Iniciativa de organizaciones de la región llama a los Estados a adoptar una redistribución fiscal sin precedentes y a las instituciones multilaterales a liberar espacio fiscal para evitar una crisis de derechos humanos.
Si los países de América Latina y el Caribe no realizan un esfuerzo redistributivo sin precedentes para responder a la COVID-19, pueden enfrentar una profunda crisis de derechos humanos. Así lo plantea la Iniciativa sobre Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, conformada por seis organizaciones de derechos humanos y la red de justicia fiscal de la región.
La política fiscal es una herramienta fundamental para fortalecer los sistemas de salud y enfrentar la COVID-19, tras años de debilitamiento por las llamadas “políticas de austeridad”, y para brindar garantías económicas y sociales que hagan humanamente viables las medidas de aislamiento físico y prevengan una recesión económica profunda.
La CEPAL estima que la región enfrentará la peor contracción económica de su historia, y que en ausencia de respuestas adecuadas, el número de personas por debajo de la línea de pobreza podría aumentar de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían pasar de 67,4 a 90 millones. La OIT estima que podrían perderse alrededor de 14 millones de empleos. A eso se suma que derechos como la vivienda, la educación, la seguridad social, entre otros, también serían gravemente perjudicados.
Estos efectos podrían mitigarse con la adopción de políticas fiscales redistributivas que financien elementos básicos de los Estados de Bienestar que debieron implementarse hace tiempo en la región, pero que con la pandemia y otras posibles emergencias similares en el futuro no admiten más espera. Si bien se han adoptado ya algunas medidas (con diferencias notables entre países cuya magnitud oscila desde 0,5% al 15% del PIB), se necesita una respuesta fiscal más robusta que priorice la protección de los derechos. Esto requiere una inversión sin precedentes que fortalezca los sistemas de salud, la adopción de subsidios a las pequeñas y medianas empresas para proteger el empleo y la creación de pisos de protección social basados en derechos -priorizando la adopción de una renta básica de carácter permanente-. Las medidas deben incluir también al sector informal, a las personas desempleadas y a quienes se dedican a tareas de cuidado, y tener en cuenta impactos diferenciales de género, étnico-raciales e interseccionales.
También deben adoptarse medidas complementarias para proteger otros derechos cuya vulneración puede agravarse en este contexto, como es el caso del derecho a la vivienda o a la alimentación, mediante subsidios para pago de servicios públicos domiciliarios, alivio de créditos y obligaciones, suspensión de desalojos y transferencias en especie. Las medidas deben diseñarse e implementarse considerando la situación de grupos específicos (como las mujeres, quienes son expuestas a mayores riesgos de violencia de género) y de poblaciones en situación de desventaja (personas mayores, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, personas transgénero, migrantes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, entre otros).
Es crucial que estas medidas sean consistentes con el marco de derechos humanos y las obligaciones constitucionales de los Estados. Dado el impacto desigual sobre distintos grupos poblacionales, y las fuertes restricciones en los ingresos de los sectores más afectados, la financiación de estas medidas debería provenir de las siguientes fuentes:
- Impuestos a la riqueza e impuestos corporativos a sectores en auge (como a la economía digital, a aseguradoras y farmacéuticas con ganancias extraordinarias y al sector financiero en general).
- Suspensión de beneficios tributarios innecesarios que no hayan entrado en vigor y reasignación de gastos en los presupuestos (por ejemplo, del gasto militar y otros sectores menos prioritarios de acuerdo a la realidad de cada país a otros como salud y seguridad social).
- Financiamiento coordinado con los gobiernos por parte de los bancos centrales con respaldo en realización de reformas tributarias futuras que eliminen privilegios fiscales, corrijan las fallas en el recaudo y fortalezcan la progresividad del sistema impositivo, particularmente de impuestos a la renta y al patrimonio.
- Acciones coordinadas frente a la comunidad internacional para ampliar el espacio fiscal, incluyendo la reestructuración o cancelación de la deuda externa, la emisión de Derechos Especiales de Giro por parte del FMI, el direccionamiento de recursos de bancos de financiamiento hacia el sector salud y el fortalecimiento de la cooperación fiscal, tributaria y financiera en la región.
- Políticas efectivas contra la evasión y la elusión fiscal para recuperar recursos que hoy son más necesarios que nunca, y abstenerse de conceder beneficios de cualquier clase a corporaciones que incumplan sus obligaciones tributarias y/o que tengan domicilio en paraísos fiscales. Los países latinoamericanos deben considerar asumir una posición en bloque en negociaciones internacionales en temas tributarios para ponerle fin a la carrera a la baja en impuestos corporativos.
- El rediseño de reglas fiscales restrictivas mediante cláusulas de escape y de priorización de los gastos para atender la emergencia.
- El uso acotado de reservas internacionales como medida de última instancia, particularmente en economías dolarizadas.
Frente al falso dilema entre salvar la vida y salvar la economía la Iniciativa sobre Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal plantea que la crisis de derechos humanos no se evita si se flexibilizan algunas medidas para reactivar la economía, y menos si se hace de forma apresurada sin que existan las condiciones apropiadas, como se viene reclamando en algunos países. La posibilidad de proteger derechos depende de emprender una protección social más profunda y estructural, financiada a partir de reformas progresivas de los sistemas tributarios, que dejen atrás las visiones ortodoxas y los dogmas fiscales que han agravado las condiciones con que la región llega para enfrentar esta crisis. Ninguna persona debería verse privada de condiciones dignas de vida mientras las medidas de contención deban continuar, ni tampoco cuando estas hayan cesado. Los derechos económicos y sociales deben servir como un dispositivo eficaz para cuestionar el nudo central de la reproducción de la injusticia: las formas de apropiación y distribución desigual de la riqueza.
Por todo ello, las organizaciones integrantes de la Iniciativa llaman a los Estados de la región a usar los estándares de derechos humanos como fundamento de sus intervenciones frente a la pandemia, y a las instituciones financieras internacionales y regionales y otros actores económicos -como los acreedores públicos y privados- a adoptar medidas inmediatas que permitan ampliar el espacio fiscal de los Estados latinoamericanos para enfrentar esta emergencia y lograr una recuperación transformadora que reduzca la vulnerabilidad externa y permita construir economías más sostenibles y solidarias. También llama a los organismos de protección de derechos humanos a monitorear el financiamiento y el uso de los recursos que se destinen para este efecto.
Invitamos, igualmente, a otras organizaciones y movimientos sociales de la región a sumarse al propósito de avanzar hacia políticas fiscales que garanticen los derechos y reduzcan las desigualdades que esta crisis ha hecho aún más visibles.
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Center for Economic and Social Rights; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Fundar (Centro de Análisis e Investigación); Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC); Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Fuente: Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal.
