamo mucho mayor que lo que Paraguay recibió el año pasado por la cesión de energía al Brasil (USD 295 millones).
¡Pero necesitamos el dinero!
Con los 1.600 millones de dólares en recursos disponibles para la gestión de la crisis, no ha faltado dinero; al contrario, ha sorprendido la baja ejecución de instituciones claves como el MSPBS. Más bien, el problema parece encontrarse en la falta de capacidad de gestionar tales monumentales recursos. Los desaciertos, que fueron varios y en varios frentes, no se dieron precisamente por falta de recursos.
Por solo citar algunos: una vez suspendidas las clases, el MEC tardó semanas en definir una estrategia educativa, semanas más para entregar los kits de alimentos que correspondían a cada estudiante y al ver la dificultad de las familias con las TICs, intentó condicionar esos alimentos a la entrega de tareas. Por otro lado, vimos la indecisión y lentitud de la SEN entre entregar kits alimentarios o realizar transferencias monetarias; insumos médicos que llegan tarde y son de baja calidad; transferencias monetarias que tardaron semanas en llegar (los pagos llegaron ya durante la cuarentena inteligente y no en el momento en que eran más necesarios) con un call center que nunca atendió el teléfono; personas no alcanzadas por las políticas sociales; albergues sin presupuesto que inicialmente propiciaban el contagio entre repatriados/as; préstamos que hasta ahora no llegan a las pymes, entre otros.
Además, existe una oportunidad de financiamiento sin condicionamientos y sin generar deuda a través de los derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). De ser aprobados los USD 3 billones que solicitan los países en desarrollo, a Paraguay le corresponderían derechos equivalentes a USD 1.745 millones, sin interés (Arauz y Miranda, 2020). Paraguay debería centrar su estrategia en unir fuerzas con los países que se encuentran presionando por el voto de EEUU para aprobar la emisión de estos recursos que se emiten en circunstancias excepcionales como las que estamos atravesando.
¡Pero tenemos el nivel de deuda más bajo de la región! ¡Estamos bien!
También tenemos la presión tributaria más baja de la región. Si bien es cierto que nuestro nivel de deuda no es excesivamente alto en relación al PIB (pasó del 26% en marzo al 30% con el COVID) y a la región (45% del PIB), debemos recordar que los préstamos no son dinero “gratis”. Al contrario, al utilizarse, deben generar las condiciones para que puedan ser devueltos cuando llegue el momento, además de los intereses que deben pagarse cada año. Desde 2013 se ha tenido una política de endeudamiento acelerado que hizo que para el 2020, estemos acercándonos al tope de nuestras posibilidades de endeudamiento; es decir, en 7 años casi hemos agotado el espacio prudente de endeudamiento.
Nuestra presión tributaria, que es lo que el Estado recauda de impuestos en relación al tamaño de la economía, está estancada en torno al 9 y 10%, muy por debajo del promedio de la región (19%) (OCDE, CEPAL, CIAT, BID, 2020) y depende enormemente de impuestos indirectos como el IVA que pesan más sobre los que tienen menos. El desinterés en lograr una reforma tributaria real donde los que ganan más, paguen más y donde el Estado se vea fortalecido con más recursos hace que la idea de tener la solvencia necesaria para pagar los préstamos que estamos contrayendo sea más bien lejana.
Paraguay es muy estable macroeconómicamente; no vamos a tener una crisis de la deuda como otros países.
Conforme pasa el tiempo, vemos que las nuevas deudas contraídas se utilizan para pagar obligaciones anteriores, sin cambiar nuestra estructura tributaria (desigual y de baja recaudación) que es la base que nos permitiría pagar estos compromisos. El año pasado, bicicleteamos USD 250 millones; este año, bicicleteamos USD 304 millones (Última Hora, 27/01/2020). En este momento, USD 77 millones de los préstamos de la emergencia sanitaria se han utilizado para pagar otras deudas y este año, dos tercios (el 68%) de los préstamos no-COVID se utilizaron para el pago de deudas.
El “bicicleteo” empuja para adelante el problema real y, a la larga, hace que se acumulen más deudas e intereses, creando una bola de nieve que cada vez se vuelve más difícil de detener. Ya en 2023 tendremos que pagar los primeros bonos soberanos emitidos por el gobierno de Horacio Cartes (Zevaco, 2020), sin embargo, nuestras recaudaciones continúan estancadas en los niveles más bajos del continente (OCDE et al., 2020). Entonces, ¿cómo y en qué momento realmente pagaremos estas deudas?
Teniendo en cuenta la experiencia latinoamericana y las crisis de deuda que han sufrido otros países de la región, Paraguay debería tenerlas como ejemplo de lo que podría pasar y alejarse de esa ruta de financiamiento público que no es genuina, solidificar sus recaudaciones y hacer progresivo y justo su sistema tributario.
Pero esta es una emergencia global única en la historia.
El “a tiempos desesperados, medidas desesperadas” coexiste con una posibilidad real de que estas crisis puedan y vuelvan a repetirse en el futuro. En un mundo cada vez más globalizado, las epidemias que antes eran locales o regionales llegan más lejos, más rápido; otras amenazas como los eventos climáticos extremos producto del cambio climático serán cada vez más frecuentes e intensos; y nuestra creciente integración financiera con la economía mundial nos deja más expuestos a las crisis financieras de otros países. Hay que tener en cuenta que, una vez que acabe la pandemia, todos estos riesgos seguirán latentes, por lo cual no podemos “usar todos nuestros cartuchos” en tan poco tiempo.
El impacto mismo del COVID aún es incierto porque la epidemia se sigue desarrollando. Estamos en un escenario de incertidumbre en el que todavía no sabemos qué va a pasar y cuál será el panorama en tres meses, seis meses o un año. Otros países que ya habían controlado la situación y estaban reabriendo sus economías, se encontraron con una segunda ola de contagios que los obligó a cerrar nuevamente. Por lo tanto, nos queda al menos un año más de resistencia frente a esta amenaza y nuestras decisiones deben ser prudentes.
En el fondo, la pregunta del cómo financiar la salud pública y la protección social es y siempre ha sido una pregunta sobre qué modelo de Estado queremos.
A causa de la histórica desinversión social en el país, una pandemia como esta nos pone a prueba y exige infraestructura y un nivel de preparación que simplemente no tenemos (3). Irónicamente, tenemos una falta de “aire” porque el desafío es grande, sí, pero en mayor medida, porque nunca estuvimos preparados (4).
Las crisis desnudan nuestros déficits y falencias como país y en estos cuatro meses de pandemia las hemos visto más claramente que nunca. ¿Es justo que quienes aún no nacieron tengan que pagar por estos errores? ¿Es sostenible seguir “chutando” para adelante este problema sin ocuparnos de recaudar lo suficiente y de forma equitativa? El Estado debe apostar fuertemente a la salud y a la protección social, pero esto no será posible sin financiamiento genuino, por ende, debemos exigir justicia tributaria.
Seguir apostando al endeudamiento como una opción mágica que traslada el problema a nuestros hijos y nietos no solo es imprudente, es injusto.
1.El BIRF forma parte del Banco Mundial (BM).
2.Para conocer más sobre el fondo de emergencia, ver ¿Qué sabemos sobre la Deuda COVID-19 y cómo podemos controlar la utilización del dinero?
3.Recordemos que inclusive sin una pandemia de por medio, Paraguay debía casi triplicar su inversión en salud pública por persona solamente para llegar al promedio de la región.
4. Es más, el éxito de nuestras estrategias sanitarias se neutraliza en gran medida porque no podemos permitir que la situación escale a los niveles que ha escalado en otros países. Con las 368 camas de terapia intensiva en servicios de salud públicos que teníamos antes de la epidemia a nivel local (marzo 2020), pocos casos graves hubieran significado un desborde del sistema de salud.
Referencias
Araúz, A. y Miranda, P. (2020). América Latina necesita acceder a recursos sin generar deuda: Emisión de Derechos Especiales de Giro. Latindadd.
Blanco, G. y de Iturbe, C. (2020). Qué sabemos sobre la Deuda COVID-19 y cómo podemos controlar la utilización del dinero? Asunción: Decidamos.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2020. París: OECD Publishing.
Ley 6524/20 “Declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras». Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación.
Última Hora. (27/01/2020). El 67,5% de los bonos se destinará al bicicleteo y suenan las alarmas.
