La implosión de la política y el fracaso de la gestión presidencial
Por Myriam Yore
El presente artículo analiza la crisis política y de gobierno, desde la perspectiva de la cuasi desarticulación del gabinete y de la presidencia, ambos espacios de poder diferenciados pero articulados, bajo la dirección del Presidente de la República. En primer lugar, describe el detonante último de la crisis gubernamental. A continuación, revisa algunos elementos estructurales que trascienden la crisis sanitaria y la explican. Pero sobre todo, explican el fracaso de la administración de Mario Abdo Benítez.
Colapso sanitario y corrupción
La crisis política en que está sumergido el gobierno, es de gestión deficiente y de corrupción generalizada en la administración pública. No solo en el sistema de salud colapsado (las cifras oficiales del MSPBS dan cuenta de 174.013 casos confirmados de personas infectadas, 3.387 fallecidos y 144.144 recuperados 1); también en el sistema educativo precarizado que, en modo virtual, ha dejado fuera de la educación a miles de estudiantes desde el año pasado. Esto es lo más visible en la coyuntura. Pero la crisis es generalizada en todos los otros ámbitos.
La pandemia del COVID-19, con su impacto de restricciones, pérdidas en derechos, libertades y bienestar e incertidumbres para los ciudadanos, solo agudizó y puso en foco las ineficiencias y la corrupción galopante en el gobierno y prácticamente en todas las instituciones del Estado. Y le tocó al gobierno de Abdo, hasta ahora el más inepto de cuantos malos gobiernos se han sucedido desde 1989, a lo largo del proceso de transición.
El detonante del estallido de la protesta social en las calles desde el 5 de marzo, fue el agravamiento de la crisis del sistema de salud pública y la queja generalizada por la falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos, para el tratamiento de enfermos por COVID-19, en terapia intensiva.
En este escenario de escasez en los hospitales públicos y de espera eterna por la llegada de vacunas para toda la población; la corrupción rampante que opera en las estructuras del sistema de salud pública, atravesada por intereses corporativos y políticos, desveló su faceta más descarnada e inhumana, con la aparición de un mercado negro de medicamentos, o robados al Instituto de Previsión Social (IPS) o traídos de contrabando, para la venta a precios exorbitantes a familiares desesperados de enfermos internados en terapia intensiva. Fue el detonante que terminó por exasperar el caldeado ánimo de la población y por diluir la poca legitimidad social que le quedaba al gobierno.
Reacción tardía y cambios insuficientes
Desde la renuncia forzada del ministro de Salud, Julio Mazzoleni2, al día siguiente que el Senado emitiera una Resolución solicitando su dimisión y la de todo su equipo a cargo, la reacción del gobierno siempre fue tardía, lenta e insuficiente. Cualquier parecido con un voto de censura al Ministro y a su equipo no es casual. Y por supuesto, esta decisión de Abdo, no desactivó las manifestaciones.
El mandatario parece comprender, siempre tarde y a medias, que procesar la crisis generalizada, sanitaria, económica, social e institucional en que está el país, depende de un giro de timón real en el conjunto de su administración. No solo en Salud.
En este contexto anunció remociones en su gobierno, e hizo cambios urgentes en la Presidencia (Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil), en su Gabinete (Eduardo Petta, ministro de Educación) y en una Secretaría Ejecutiva elevada al rango de Ministerio (Nilda Romero, ministra de la Mujer), compelido por el estallido de la crisis social, y ante la amenaza de juicio político por parte de sectores de la oposición, que reavivó el fantasma del contra el mandatario y el vicepresidente.
La implosión de la política y la falta de legitimidad social
Sin embargo, esto no aplacó la ira social, expresada en las movilizaciones que se han venido dando desde el viernes 5, en Asunción y en otras capitales departamentales como Ciudad del Este y Encarnación. Miles de ciudadanos autoconvocados por las redes califican de insuficientes los cambios y exigen la salida del presidente y del vicepresidente de sus cargos y el fin de la escandalosa corrupción que campea en el gobierno.
Se suceden las protestas, sentatas y escraches en las inmediaciones del Congreso, frente a la ANR, en inmediaciones de Mburuvicha Roga, frente a la residencia del ex presidente Horacio Cartes y frente al Ministerio Público, entre otras instituciones públicas. Los autoconvocados exigen “que se vayan todos”. La conocida expresión revela que el cuestionamiento de fondo es a la clase política, a la que se interpela por la severa crisis sanitaria, social y económica en pleno pico de la pandemia, que no fue atendida suficientemente por las autoridades.
En este contexto, aunque el foco de la interpelación social está puesto sobre el Poder Ejecutivo y en particular sobre el Presidente, lo que es lógico, porque vivimos en un régimen político presidencialista, en el cual el responsable político de las decisiones y acciones del gobierno en todos los ámbitos, es el Presidente de la República; sin embargo, todo el sistema político institucional está involucrado y tiene responsabilidades concretas en el proceso político gubernamental.
La referencia es a los otros poderes estatales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial; así como a los órganos constitucionales extra poder de control (Contraloría General de la República) y a los que representan a la sociedad (Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, entre otros).
Elementos para comprender la crisis del gobierno
Los estudios presidenciales en América Latina abordan generalmente, entre otras líneas de investigación: el estilo de liderazgo presidencial y las estrategias empleadas por el presidente para aumentar sus recursos de poder; la constitución y dinámica del gabinete; la presidencia y la integración del entorno presidencial más inmediato del Jefe de Gobierno y de Estado; así como las redes de asesoramiento del presidente.
Estos estudios, si bien se encuentran en una etapa temprana, aportan y contribuyen a la comprensión de la organización, el proceso de toma de decisiones y el funcionamiento de la presidencia y del gobierno en los presidencialismos.
Más allá de la actual crisis política y sus detonantes coyunturales, que pone en jaque nuevamente al gobierno, tomamos algunos ejes de análisis que se desprenden de estos estudios, para interpretar el fracaso de la gestión presidencial de Mario Abdo Benítez, a mediados de su mandato. En ese sentido, es posible observar empíricamente una serie de factores políticos, institucionales y personales, que han lastrado la administración gubernativa del mandatario desde su mismo acceso al poder.
Sin pretensión de exhaustividad se mencionan algunas de esas claves:
El regreso del Partido Colorado más tradicional, conservador, clientelista y prebendario. Mario Abdo Benítez inauguró en agosto de 2018 el séptimo gobierno colorado de la post dictadura, luego del gobierno tecnocrático proempresarial de Horacio Cartes (2013-2018), un outsider que no logró enmendar la Constitución para reelegirse. Con Marito volvió el Partido Colorado en su vertiente política más tradicional, con todas las prácticas corruptas y vicios de 70 años en el poder de la República.
Legitimidad electoral de origen, en cuestión. Su triunfo electoral fue por mayoría simple y escaso margen, con sospecha y denuncia de fraude. El 22 de abril de 2018, Abdo Benítez fue electo presidente del Paraguay con el 46,44 % de los votos, frente al 42,74 % de Efraín Alegre, líder de la alianza opositora Ganar. En consecuencia, se trata de un presidente escasamente legitimado desde su acceso al poder.
Liderazgo débil. Desde inicios de su gestión, se reveló su principal problema: una ausencia notoria de liderazgo y de aptitud y competencia para el ejercicio del cargo, que se disfrazaba con el discurso de un “liderazgo democrático” que “respetaba” la decisión libre de los miembros de su movimiento Añeteté, que se fue raleando y de sus aliados parlamentarios, que lo fueron abandonando. Lo cierto es que nunca proyectó la imagen de un líder firme y seguro y se rodeó de un entorno inepto y corrupto desde el principio, con algunas excepciones.
Integración inadecuada e inestable de su gabinete. El criterio de conformación de su gabinete fue desde el inicio, el del cuoteo político, para pagar lealtades y compromisos de campaña. En un año de mandato, sin una agenda clara de gobierno, su gestión se reveló mediocre, en consonancia con un equipo de gobierno discreto. La alta rotación en su gabinete y en el mismo entorno presidencial, no mejoró la calidad ni la eficiencia de la gestión de gobierno. Los cambios y rotaciones que realiza por presión en la actual crisis, siguen el mismo patrón: se nombran para cargos relevantes a personas inadecuadas, de trayectoria desconocida.
Evaluación negativa antes de cumplir un año. Comparativamente con la gestión de los tres gobiernos anteriores (Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Horacio Cartes) es el primer gobierno que comienza mal y tiene una evaluación negativa de su desempeño en casi todas las áreas, antes de cumplir un año.
Primera crisis de gobierno. A semanas de cumplir un año de gestión, el gobierno sufre su primera gran crisis política por una decisión y acción gubernamental (firma Acta Bilateral con Brasil sobre Itaipu) que afecta gravemente los intereses del país y compromete su soberanía energética en la Binacional, de cara a la renegociación del Tratado en 2023. Y llega al 15 de agosto en una situación de descalabro del Gobierno y de inestabilidad política instalada.
Responsabilidad política del mandatario. Como en toda República Presidencial, el Presidente es el Jefe de Estado y de Gobierno. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República (art. 226 CN). Al ser un cargo unipersonal, implica que la responsabilidad política ineludible e indelegable por las acciones, decisiones u omisiones que toma el gobierno en cualquier ámbito, recae en última instancia en el Presidente.
Mengua de la autoridad del Presidente. Tanto la firma del cuestionado acuerdo bilateral como la gestión de la crisis política que desató, ratificó la imagen de un liderazgo endeble y su ineptitud e incompetencia para el cargo. Ningún presidente de la transición ha tenido una mengua de autoridad importante tan temprana y aceleradamente como Abdo Benítez. A partir de ese momento quedó en evidencia la debilidad política del presidente para enfrentar los retos siguientes de su mandato.
Rehén de la disidencia colorada. Al ser “salvado” de un juicio político, Abdo Benítez quedó en la incómoda posición de ser rehén de la disidencia colorada a su gobierno, Honor Colorado, liderado por el expresidente Cartes. La autoridad presidencial logró sobrevivir al juicio político y mantenerse en el cargo, pero quedó profundamente menguada y desacreditada ante la opinión pública. Se instaló la certidumbre de que ha perdido la dirección de su gobierno, o al menos, está fuertemente condicionada y que se mantendrá, por el resto del mandato, dependiendo del apoyo legislativo y de la “unidad” colorada pactada. La figura es la de un poder bicéfalo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál será el rumbo por el resto del mandato?
Escenario político actual. Como en 2019, la disidencia colorada cartista tiene el control de la situación y de la suerte del gobierno. Todo apunta a que la crisis política tomará el rumbo que decida Horacio Cartes. En un clima enardecido por la protesta social que no cede en las calles, donde miles de manifestantes exigen la salida del presidente y del vicepresidente de la República; y el anuncio de juicio político por parte de diputados liberales cobra fuerza, Honor Colorado tiene en sus manos los votos en el Parlamento y por ende, la decisión final.
El cartismo mantiene un doble y confuso discurso de supuesta condena de la mala administración del gobierno, mientras sus referentes principales anuncian que no apoyan un juicio político al mandatario, pero contradictoriamente, sostienen que aguardan el libelo acusatorio que anunciaron las bancadas liberales de Diputados. Al mismo tiempo que exigen que Abdo profundice los cambios y presionan por más remociones en el gabinete y otras instituciones dependientes del Ejecutivo.
El gobierno en su peor momento. El Presidente de la República perdió el control y el rumbo de su gobierno. Como Jefe del Poder Ejecutivo, está sometido al chantaje y a la extorsión descarnada del cartismo; no tiene la libertad de decidir autónomamente la recomposición de su gabinete, en el ámbito del Gobierno, ni de su entorno presidencial en el ámbito de la Presidencia; ni de otros altos cargos dependientes del Poder Ejecutivo. Y los nombramientos que hace a cuentagotas no satisfacen a nadie.
El gobierno en su peor momento. El Presidente de la República perdió el control y el rumbo de su gobierno. Como Jefe del Poder Ejecutivo, está sometido al chantaje y a la extorsión descarnada del cartismo; no tiene la libertad de decidir autónomamente la recomposición de su gabinete, en el ámbito del Gobierno, ni de su entorno presidencial en el ámbito de la Presidencia; ni de otros altos cargos dependientes del Poder Ejecutivo. Y los nombramientos que hace a cuentagotas no satisfacen a nadie.
Como Presidente de la República, con potestad para conformar las estructuras institucionales de la presidencia y articular las redes de asesoramiento directo al Presidente, nombrando por sí y ante sí, a sus hombres de confianza, con los que toma habitualmente las decisiones más importantes; sin embargo, se vio obligado -por presión del cartismo- a destituir al Jefe del Gabinete Civil, nada menos que el principal organismo de la Presidencia, de apoyo y asesoramiento técnico-político al Presidente, así como al Ministro de Educación, con independencia de las acusaciones de mala gestión y/o corrupción que pesaban sobre dichos funcionarios.
Lo que denota una Presidencia estructuralmente debilitada, donde el Jefe del Poder Ejecutivo y Administrador del Estado, aparentemente ha perdido toda autoridad y menguado aún más su liderazgo, sujeto como está a presiones políticas extraordinarias de la disidencia, situación que lo incapacita para llevar adelante su agenda gubernamental.
Es el juego perverso de siempre. Mientras el país se hunde, las principales facciones del Partido Colorado hegemónico, en sus dos facetas, ejerciendo de gobierno y oposición, están en una feroz lucha por el control del poder en el gobierno, en un año electoral clave en que juegan a posicionarse en todos los municipios del país, de cara a las presidenciales de 2023.
(1) A la fecha del 11 de marzo.
(2) Renuncia el día viernes 5 de marzo, por la mañana.
Fotografías: DW, Última Hora