UNAS ELECCIONES INCIERTAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA Y HARTAZGO CIUDADANO
Myriam Yore
Decidamos
El proceso político de las elecciones municipales 2021 está en marcha. Los comicios que se avecinan, despejan un calendario sin citas electorales durante casi dos años en el país. El 20 de junio, se llevarán a cabo las internas simultáneas de los partidos y movimientos políticos para elegir candidatos y candidatas municipales a concejal y a intendente y el 10 de octubre, las elecciones municipales a nivel nacional. Estas representarán, sin duda, el termómetro para las elecciones generales de 2023.
Dos factores hacen la diferencia entre estas elecciones y los últimos comicios municipales llevados a cabo en el año 2015 (y más ampliamente, entre este proceso electoral y todos los procesos políticos electorales anteriores, desde el año 1989.
El primero. Estas serán unas elecciones postergadas, que en principio debían llevarse a cabo el año pasado, habiéndose prorrogado los mandatos de las autoridades municipales electas para el periodo 2015-2020. Serán asimismo unas elecciones inciertas en un contexto complejo de incertidumbre, caracterizado por una crisis generalizada sanitaria, económica y social sin precedentes, agravada por los efectos de las restricciones impuestas por la pandemia que vive el país (como todo el mundo) desde hace un año, y donde la participación puede jugar un papel fundamental.
¿Cuánto puede incidir en la participación de la ciudadanía un escenario marcado por restricciones, precariedades y mucho temor, ante la tendencia al aumento del número de infectados y fallecidos por la covid-19 y un sistema de salud deficitario? Comparativamente, en las municipales de 2015, en un contexto sin pandemia, la participación fue del 56,55% (https://tsje.gov.py/resultados-2015.html). Se desconoce si existen sondeos que estén proyectando qué porcentaje de participación podría darse en el actual escenario.
Principalmente, el nivel de participación va a jugar un papel fundamental para testar el estado de ánimo de la gente, el humor social, el hartazgo hacia la clase gobernante y sus abusos de poder sobre los ciudadanos y sobre los recursos públicos que llegaron al paroxismo con las restricciones a los derechos ciudadanos y los escandalosos casos de corrupción impunes en las esferas estatales; y, especialmente ante la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas en general y de los gobiernos municipales en particular, caracterizados históricamente por su ineficiencia, su corrupción rampante y su falta de rendición de cuentas e impunidad.
De todos modos, en este escenario altamente vulnerable por la pandemia, el proceso electoral municipal se aceleró en las últimas semanas, con el movimiento de las diversas maquinarias electorales, del oficialismo y de la oposición y la inscripción de precandidaturas a la intendencia y a concejalías municipales. A cuatro meses de las internas partidarias para elegir candidatos municipales, el clima de guerra y confrontación entre movimientos y facciones de los dos partidos tradicionales, la ANR y el PLRA, actores centrales de la disputa electoral, se refuerza diariamente.
Los colorados, con una unidad de fachada entre los dos movimientos principales del partido: Añeteté, que lidera el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes y la articulación de un falso movimiento unificado “Concordia Colorada”, que buscó consensuar candidaturas municipales en todo el país, pero generó más discordias que consensos con la imposición de candidaturas y el descontento de los desplazados. Los colorados se debaten en una interna feroz, sobre todo en plazas tan apetecibles como Asunción, donde detrás de los candidatos a la intendencia de uno y otro movimiento, se disputa el liderazgo del presidente Abdo y el del expresidente Cartes.
Los liberales, en lo suyo, como es tradicional en los momentos electorales, la crónica división sectaria entre movimientos internos se agudiza y se multiplica. Y hoy se observa un ejercicio de canibalismo político entre los dos principales movimientos internos, el liderado por el presidente del partido Efraín Alegre (en este momento con prisión preventiva) y el Equipo Joven, liderado por el senador Blas Llano. En el medio de la disputa, varios movimientos y candidaturas más o menos independientes, que intentan aglutinar fuerzas y comprometer votos, para competir con candidaturas propias con los movimientos hegemónicos del partido.
Ambos partidos son los actores principales que conforman el modelo bipartidista y la estructura clientelar imperante en el país, concentrando en conjunto algo así como el 80% de votantes duros. El 20% o quizás 30% de votantes está constituido por los descontentos de los partidos tradicionales, como releva un estudio sobre las elecciones municipales de 2015 (ICSO, 2015: 9) y por esa franja de independientes que siempre existió y se fue ensanchando durante la transición, en particular en los centros urbanos más importantes, como Asunción, Ciudad del Este (Alto Paraná) o Encarnación (Itapúa).
REFORMAS ELECTORALES A PRUEBA
El segundo. En estas elecciones, se pondrá a prueba no sólo el nuevo sistema de desbloqueo de listas (o voto preferencial), sino además, la implementación de la Ley 6501/2020, que introdujo modificaciones a la Ley de Financiamiento Político1 y amplió a las internas partidarias la exigencia de presentación de rendiciones de cuenta de los ingresos y gastos de campaña, y la declaración de interés económico vinculado2. La reglamentación considera el nuevo sistema de desbloqueo de listas, por lo que las rendiciones serán de cada movimiento interno y sus candidatos.
En cuanto al sistema de desbloqueo de listas, que permitirá al elector escoger los/as candidato/as de su preferencia, dentro de las listas presentadas por los partidos, movimientos y/o alianzas electorales, persiste la duda razonable y está por verse, si es la fórmula que va a “democratizar” efectivamente las internas partidarias –y el sistema electoral paraguayo- y a mejorar la calidad de la representación política que emerja de ellas.
La bajísima calidad de la democracia electoral en el Paraguay está en directa relación no sólo a procesos electorales cada vez más sospechados de fraudulentos, sino también, a la escasa o ninguna legitimidad de quienes surgen como representantes de la ciudadanía, de los diversos procesos de definición del poder público a nivel partidario y local, en el caso de las elecciones municipales.
En cuanto al aspecto de los controles que se aplicarán en las internas partidarias simultáneas de junio, con miras a las próximas municipales de octubre, sin duda, es esencial para la transparencia y limpieza, la competitividad en igualdad de condiciones y recursos y legitimidad de la representación que emerja de estos comicios, dada la experiencia en los distintos procesos electorales del pasado. En este sentido, el estudio citado sobre las elecciones municipales 2015 reveló la gran influencia del narcotráfico en los procesos políticos, en particular su impacto en el proceso municipal 2015 (ICSO, 2015).
El avance del narcotráfico en los últimos años, especialmente en ciertos medios rurales empobrecidos y con una precaria institucionalidad estatal, lo ha convertido en factor determinante de “nuevas modalidades de relaciones políticas y de ejercicio del poder” (ICSO, 2015: 7), a partir de la participación activa de sus agentes en la política distrital y, en definitiva, en la subordinación de la política local por la vía del financiamiento ilegal de candidaturas y partidos, con graves consecuencias previsibles no sólo para la vigencia del sistema democrático -por la distorsión de la voluntad popular que ello implica- sino para la vigencia misma de la legalidad y control estatal de amplios sectores y territorios.
La implementación de la ley de financiamiento político, que fue promulgada a inicios del pasado año tiene como principal objetivo atacar la narcopolítica. En este sentido, un punto central será el control de los donantes que se realizará antes, durante y después de las elecciones para evitar el dinero sucio proveniente del narcotráfico y lavado de dinero. La supervisión natural está a cargo del TSJE.
Como proyección. De aquí a junio, observaremos la dinámica electoral en torno a la intensificación de las campañas electorales, la interacción de los diversos jugadores en competencia. La renovación de promesas huecas o de proyectos viables, la “asistencia social” a los sectores vulnerables en plena pandemia, entre otros aspectos del proceso.
Referencias
ICSO/Paraguay/Heinrich Böll Stiftung (2016). Elecciones Municipales 2015. Antecedentes y perspectivas. Ediciones y Arte S.A: Asunción.
TSJE. Resultados electorales 2015, en: https://tsje.gov.py/resultados-2015.html.
1 Ley Nº 6501 / MODIFICA LA LEY N° 4743/2012 “QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO, QUE FUERA MODIFICADO POR LEY N° 6167/2018 Y MODIFICA LA LEY N° 834/1996 QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO. En https://bit.ly/3dqHMF5
2 Art. 1° De la Ley 6501/20. Donde se informa la participación o vinculación que se tiene con alguna empresa, sociedad o asociación, especificando la vinculación o representación poseída, sin necesidad de establecer cantidad de acciones, bienes o montos.
Fotos: Archivo Decidamos